Por allá del año 2003, el gobierno estatal de Querétaro creó la primera Secretaria de Seguridad Ciudadana a nivel local en el país, con lo que inició una serie de transformaciones institucionales y de capacidades en las entidades encargadas de brindar seguridad a la población. El cambio nominal se ha estado dando desde aquel tiempo y ha hecho presencia en distintos municipios y otros gobiernos estatales, incluyendo a nivel federal donde actualmente contamos con una Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Pero el cambió es de fondo.

La seguridad ciudadana va más allá del andamiaje estructural que el Estado crea y sostiene para garantizar la paz dentro de su territorio y los elementos punitivos para sancionar a quienes infringen la ley. La seguridad ciudadana pone en el centro a las personas y va “de una seguridad a través del armamentismo, a una seguridad sustentada en el desarrollo humano” (PNUD, 1993). Esto ha llevado a las instituciones que asumen esta concepción a incluir todos los ámbitos que favorecen o limitan el desarrollo de los individuos en los planteamientos de atención de la función de seguridad.

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo menciona en su Informe Regional de Desarrollo Humano 2014 “Seguridad Ciudadana con rostro humano: diagnóstico y propuestas para América Latina” que la seguridad ciudadana debe ser el resultado de una acción integral que vaya más allá de reducir la incidencia delictiva y la violencia, pues su principal objetivo es mejorar la calidad de vida, promover la convivencia y la acción comunitaria bajo esquemas de justicia y paz. Instituciones fuertes y reglas de convivencia determinadas en los principios de igualdad y respeto son necesarias bajo esta perspectiva.

El mismo documento sintetiza en tres ideas centrales lo que debería ser la seguridad ciudadana y su repercusión en el entorno. Primero, no hay desarrollo humano sin seguridad ciudadana y viceversa. La plenitud de cada individuo en cuanto a la posibilidad de ejercer todas sus libertades permea en su capacidad para influir de manera positiva en su comunidad, en caso contrario, con libertades restringidas por la presencia de la delincuencia o por no tener acceso a condiciones que permitan su plenitud, se delimita su participación y esto contribuye a la fragmentación social.

Segunda idea. La seguridad ciudadana vista como bien público y responsabilidad estatal. Siendo la seguridad un bien público entonces debe estar al acceso de todas las personas sin distingo, por lo que su tutela, aseguramiento y vigilancia es una tarea del Estado. Aquí, el texto recupera el pensamiento Weberiano sobre la facultad legítima y exclusiva del uso de la violencia (la fuerza) por parte del Estado, bajo la posición de autoridad y de respeto de la ley misma. Pero en la realidad la violencia y la fuerza son usadas por grupos con intereses propios con afán de protegerse a sí mismos o para ejercerla sobre otros, por lo que el papel de la autoridad es indispensable para garantizar el Estado de Derecho.

Rescato un planteamiento que me parece sumamente importante: “… la provisión de seguridad ciudadana debe aspirar a enfrentar el delito y la violencia sin reproducir o aumentar el uso de la violencia”. Reflexionemos. Sería difícil recordar cuantas veces hemos escuchado en los discursos todo lo contrario a este postulado. La prevención, la apertura de espacios de participación ciudadana y el fortalecimiento de las instituciones son bajo este enfoque esenciales. Las accione son pueden ser más verticales, deben ser incluyentes.

Tercera y última idea. El involucramiento de las y los ciudadanos. Cada día existe más apertura en distintos niveles de decisión para el involucramiento ciudadano pues las políticas y programas públicos adquieren tal carácter al producirse en contextos de consenso. La ciudadanía activa responde a elementos de identidad con nuestro entorno donde se reconocen libertades y deberes, pero también responsabilidades. Que la violencia nos sea normal responde también a la capacidad de los miembros de una comunidad por respetar los derechos y las libertades de los demás. Por ello es apremiante el involucramiento y colaboración de la sociedad civil organizada en múltiples sectores de la vida pública.

Estas tres ideas nos llevan a entender a la seguridad ciudadana como un elemento favorecedor del desarrollo humano, que, aunque mandato de la autoridad, no es posible alcanzarla sin la participación y compromiso colectivo. Hay mucho por hacer, pero múltiples esfuerzos hacen que ya llevemos camino avanzado.

Por @IvanJuarezJPue director de Comunicación del @ccsjpuebla