«Si no hubiera una clase marginada,

sería necesario inventarla.

En rigor, ha sido inventada

en el momento oportuno».

Zygmunt Bauman

Estos días del pasado mes de octubre de 2020, se aprobó la reforma fiscal propuesta por el ejecutivo federal y presentada en el Congreso de la Unión. Se estableció una diversidad de reformas fiscales sustentadas, principalmente, en darle aún más facultades a las autoridades fiscales y —aunque parezca inaudito— dirigidas a las autoridades que se encuentran en lo inferior de la jerarquía burocrática; lo cual es muy peligroso, porque es una fuente interminable de aquellos que la presidencia sostuvo que iba a combatir, es decir, de corrupción. Como si no se supiera que los servidores públicos de las categorías inferiores son los que incitan a la corrupción (léanse policías, agentes de tránsito, inspectores, notificadores, etc.); es algo que sabe cualquier ciudadano de pie que ha vivido experiencias con este tipo de funcionarios; pero quizá no lo sepan los ciudadanos que siempre han vivido del lado del sistema, el cual siempre los cobija.

En caso de dar más facultades a los servidores públicos de menor categoría, no se acabará la corrupción: a lo que estaba, por lo menos, apelando y tomando como bandera de cambio o de transformación. Con estas reformas al Código Fiscal de la Federación que han quedado aprobadas, la tal bandera simplemente fue simbólica, porque no se cambia nada para transformar, sino para seguir igual.

Prueba de ello es la reforma al artículo 40° bis del Código Fiscal de la Federación, donde se establece el aseguramiento de bienes, por parte de la autoridad fiscal, de los contribuyentes que se encuentran en la vía pública y no están inscritos en el RFC o, bien, no acreditan la legal posesión de los bienes que tienen en sus negocios en vía pública (incluso, los de los terceros relacionados con ellos). Por ende, la propuesta no es de regularización o un programa de invitación para que las personas que se encuentran en la vía pública puedan inscribirse o regularizarse (lo cual sería lo más apropiado y prudente), sino la de asegurar los bienes de estos y de los terceros relacionados, que bien pudieran ser sólo clientes, proveedores (de quienes normalmente no se conoce su identidad) o familiares (de quienes sí). En consecuencia, esta disposición no está muy a la par de políticas para las que «primero son los pobres», pues es claro que son las clases más necesitadas las que laboran en la vía pública, son personas que, muchas veces, son empleados de alguien que, normalmente, forma parte del sistema. El que está en la vía pública no es un mini o micro empresario, como regla general, sino un empleado sin ninguna prestación social; es éste el que, ahora, resultará ser el blanco en el aseguramiento de bienes.

Afortunadamente, el aseguramiento de bienes ha sido declarado inconstitucional por el poder judicial; señalamiento que se ha dado hasta el cansancio, pero que sigue insistentemente en la ley, incluso cuando es claro que vulnera los derechos de seguridad jurídica de los gobernados. No obstante, es sabido que se trata de procedimientos excesivamente coercitivos, que impone la autoridad fiscal, porque le reditúan en el cumplimiento del cometido de los mismos: mayor control a los ciudadanos.

Lo que es de extrañarse es que, en esta administración pública, se ponga una medida tan considerable. Bien pudo haberse sucedido sin ninguna sorpresa en otras administraciones públicas, pero sí sorprende que sea promovida por la administración pública que ha pregonado que «primero son los pobres»; dado que la que la reforma que se analiza no está beneficiando a los más pobres; por el contrario, es una medida excesivamente dura para estos. Con todo, esta medida así ha sido aprobada por las Cámaras de Diputados y Senadores, por quienes, muy probablemente, no se dieron cuenta de la existencia de esa disposición. Lo cierto es que, con estas medidas arbitrarias y excesivas, se aplicará ese grito de «primero a los pobres», pero para asegurarles sus bienes. (parmenasradio.org)