Aquellas personas que hemos tenido la necesidad o el gusto de buscar un nuevo hogar por las circunstancias que sean tomamos muchos factores como condicionantes de la decisión que habremos de tomar. Podríamos pensar en el costo de la renta o adquisición, los servicios públicos con los que cuenta el vecindario, la lejanía o cercanía a nuestros principales puntos de desplazamiento y desde luego, la percepción de seguridad que nos brinda la zona ya sea por la sensación que nos proporciona a simple vista o por el conocimiento previo que se tiene de distintos hechos, independientemente de que puedan sean aseveraciones comprobables.

Maximizando este ejemplo, existen múltiples factores que influyen en los niveles de competitividad que genera un territorio determinado, llámese ciudad, estado o país. Recientemente el Instituto Mexicano para Competitividad A.C. (IMCO) publicó el Índice de Competitividad Urbana (ICU) 2020, el cual mide las capacidades de las ciudades para generar, atraer y retener talento e inversión que detonen la productividad y el bienestar de sus habitantes.

Este índice estudia los avances y retrocesos de 392 municipios que integran las 73 ciudades más importantes del país en los últimos años. El ICU 2020 está compuesto por 70 indicadores, categorizados en 10 subíndices, lo cual nos permite obtener una fotografía reciente sobre distintos factores que en su interrelación propician o no el progreso de las ciudades.

Cada uno de los 10 subíndices reflejan un pilar del desarrollo. El componente seguridad es abordado en el subíndice I. Sistema de derecho confiable y objetivo, que mide el entorno de seguridad pública y jurídica en las ciudades del país, asumiendo que la calidad de vida está ligada a un Estado de derecho funcional que garantiza condiciones que incrementan la competitividad.

Los resultados de cada subíndice del ICU son presentados en cuatro grupos de ciudades según su población total: más de 1 millón de habitantes, de 500 mil a 1 millón, de 250 mil a 500 mil y de menos de 250 mil.

Los resultados generales para la zona Puebla – Tlaxcala muestran un descenso en la calificación global del ICU, pues en 2016 obtuvo el lugar 27 mientras que para 2018 disminuyó hasta la posición 33, con una calificación general de 49.28 puntos. Poco más de 14 puntos nos separan de la región más competitiva del país: el Valle de México con 63.45 puntos en el ICU.

En el caso del Sistema de derecho confiable y objetivo, el grupo que concentra los centros urbanos más poblados es liderado por Mérida, seguido de La Laguna, Aguascalientes y Monterrey. La zona urbana Puebla – Tlaxcala se ubica en la décima posición de 15. Son 5 los indicadores que confirman el subíndice Derecho: Robo de vehículos, tasa de homicidios, percepción de inseguridad, secuestros e incidencia delictiva.

En cuanto al subíndice Derecho para esta misma zona, resalta la pérdida de posiciones en tan solo dos años. En 2016 logró la posición 24, para 2016 bajó hasta la 42 con una calificación de 74.17 puntos. Esto se debe a que hubo alzas en cada uno de los indicadores del subíndice destacando la medición de robo de vehículos y la tasa de homicidios. Mérida mantiene el primer lugar en esta categoría con 99.17 puntos. Los números reflejados en los indicadores de esta ciudad son altamente envidiables. Como ejemplo, el indicador de incidencia delictiva que refleja el valor de los delitos del fuero común cometidos por cada 100 mil habitantes pasó de 22.35 en 2016 a 8.70 en 2018. En robo a vehículo, valor de número de vehículos sustraídos por cada mil registrados, tiene como valor 0. En el caso de Puebla el primer valor es de 21.40 y este último registra 3.44 puntos.

Para fomentar la competitividad de las ciudades mediante el factor seguridad, el IMCO propone una serie de recomendaciones que privilegien la primacía e igualdad ante la ley, separación de poderes, participación social en la adopción de decisiones, legalidad, no arbitrariedad y claridad procesal y legal. Puntualmente las recomendaciones se centran en las instituciones policiales, la prevención del delito, la propiedad privada y el sistema notarial del país.

Sí, la certeza jurídica y la seguridad influyen en la proyección de competitividad de los territorios. Ser una ciudad competitiva ofrece mejores condiciones de vida a las y los ciudadanos. Muchos esfuerzos gubernamentales y de la sociedad civil están directa o indirectamente dedicados a este fin. Los gobiernos efectivos se construyen con una ciudadanía sólida, totalmente involucrada en todos los aspectos de la vida pública que además exija instituciones incluyentes, abiertas y transparentes.