En México, más de 7.7 millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, de estos 5 de cada 10 son personas adultas mayores. Además de este grupo poblacional; los integrantes de los pueblos originarios y comunidades indígenas, las personas migrantes, en pobreza o privadas de su libertad, y las que viven con VIH o SIDA representan grupos en situación de vulnerabilidad que por sus condiciones pueden estar sujetos a violaciones a sus derechos humanos. Por ejemplo, en el contexto de la pandemia que encaramos, un análisis colaborativo encabezado por la asociación Fair Health encontró que, las personas con discapacidad intelectual y trastornos de desarrollo tienen tres veces más probabilidades de morir de Covid-19 en comparación con otros pacientes.

En ese mismo sentido, la Declaración de la Red de Naciones Unidas sobre la discriminación racial y la protección de las minorías señaló que estos grupos poblacionales estaban muriendo desproporcionalmente a causa del COVID-19, por lo que instaban a los gobiernos a incluirlos en sus planes de respuesta, así como a garantizar la información, las orientaciones y la atención en un lenguaje comprensivo y apropiado para su edad, discapacidad y género.

En el Instituto Nacional de Transparencia estamos convencidos que la información salva vidas, al conformarse como un insumo para conocer y prevenir, para la innovación y la colaboración. Por ello, la décimo sexta edición de la Semana Nacional de Transparencia 2020 -que se celebra del 17 al 20 de noviembre- centra su análisis en los desafíos que implica la crisis de salud pública y la adopción de la transparencia como valor de la actividad gubernamental durante su gestión.

En el tercer panel “Transparencia proactiva y prevención del COVID-19 en grupos vulnerables” un grupo de personas expertas analizó y reflexionó sobre las desigualdades estructurales que limitan el acceso a los servicios de la salud de grupos vulnerables. Las valiosas aportaciones de Rosario Piedra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Fernand de Varennes, relator especial sobre asuntos de las minorías de las Naciones Unidas, Rosa Cárdenas Demay, Jorge Bravo, Federico Martire, Javier Martínez Cruz y Katia D’Artigues, destacaron la importancia de contar con datos fiables para el diseño de políticas inclusivas, además para la identificación de los impactos de esta crisis sanitaria.

Resulta apremiante la formulación e implementación de medidas para la prevención del COVID-19 para estos grupos poblacionales a fin de garantizar sus derechos humanos. Así se ha delineado en el objetivo de desarrollo sostenible 3 (salud y bienestar) de la Agenda 2030, en cuya meta 3.8 se establece el imperativo de lograr la cobertura sanitaria universal, el acceso a servicios básicos de salud de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, asequibles y de calidad para todos.

La transparencia proactiva será clave para que la accesibilidad y universalidad de la información, mediante una comunicación inclusiva y la facilitación de medios e insumos para la focalización en sus necesidades de información, empodere a esta población. Los invitamos a ser parte de esta deliberación en la Semana Nacional de Transparencia, este viernes continuaremos con las actividades a partir de las 9:30 horas. Sigue las conferencias en las redes sociales y el canal de YouTube de este Instituto.