La imperiosa necesidad de ejercer una política migratoria propia, no la dictada por Washington

La derrota de Donald Trump en las elecciones presidenciales celebradas el pasado 3 de noviembre y la inminente toma de posesión de Joe Biden como el mandatario número 46 de la Unión Americana el próximo 20 de enero, generan la oportunidad ideal para que el gobierno de la autodenominada Cuarta Transformación (4T) recupere la conducción de su política migratoria, siempre y cuando Andrés Manuel López Obrador (AMLO) supere pronto la salida de su “amigo” de la Casa Blanca y retome sus compromisos humanitarios y desarrollistas hacia Centroamérica.

Todo Estado tiene la potestad de formular y aplicar sus políticas migratorias para regular el ingreso y salida de personas extranjeras por su territorio; sin embargo, desde 2019 la política migratoria mexicana se redacta desde Washington, primero por la aceptación de las autoridades mexicanas del Programa “Remain Mexico” o “Quédate en México”, que ha obligado a esperar la resolución de sus casos en ciudades fronterizas mexicanas a más de 60 mil personas que solicitaron asilo en Estados Unidos, y después por someterse al chantaje de Trump, quien amenazó el 30 de mayo con imponer aranceles a las importaciones mexicanas si no se detenía la migración indocumentada que pasaba por territorio nacional.

Para conjurar la amenaza del presidente estadounidense, el canciller mexicano Marcelo Ebrad Casaubón entabló una negociación con autoridades estadounidenses, en la que la 4T se comprometió a desplegar a partir de junio del mismo año a unos 25 mil efectivos de la naciente Guardia Nacional para detener la inmigración indocumentada. De esta forma México se convirtió en una extensión de la política migratoria de contención estadounidense.

El gobierno de AMLO, por su parte, evitó la imposición de aranceles graduales a sus productos, y recibió promesas que han sido incumplidas, entre ellas que se agilizarían los procesos de otorgamiento de protección a los solicitantes de asilo y que Estados Unidos participaría con recursos en programas de desarrollo destinados a Centroamérica.

Es importante señalar que el diseño original de la política migratoria del gobierno de AMLO tenía dos componentes fundamentales: el primero consistía en el impulso multilateral al desarrollo de la subregión del Triángulo Norte de Centroamérica, por medio de un plan diseñado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), y el segundo estaba orientado en la atención de las migraciones en sus aspectos humanitarios.

El enfoque era innovador y necesario, pero para una implementación exitosa se necesita de importantes recursos económicos y de voluntarismo político de parte de los Estados expulsores, de tránsito y receptores. En el caso del gobierno estadounidense nunca existió el interés de atender las causas estructurales de la emigración y se dedicó a dividir a la subregión con la firma de acuerdos para que Guatemala, El Salvador y Honduras se convirtieran en terceros “países seguros”, sin contar con las condiciones para recibir a desplazados forzosos.

La actitud de “abusador” le dio resultado a Trump y su visión fue impuesta a México y a Centroamérica. En tanto, el gobierno de la 4T prefirió ser pragmático y cambiar su política migratoria para convertirse en una extensión de los designios de Washington, pues evaluó que en la ecuación costo-beneficio le resultaba más fácil convertirse en el muro virtual de Trump, que enfrentarlo en la Organización Mundial de Comercio (OMC) o cabildear en Estados Unidos con empresarios, legisladores y gobernadores para conjurar la amenaza de imposición de aranceles a los productos mexicanos.

Después de la tormenta de mayo-junio de 2019, la relación entre Trump y AMLO se estrechó y sus estilos de gobernar se identificaron cada vez más (confrontación con los medios de comunicación, uso constante de la desinformación y de estrategias de polarización social, y minimización de la pandemia provocada por el nuevo coronavirus), lo que los hizo más cercanos y las posibilidades de revertir la política migratoria de contención se esfumaron.

Ahora, la llegada de Biden a la Presidencia abre posibilidades para que el gobierno de AMLO, a pesar de su negativa inicial de felicitar al demócrata por su triunfo, pueda negociar con la administración entrante para que: cese el indignante programa “Quédate en México”, termine la participación de la Guardia Nacional en la persecución y captura de migrantes indocumentados, y se obtengan fondos para el plan de desarrollo en Centroamérica.

Biden y su futura vicepresidenta Kamala Harris han considerado prioritario terminar con “Quédate en México”, impulsar una reforma migratoria benéfica para unos 11 millones de indocumentados, redireccionar los fondos destinados a la ampliación del muro fronterizo, terminar con los ataques a las ciudades santuario -que protegen a los migrantes sin papeles-, concluir con la separación de familias y reunificar a niños migrantes que fueron separados de sus padres.

Algunas de las promesas dependen para su cumplimiento de la conformación del Congreso federal, en el que la Cámara de Representantes será demócrata, pero la de Senadores continuará con mayoría republicana: no obstante, otras medidas son factibles de llevarse a cabo desde la Presidencia estadounidense y son las que coinciden con la propuesta inicial de política migratoria promovida al inicio del sexenio de AMLO, incluida la de aumentar los apoyos económicos a Centroamérica.

La ventana de oportunidad se ha abierto con el nuevo gobierno estadounidense, ojalá que el mandatario mexicano supere pronto la pérdida de su “amigo” Trump y anteponga el interés de la nación y de los migrantes a sus filias y fobias.

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey.

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.

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