Por: Valeska Rivera

Durante el mes de octubre, la pandemia dio un paso al costado. En todos los rincones de Chile, celebramos la participación en el Plebiscito, que permitirá, con una aprobación sin precedentes, redactar una nueva Constitución, sustituyendo así la creada en 1980 bajo la sangrienta dictadura militar. Este suceso trajo consigo la oportunidad de una Nueva Carta Magna que será redactada con paridad de género, resultado de las demandas feministas y sentando así, un hito a nivel mundial. La historiadora chilena Hillary Hiner, señala que en ningún otro país del mundo se ha logrado y, cree, que situará al país ante los titulares internacionales.

Desde aquel 18-0, el pueblo se cansó de los abusos y se volcó a las calles, paralizando gran parte de las actividades del país y transmitiendo una fuerte señal de rechazo al modelo económico imperante, bajo la máxima: “¡Ya no más! Nos quitaron todo, que nos quitaron el miedo”. Esta proclamación quedará plasmada en los libros de historia como la explosión de descontento ante las desigualdades que venían gestándose por décadas, que mantiene al pueblo angustiado debido a su constante endeudamiento, consecuencia de la oferta excesiva de productos a precios que superan su capacidad adquisitiva.

El oasis chileno en una convulsionada Latinoamérica era tan solo una vaga ilusión, proyectada por la élite política para un pueblo sediento de oportunidades, en medio de un desierto que dista de ser florido como el de Atacama. La sociedad chilena está cansada del cúmulo de injusticias, producto de una extrema mercantilización de los servicios básicos, de una riqueza mal distribuida y altamente concentrada. Nicanor Parra, lo expusó de gran forma a través de su anti-poesía: “Consumo promedio, Hay dos panes. Usted se come dos. Yo ninguno. Consumo promedio: un pan por persona”; esta analogía, la podemos aplicar a todos los ámbitos sociales puestos en la mesa de la Plaza Dignidad, punto central de las manifestaciones diarias.

 Los problemas son más profundos: un sistema educativo enormemente privatizado, escaso acceso a una salud de calidad, con precios de los medicamentos a deriva del mercado; la seguridad social en manos de la bolsa errante, debido a la privatización de las pensiones a servicio de las AFP: el mayor legado de la dictadura. Prometieron con engaños y migajas que, bajo el nuevo sistema, los chilenos se jubilarían con el 100% de sus sueldos, pero las cifras y la realidad actual son muy distintas: las pensiones no superan el dígito de la línea de pobreza, o apenas lo hacen. En el ámbito de vivienda, derecho que debiera estar consagrado en toda Constitución, tenemos otra gran estafa: créditos hipotecarios que triplican el valor real de las viviendas. Finalmente, somos el único país donde un recurso esencial como el agua está privatizado.

Estas situaciones han impulsado a la población a exigir que el empresario no siga lucrando con servicios básicos para la vida de las personas, y el primer gran paso es la reformulación de la ley de leyes que elimine el derecho de propiedad absoluto y, que este sea, el camino y ejemplo hacia una región que avance en la universalidad de estos derechos. La Nueva Constitución no es un fin en sí, sino un medio para cambiar la política ominosa y así atender las verdaderas demandas de la ciudadanía esperanzada, por un mundo donde valga la pena vivir, avanzando en la recuperación de recursos y adquisición de los derechos secuestrados por la oligarquía.

Considerando que el tamaño de los resultados sea acorde a la magnitud de lo soñado, la escritora Silvia Federici, gran referente de la lucha social y feminista, lo ha dicho claramente: “Es una necesidad, no una ideología, la redistribución de la riqueza”. De cierta forma, esta oportunidad ganada en la calle, por el pueblo y para el pueblo, es un faro para América Latina. Vemos al Perú avanzar hacia un proceso destituyente de su Constitución Fujimorista. Observamos como Guatemala, con grandes niveles de precariedad y pobreza en la mayoría de su población, se envalentona y marcha, con fuego en mano, hasta el Congreso, luego que sus ocupantes no inyectaran recursos al presupuesto 2021, en partidas sociales como educación, prevención de la pobreza y servicios de salud —tan relevante en estos momentos—. El efecto dominó se ha activado. ¿Quién le seguirá ahora?