La propagación de la enfermedad conocida como Covid-19 ha dejado importantes secuelas a la población mundial debido al contagio de más de 71 millones de personas y a la muerte de un millón 600 mil más, a lo anterior hay que sumarle la ralentización de la economía global y las crisis políticas y sociales afrontadas en diferentes países debido al manejo poco acertado de la crisis sanitaria; sin embargo, uno de los grupos que ha resultado más afectado y se mantiene invisible, es el de los migrantes indocumentados, que afronta medidas más restrictivas y discriminatorias y la poca o nula atención médica por parte de países de tránsito o de destino.

La crisis provocada por el virus SARS-CoV-2 ha desnudado y profundizado las carencias de los sistemas de salud de diversos países, lo que ha complicado atender a los nacionales de los propios Estados y a que la atención de los inmigrantes indocumentados sea aún más raquítica o inexistente, a pesar de la valía de 164 millones de trabajadores migrantes dispersados en el mundo.

En Italia, a mediados de 2020, inició la regularización de 250 mil inmigrantes que laboraban como jornaleros o en el servicio doméstico al ser considerados trabajadores esenciales frente a la pandemia. Portugal también inicio un proceso de regularización para los inmigrantes que tenían pendiente la autorización de residencia. La medida podría favorecer a medio millón de trabajadores en los sectores de la construcción y la agricultura.

Incluso Estados Unidos, bajo el mandato del xenófobo y antiinmigrante Donald Trump, exentó a los trabajadores agrícolas extranjeros de las medidas que impulsó el gobierno federal para detener la inmigración durante la pandemia y se facilitó su permanencia y la llegada de más mano de obra para cosechar en los campos estadounidenses.

A pesar de la importancia económica de los inmigrantes, se aprecia un endurecimiento generalizado de las políticas por parte de países receptores y de tránsito. La Unión Europea sigue con las expulsiones de migrantes; Estados Unidos continuó con el encarcelamiento de extranjeros irregulares en condiciones inhumanas y con las repatriaciones masivas -incluso de personas portadoras del SARS-COV-2 a países como México, Honduras, El Salvador y Guatemala, lo que generó focos de contagio- y las autoridades mexicanas mantuvieron los operativos para detener, encarcelar y expulsar a migrantes indocumentados sin tener las mejores condiciones para evitar contagios entre los migrantes.

La condición de irregularidad de los migrantes los hace más vulnerables ante los abusos laborales, pues son despedidos sin contar con prestaciones o apoyos y también los obliga a mantenerse alejados de los centros de salud ante los altos costos de los servicios y el miedo a ser deportados. La consecuencia inmediata de esta situación es que, en lugares como Estados Unidos, los inmigrantes latinoamericanos, junto con los afroestadounidenses, son los grupos poblacionales que presentan más altas tasas de mortalidad por la pandemia. Basta recordar que más de dos mil 700 mexicanos han perdido la batalla contra el nuevo coronavirus en la Unión Americana, buena parte de ellos indocumentados.

El panorama en los siguientes meses se observa aún más complicado, pues la Organización Mundial para las Migraciones (OIM) y el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas advirtieron en un reporte publicado hace unos días que la pandemia ha impulsado la aparición de inseguridad alimentaria y con ello “la vulnerabilidad entre los migrantes, las familias que dependen de las remesas y las comunidades forzadas a abandonar sus hogares debido a conflictos, violencia y desastres”.

Las dos agencias destacan que las medidas y restricciones implementadas en más de 220 países para intentar contener la propagación de la enfermedad “han limitado la movilidad humana, las oportunidades laborales y de obtener un ingreso, ejerciendo mucha presión sobre la capacidad de los migrantes y personas desplazadas para poder acceder a alimentos y paliar otras necesidades básicas”.

Debido a todo lo anterior, y con el inicio de las primeras fases de vacunación en Reino Unido, Rusia y Estados Unidos, es indispensable que la comunidad internacional deje de invisibilizar a los migrantes, en especial a los indocumentados, pues si se desea tener una estrategia exitosa de recuperación económica y de control real de la pandemia, los migrantes también deben de tener acceso a la inmunización.

Lo anterior incluye a México y a sus autoridades, pues es una obligación el contemplar en la estrategia federal de vacunación tanto a los connacionales que viven en otras partes del mundo como a los inmigrantes que se encuentran en territorio nacional. Son seres humanos que tiene derecho a la salud, como contempla la Constitución y la Ley de Migración. Además, sería una incongruencia que el presidente Andrés Manuel López Obrador sólo alabe el envío de remesas, mientras continúa el incremento de muertes de nuestros connacionales del otro lado del Río Bravo por la pandemia.

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad del autor y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey. 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, director de la Revista de Relaciones de la UNAM y profesor de cátedra en el ITESM Puebla.