«Los derechos humanos han servido como instrumentos de lucha contra las formas arbitrarias de poder y en favor de la defensa de las libertades personales».

- Carlos Antonio Wolkmer

Se cumplen 23 años del homicidio de 45 tzotziles que conformaban un grupo denominado «Las abejas», asesinados mientras oraban en una iglesia cristiana de la comunidad de Acteal, en el municipio de Chenalhó, Estado de Chiapas; dieciséis eran niños, niñas y adolescentes; veinte eran mujeres y nueve hombres adultos; siete de las mujeres estaban embarazadas. Los responsables directos de la masacre no se han juzgado aún y lo que se infiere es que fueron grupos paramilitares opuestos al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Aquellos eran los tiempos del gobierno federal de Ernesto Zedillo y, a la fecha, tampoco hay claridad suficiente respecto de quiénes fueron los responsables intelectuales de esa masacre.

El grupo al que pertenecían los fallecidos, si bien comulgaba con ciertos principios del EZLN, no se había unido a la lucha armada que se emprendió el 1 de enero de 1994. Por ello, se ha considerado que los responsables de este crimen era un grupo paramilitar que tenía como objetivo general la división y el caos en las tierras de Chiapas, donde se encontraba el movimiento guerrillero zapatista.

En los juicios abiertos, se detuvieron a integrantes de pueblos de origen, que, paulatinamente, fueron saliendo de la cárcel. A la fecha, las investigaciones siguen abiertas: juicios de amparo y diversas instancias, incluso internacionales, como la denuncia realizada en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, además de un juicio que se intentó llevar a cabo en contra del ex presidente Ernesto Zedillo en Estados Unidos de América y que no prosperó. Sin embargo, a 23 años de esa masacre que se llevó a cabo de entre las diez de la mañana y las cinco de la tarde, aproximadamente, aún se siguen insistiendo por justicia.

Desafortunadamente, con el fracaso de las instancias judiciales respecto de estos hechos (incluso, han quedado en el olvido oficial), se ha demostrado la instauración de la impunidad, la ausencia de juicio contra los responsables «detrás del escritorio». Todo lo cual, a 23 años, ha provocado, en parte, toda la inseguridad pública que existe en la nación, a sabiendas de que no hay procesos judiciales efectivos. Cabe recordar que la solución, como muchas que se dan en México en estos sucesos, fue de carácter político, pidiéndose la renuncia del entonces secretario de gobernación federal y del gobernador del Estado de Chiapas.

Indudablemente, la crisis del Estado de Derecho en México es la falta de efectividad de los derechos humanos en las instancias judiciales. Muchas veces, estos procedimientos terminan en un laberinto de formalidades sin salida. Precisamente, uno de los problemas más agudos de esas instancias judiciales es que el propio sistema —en una confusión garrafal— asume que las formalidades, que son para brindar seguridad jurídica, también son para darle al Estado seguridad jurídica; lo cual no es así. La seguridad jurídica es un derecho esencial y único de los gobernados. Si no hay efectividad en las instancias judiciales para brindar seguridad jurídica al gobernado, prácticamente, no hay efectividad en los demás derechos, por más que se les denomine «humanos» o «fundamentales»; acaban en simple buenos propósitos y, por ende, solamente abonan a la impunidad y a la corrupción.

Actualmente, se requiere que el sistema y sus instituciones tengan bien en claro que la seguridad jurídica es para el gobernado y no para el Estado; que, por ende, cuando se usa ese concepto y se resuelve en contra de un ciudadano, en realidad, se está contraviniendo la seguridad jurídica y el derecho se convierte, entonces, en un instrumento de la política, cuando es claro que lo ideal es que el derecho esté sobre la política, y no la política sobre él. Y, para hacer efectivas las instancias judiciales, se debe proteger la seguridad jurídica, que consiste en la previsibilidad de las conductas de los ciudadanos, es decir, conocer previamente a qué atenerse por las acciones u omisiones que se llevan a cabo, precisamente, porque la seguridad jurídica tiene como fin último brindar esperanza a la ciudadanía y no miedo, desconfianza ni incertidumbre.