1º de enero de 1994

«Otro mundo es posible».

EZLN

En tanto el gobierno del Estado mexicano se preparaba, el 1º de enero de 1994, con bombos y platillos para la entrada en vigor el tratado de libre comercio con Estados Unidos de América y Canadá, el cual se fue fraguando paso a paso y que, una vez en vigor, no solamente cambió la economía de nuestra nación, sino que transformó a la sociedad, las costumbres, tradiciones, el propio sistema jurídico e, incluso, los propios paisajes en las ciudades y el campo; en tanto esto, un grupo subversivo al sistema oficial tomó cinco alcaldías de Chiapas por la fuerza.

Esa organización subversiva y conformada por pueblos de origen se denominó Ejercito Zapatista de Liberación Nacional e inició una lucha militar contra el sistema oficial, porque desde la independencia hasta esos días nunca se han materializado sus derechos; por más luchas y esfuerzos realizados a lo largo del tiempo, todo ha sido siempre infructuoso. Sin embargo, en la gente de esas regiones circula la sangre de exigir siempre sus libertades y sus derechos. Ahora bien, como el EZLN, en la historia de México han existido grupos subversivos desde las décadas de los cuarenta hasta la última década del siglo XX, también denominados grupos guerrilleros, pero nunca fueron reconocidos por las instancias oficiales. Así, los Jaramillo de Morelos, los Lucio Cabañas del Estado de Guerrero, entre otros, siempre fueron desconocidos por los órganos del Estado o fueron considerados simples asaltantes. Sin embargo, sí fueron perseguidos, amenazados, detenidos, etc., en los tiempos que se denominaron como «la guerra sucia». Así mismo sucedió en tiempos del presidente Francisco I. Madero respecto del movimiento del Ejército Libertador del Sur comandado por Emiliano Zapata, el cual también fue considerado como un simple y vulgar grupo de «come vacas».

Sin embargo, los grupos guerrilleros son muestra de una ausencia de canales democráticos en las naciones, pues no se tratan de organizaciones prestas a cometer delitos, sino de unas con propuesta para cambiar el status quo y lograr lo que el EZLN sostenía como lema fundamental ante el capitalismo financiero, los monopolios y el Estado a merced de estos, a saber, que «otro mundo posible», en el que fueran respetadas sus tradiciones, sus costumbres, sus propias regulaciones y donde se pueda lograr una convivencia humana.

El EZLN es un movimiento militar cuyas operaciones iniciaron por muchas razones, una de las cuales era el hecho de ser pueblos olvidados por el sistema: Tzeltales, Tzotziles, Choles, Zoques, Tojobales. A ellos nunca se les han reconocido sus derechos. Por lo que se trató de una lucha improrrogable para exigirlos. Uno de los tratadistas que más han profundizado en el análisis de este movimiento es el profesor Pablo González Casanova. Él ha establecido una serie de razones por las cuales se llevó a cabo ese levantamiento armado. Una es la herencia rebelde de tales pueblos, pues no fueron alineados sino hasta inicios del siglo XVII por el virreinato. Otra es la crisis de las haciendas al ir perdiendo importancia en la actividad económica. Otra es la influencia de la acción pastoral de la iglesia católica a partir de la conferencia Episcopal de Medellín y de su teología de la liberación. Además, está la experiencia de los sucesos estudiantiles en el año de 1968, como tampoco han faltado las decisiones presidenciales, como la de otorgar tierras a los lacandones dándoles preferencia sobre otros pueblos de origen. De modo que, por el hartazgo político de los pueblos de origen, que no veían solución alguna a sus múltiples exigencias, por la violencia que se vivía y las costumbres aún arraigadas de los tiempos de la colonia (como «el derecho de pernada»), por el uso de los pueblos de origen por el partido oficial; por todo ello, se dio ese movimiento armado que paralizó las aspiraciones del país para «ascender» al primer mundo con el tratado de libre comercio con América del Norte.

Habría que poner en la mesa la pregunta de si, a 26 años del inicio del movimiento armado del 1 de enero de 1994, se logró que las instituciones del Estado reconocieran sus derechos.

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