Los lamentables y vergonzosos sucesos del miércoles pasado en el Capitolio dejaron una marca, o más bien deberíamos decir una mancha, en la historia estadounidense. En palabras del mismo vicepresidente Pence, quienes estuvieron involucrados en estos hechos deberán enfrentar las consecuencias.

En primer lugar, Trump.

Mientras congresistas están ahora valorando la posibilidad de iniciar por segunda vez un procedimiento de impeachment en su contra, las principales plataformas digitales acaban de tomar medidas drásticas, al suspender o incluso cerrar la cuenta personal del usuario Trump. El mismo día del asalto, Facebook y Twitter habían anunciado una suspensión provisional de su capacidad a publicar en su plataforma respectiva, aplicable durante unas cuantas horas. Poco después, endurecieron estas medidas: la primera extendió esta restricción hasta el final oficial de su mandato mientras que la segunda cerró pura y sencillamente su cuenta. Otras plataformas, como Instagram, Snapchat o Twitch tomaron iniciativas similares.

Estas decisiones suscitaron reacciones contradictorias.

Los que las aplauden insisten en que el presidente ya demostró, fuera de cualquier duda, el carácter peligroso de sus mensajes incendiaros. Según ellos, su discurso en línea representa claramente una amenaza para la seguridad, la estabilidad y la vida humana en la “vida real”, una señal más de que los mundos online y offline están estrechamente interrelacionados, y que incluso la distinción entre ambos está siendo cada vez menos pertinente.

En contraste, muchas voces expresan fuertes críticas, por dos razones principales radicalmente opuestas entre sí. Un bando señala que estas medidas restrictivas intervienen demasiado tarde, pues durante demasiados años Trump se aprovechó de estas herramientas para difundir a gran escala un mensaje polarizador, denigrante y engañoso, que normalizaba lo inaceptable y manufacturaba un mundo alterno centrado en sus fantasías. Este diluvio cotidiano de mensajes contribuyó a crear la situación actual, donde personas cegadas por el discurso “presidencial” ven enemigos y conspiraciones por doquier, y cuestionan hasta la existencia de reglas y límites. Partiendo de ello, se argumenta que esta peligrosa tendencia se tenía que frenar mucho antes, antes de que produjera esta situación fuera de control.

Al revés, otros acusan a las redes sociales de censura, recurriendo a argumentos que resultan bastante endebles. Uno de ellos es que “si lo hacen con Trump, lo pueden hacer con cualquiera de nosotros”, pero unos segundos de reflexión deberían ser suficientes para darse cuenta de que esta supuesta advertencia, en lugar de asustarnos, describe más bien una acción deseable frente a comportamientos de esta índole. Bien es cierto que Estados Unidos tiene una interpretación muy amplia de la libertad de expresión pero, hasta en ese país, es lógico y necesario que se considere como fuera de lo aceptable cualquier llamado a la insurrección violenta contra un gobierno legal y democráticamente establecido.

Aparte, el argumento mencionado arriba pasa por alto que Trump no es la primera persona cuyo acceso a su cuenta es limitado de alguna manera por el tipo de contenidos publicados en la misma, sino que, diariamente, las grandes plataformas toman medidas de esta índole contra usuarios que difunden contenidos que rompen las leyes y/o las condiciones de utilización de estos espacios digitales. ¿El presidente, por ser presidente, debería tener un trato distinto? Sí lo tiene, y precisamente por este motivo ha podido permanecer tanto tiempo en estas plataformas a pesar del abuso recurrente del que se hacía culpable. ¿No permitir al presidente expresarse en Twitter y Facebook equivaldría a silenciarlo e incluso amordazarlo? Suponiendo que esto fuera cierto, no sería más que la consecuencia de la dependencia patológica que ha desarrollado Trump con el uso de estas redes sociales, pues ningún presidente debería depender de las mismas para tener la posibilidad de hacer escuchar su voz.

Otro argumento es que los dirigentes de las plataformas no fueron elegidos por medio del voto y que por ende carecen de legitimidad para tomar acciones de esta índole. Pero bajo este razonamiento les resultaría imposible tomar cualquier acción, lo que también generaría consecuencias… Y también tendrían que responder por ellas. Además, este argumento basado en la ausencia de legitimidad pasa por alto que estas decisiones no son el producto de un capricho repentino basado en la discrecionalidad y la opacidad, sino que resultan de la aplicación de las reglas de utilización de las plataformas, acompañada de una justificación pública y transparente.

La rendición de cuentas es deseable en cualquier sistema donde derechos y libertades estén en juego. Contar con reglas preestablecidas y aplicarlas de manera abierta es precisamente una manera de rendir cuentas. Resulta irónico que quienes invocan ahora con virulencia este valioso concepto en sus razonamientos chuecos hayan sido tan complacientes con las deficiencias crónicas en materia de rendición de cuentas por parte del mismo gobierno que defienden de manera tan incondicional.

* Profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Puebla, en la carrera de Relaciones Internacionales – [email protected]