Por: Fernanda Cardoso Caballero

Ciertamente el caso de Victoria Esperanza, la mujer asesinada en Tulum por policías, ha dado la vuelta al mundo. Las imágenes, los involucrados y el contexto en general tienen una serie de lecturas que es pertinente analizarlas una a una, dado que se pierde un poco la imagen de “paraíso terrenal” que tiene México y en particular Quintana Roo para el extranjero. 

El gran parecido del caso de Victoria con el asesinato de George Floyd en Estados Unidos asusta por la brutalidad y el abuso que todos hemos vivido de cierta manera en este país donde el migrante casi siempre tendrá la desventaja. A México, a diferencia del vecino del norte, le cuesta mucho reconocer las diferencias sociales heredades desde la Colonia y nuestra incapacidad por lidiar con un pasado de abuso y segregación. 

Si bien, el caso de Floyd logró desembocar en un movimiento sumamente fuerte como lo es el “Black Lives Matter” también es cierto que en México el caso de Victoria ha sido menos visibilizado. Colectivos feministas han hecho porque el caso no se quede en la impunidad, sin embargo, aparte de tener un componente de género también incluye una porción importante de discriminación dado que las condiciones en las que viven particularmente los migrantes centroamericanos en nuestro país son infrahumanas en muchos de los casos y el trato que reciben no sólo por parte del Estado sino de la misma sociedad es también complicado.

La discriminación y abuso por parte de las autoridades mexicanas a migrantes es uno de los más cometidos en nuestro país, particularmente por la condición de “indocumentados” que los deja fuera de las estadísticas, personas que no cuentan, que no votan, que no denuncian y que tampoco tienen las garantías que ofrecen los Estados. Estas condiciones hacen a los migrantes vulnerables ante un esquema de autoridad que dista mucho de contar con la confianza de los ciudadanos. De hecho, en el 2018 Edelman Trust Barometer publicó una estadística donde en México la confianza que se le tiene a las policías estatales y municipales es de sólo un 38%, mismo dato que en toda América Latina se reduce a un 33%. Por tanto, ser policía en México para el imaginario colectivo es sinónimo de abuso por parte del mismo Estado quien dota a esta institución de poder. En México el requisito para ser policía municipal es, entre otros, tener 18 años cumplidos, grado de estudios medio superior y no contar con antecedentes penales; así pues, se recibe lo que se invierte dado que en países como Suecia incluso hay tres universidades que ofertan cursos que los aspirantes deben aprobar para ser candidatos a un puesto. 

El lastre de este caso es todavía más profundo pues advierte la diferencia que hacemos entre un extranjero y otro, el europeo que llega a las playas de Quintana Roo ciertamente es mejor recibido que el centroamericano quien cuenta con pocas opciones ante la brutalidad policiaca. Por tanto, sería pertinente pensar cuánta responsabilidad hay como sociedad civil en la muerte de Victoria y que tantas posibilidades hay de que algo así pueda volver a repetirse. Reflexionar respecto a las claras diferencias sociales que parten de esquemas raciales y la casi nula respuesta de ciudadanos que ante todo perpetuamos esquemas de dominación y orientalismo, antagonizan a una sociedad fracturada por la violencia pero también por las diferencias que hacen en México en promedio se necesiten de once generaciones para que una familia logre escalar en la pirámide social.

La opinión expresada en este artículo es responsabilidad de la autora y no refleja el punto de vista del Tecnológico de Monterrey