Medios secuestrados. La nobleza de los medios de comunicación es de tal magnitud, que permiten el ingreso de cualquiera. Por desgracia el único requisito es tener poder económico. Ignorantes del periodismo y amantes de los negocios son propietarios de la mayoría de medios locales.

Tienen garantizada la recuperación del capital. Los ingresos millonarios por el apoyo del gobierno y los negocios que les facilitan dan para eso y mucho más. No tienen que preocuparse por la venta, ni por la circulación. Lo importante es el subsidio.

A cambio publican un panorama color de rosa de parte de la administración gubernamental. Aunque en la práctica sea todo lo contrario. La falta de credibilidad de los poblanos es la constante.

L@s poblan@s dejaron de creer en las publicaciones locales por la información falsa del acontecer en el estado. La información institucional diaria, surge de las preguntas de reporteros de medios afines al gobierno.

La estrategia de comunicación es obsoleta, todos se percatan de las preguntas a modo. Y cuando sucede lo contrario -contadas excepciones-, la molestia y falta de respeto al trabajo reporteril es defenestrado.

Los ejemplos sobran, sin embargo el más reciente fue el 8 de abril con la reportera Cinthya Coleote del grupo Imagen. Exhibida por preguntar sobre el veredicto de la Suprema Corte de la Nación, para impedir al gobierno asumir el control de la policía municipal.

Eso motivó una respuesta fuera de lugar: “Te envían Pedro Cabañas y Raymundo Alonso desde aquí les digo que no habrá ninguna relación comercial, apuntaló en tu nota y díselos”.

Antes del affaire, Verónica Vélez, encargada de comunicación del gobierno, en conocido restaurante se reunió con los susodichos comunicadores del grupo Imagen, para acordar la cantidad mensual por el convenio -nos reservamos la cantidad, rebasa los 100 mil pesos mensuales-, con posibilidades de incremento.

¡Pobre periodismo!

Reporte del Informante

Ley en la tablita. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, podría asestar otro golpe a la administración barbosista. Promovió ante la Suprema Corte de la Nación (SCJN), una acción de inconstitucionalidad contra la nueva Ley del Notariado.

De acuerdo con el expediente 61/2021 va contra el Congreso del Estado y el ejecutivo estatal. El órgano autónomo pide se invalide una porción del artículo 55 en el que se especifica que los nuevos notarios tengan la nacionalidad mexicana por nacimiento.

También el artículo 201, donde dice que los notarios, solo podrán ser suspendidos en el ejercicio de sus funciones por “Encontrarse bajo los efectos del auto de vinculación a proceso penal por delito doloso, clasificado como grave por la legislación penal aplicable”.

Los notarios vieron con agrado la medida de la CNDH, porque en caso que la SCJN, rechace la nueva Ley del Notariado, podrán recuperar las patentes que les quitó la reciente administración.

Sin duda será otro revés más a la Consejería del Estado.

¡Golpe en la antesala!

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