El régimen del presidente Daniel Ortega en Nicaragua, y de su esposa Rosario Murillo, se ha empecinado en mantenerse en el poder a costa de la violación de los derechos humanos, de la represión en contra de los opositores, de la censura a los medios de comunicación y de la traición a los valores de igualdad, fraternidad y esperanza que se defendieron durante la década de 1970 por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) para sacar a otros dictadores de la Presidencia del país centroamericano, a los Somoza; en tanto, las acciones persecutorias de la pareja presidencial nicaragüense han provocado ambigüedades en las posturas de dos de los gobiernos más importantes de la región latinoamericana, el de México y el de Argentina.

Ortega es un exguerrillero que participó con el FSLN para expulsar del gobierno nicaragüense en 1979 a la dinastía Somoza y es desde 2007 presidente de la nación centroamericana, puesto que ocupa por segunda vez, ya que entre 1979 y 1990 también fue el mandatario de Nicaragua tras el triunfo de la Revolución Sandinista. Durante los últimos 14 años, el actual gobierno se ha dedicado a coptar a grupos e instituciones del Estado, como el Ejército y los Poderes Judicial y Legislativo, a cambiar las leyes del país para permitir reelecciones consecutivas de Ortega, a callar a los medios de comunicación no oficialistas, y a perseguir a opositores, incluso a ex compañeros de guerrilla y de gobierno, que ahora son tildados de “traidores al pueblo” por Daniel Ortega y por su influyente esposa, quien ejerce como vicepresidenta.

En las últimas tres semanas, y en vísperas de las elecciones presidenciales que se desarrollarán el 7 de noviembre próximo, el gobierno de la pareja presidencial ha lanzado una nueva andanada en contra de la oposición al detener a una veintena de personas, entre quienes se encuentran cinco precandidatos a la Presidencia, dirigentes de partidos políticos, activistas, empresarios y ex compañeros de armas de Ortega, a quienes el mandatario acusa de ser “criminales” que atentan contra la “seguridad del país” por tratar de organizar un “golpe de Estado”.

El vetusto presidente se ha valido de su Policía Nacional, que actúa como si fuera la antigua Gestapo (policía secreta oficial de la Alemania nazi), del corrompido poder judicial y de leyes recién aprobadas para perseguir y encarcelar a sus opositores. Este nuevo capítulo de la crisis política nicaragüense es un síntoma más de la descomposición del régimen de Ortega, quien en 2018 reprimió protestas sociales por medio de la policía y de paramilitares, lo que dejó un saldo de al menos 328 muertos, más de dos mil heridos, cientos de detenidos y unos 100 mil emigrados y exiliados, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Las acciones represoras del otrora libertario, devenido en dictador, han sido condenadas en el seno de la Organización de Estados Americanos (OEA), por la Unión Europea (UE), por Estados Unidos, así como por organizaciones internacionales no gubernamentales defensoras de los derechos humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, sin embargo, han generado ambigüedades en los gobiernos de México y de Argentina, que con sus inacciones han dado de facto espaldarazos a un régimen caduco, violento y que se ampara en la bandera de la izquierda y se apropia del pasado revolucionario para cometer tropelías y perpetuarse en la Presidencia.

Si bien es cierto que, en los últimos días, los gobiernos de México y Argentina llamaron a consulta a sus respectivos embajadores en Nicaragua para conocer a detalle lo que ocurre en el país centroamericano, en la práctica se negaron a condenar en la OEA la represión y también se negaron a firmar una declaratoria en contra del gobierno del país centroamericano aprobada en el Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

Apenas el viernes 25 de junio, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador llamó a garantizar que el pueblo nicaragüense decida de forma libre en las elecciones de noviembre y rechazó el uso de la fuerza y los encarcelamientos, sin embargo, esta administración mexicana y la del mandatario argentino Alberto Fernández han preferido no condenar las acciones represoras de la pareja presidencial nicaragüense, bajo argumentos como la libre autodeterminación de los pueblos y el principio de no intervención, postura que contrasta con las acciones que tomaron por el golpe de Estado en 2019 en contra del otrora presidente de Bolivia, Evo Morales, a quien las autoridades mexicanas le enviaron un avión para rescatarlo de la persecución y después estuvo como refugiado en Argentina.

Las decisiones de política exterior de México y Argentina son relevantes en la región, es por ello que las ideologías y filiaciones políticas (de derecha o de izquierda) tendrían que estar al margen cuando se trata de violaciones masivas a los derechos humanos, como las acontecidas en Nicaragua, en donde se profundiza el ocaso del dictador.