El acceso a información útil, oportuna y de calidad ha demostrado ser un importante elemento para la gestión de la pandemia. En el mediano y largo plazo, la transparencia y el acceso a la información serán claves para la recuperación tras esta crisis sanitaria global. Además, será importantísimo considerar que las medidas que implementemos para recuperarnos observen mayor cooperación, solidaridad e integridad, así como la plena observancia del Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos.

En ese sentido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advirtió que, esta recuperación requiere constituir un nuevo pacto social que garantice la salud, la educación y la inclusión. Pues en su último informe, se encontró que el total de personas pobres ascendió a 209 millones a finales de 2020, lo que significó un aumento de 22 millones de personas más que el año anterior.  La pandemia acentuó las problemáticas que como región ya sobrellevábamos, tal como indicó el Informe Anual Panorama Social de América Latina, esta crisis profundizó las desigualdades estructurales con altos niveles de informalidad y desprotección social. Asimismo, puso sobre la mesa de la reflexión, la injusta división del trabajo y la organización social de los cuidados en las familias y en las comunidades. Aunado a los impactos sanitarios de esta crisis, este informe dio cuenta de la agudización de la violencia intrafamiliar, digital y patrimonial contra las mujeres.

Por ejemplo, en México la última Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo elaborada por el INEGI reportó que, en febrero de 2021 la población femenina económicamente activa fue de 21 millones, lo que representa el 40.9% de las mujeres. Este instrumento estadístico del INEGI indicó que la tasa de subocupación en las mujeres mexicanas fue de 15%, lo que representa una tasa superior en 6.7 puntos porcentuales en el mismo periodo del año pasado.

Contar con datos e información útil sobre la gestión de la pandemia y los impactos que esta crisis ha tenido en los diversos sectores de la población, por ejemplo, las mujeres, nos ayudará a realizar un seguimiento y evaluación de las respuestas y acciones de las autoridades. Así mismo, será útil para que como ciudadanía y desde la sociedad civil organizada contemos con insumos informativos que nos permitan involucrarnos en la recuperación y participar en la construcción de iniciativas con mayor conocimiento de causa.

En ese sentido, otro punto que debemos considerar con atención es el cambio de paradigma en la interacción entre la población y el gobierno, debemos seguir construyendo espacios para un diálogo más bidireccional. En ese sentido, la Senadora Imelda Castro Castro ha sostenido que, la pandemia cambió la manera en que los ciudadanos se relacionan con las instituciones. Y coincidimos, es un hecho que las autoridades deben responder con solvencia y oportunidad a los fenómenos de diversa índole que van surgiendo cotidianamente, pues su atención oportuna y efectiva es una condición que favorece la relación con la sociedad, fortalece la legitimidad y la confianza en el gobierno.  

Sobre ello tuvimos la oportunidad de deliberar el pasado martes 13 de julio en el foro virtual “El derecho de acceso a la información en el México actual: Perspectivas en medio de la pandemia y de cara a la segunda mitad del sexenio”, un valioso espacio de análisis organizado por la Unidad de Transparencia en el Senado de la República, en donde la vicepresidenta de la Mesa Directiva Imelda Castro Castro, las  Senadoras Nuvia Mayorga Delgado, Eunice Renata Romo, y mis colegas comisionados Adrián Alcalá Méndez y Oscar Guerra Ford, coincidimos en la importancia de continuar promoviendo la cultura de la transparencia y socializar el valor del acceso a la información como herramientas que nos posibilitan la gestión inteligente de los sucesos de la vida pública en el ámbito local, nacional e internacional.

La transparencia y el acceso a la información, lejos de representar un obstáculo para la gestión del gobierno, actualmente ocupan un lugar preponderante en la agenda global de desarrollo por su potencial para detonar una mayor evaluación y rendición de cuentas; son herramientas útiles para inhibir el gasto ineficiente, la impunidad y la corrupción, así como para construir una democracia mucho más abierta, incluyente, plural y respetuosa de los derechos humanos. Y nuestro compromiso es seguir impulsándola como un eje transversal de la actuación pública.