S.O.S para las ciudades fronterizas mexicanas ante los flujos migratorios

En 2017 se registró la llegada masiva de migrantes haitianos a la frontera norte mexicana, venían de un país que en 2010 había sufrido un terremoto de 7.3 grados Richter y la pérdida de unas 316 mil personas y que en 2016 fue azotado por el huracán Matthew. Muchos de estos haitianos habían estado de forma previa en Brasil, potencia emergente que ofreció trabajos en construcción para realizar la Copa Mundial de Futbol de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, sin embargo, la pujante economía brasileña colapsó y dejó sin oportunidades laborales a miles de haitianos que decidieron emprender la ruta del llamado “sueño estadounidense”.

Las ciudades de Tijuana y Mexicali recibieron en ese 2017 a más de 40 mil haitianos y se vieron rebasadas ante lo que significó tener de forma inesperada a tantas personas que requerían alojamiento, servicios de salud y alimentación y que en definitiva cambiaron el funcionamiento habitual de las comunidades. Una parte de ese flujo se quedó y formó en la delegación Playas de Tijuana una colonia, denominada “Pequeña Haití” ante la imposibilidad de ingresar a Estados Unidos. Esos migrantes recibieron el apoyo de organizaciones de la sociedad civil y de la Iglesia católica, pero el Estado mexicano, como tal, fue superado y dejó a su suerte a la ciudad bajacaliforniana para atender a miles de personas, entre las que venían médicos y otros profesionistas que se dedicaron a desempeñar labores diferentes a sus formaciones y se desaprovechó la oportunidad de incorporarlos de forma más exitosa a la sociedad de acogida.      

Ahora, en 2021, varias ciudades mexicanas en el sur y en el norte del país se han convertido de nueva cuenta en receptoras de miles de personas haitianas, pero también de migrantes y de solicitantes de refugio y asilo que han salido de Honduras, El Salvador, Guatemala, Cuba, Venezuela, así como de otros Estados sudamericanos, africanos y asiáticos; pero al igual que hace cuatro años, se han quedado desamparadas por las autoridades federales para atender los retos que conlleva la movilidad humana.

Ciudad Acuña, en Coahuila, se convirtió en las últimas dos semanas en el epicentro de un campamento de más de 20 mil personas, la gran mayoría proveniente de Haití, que deseaban cruzar hacia Texas. Las autoridades locales se vieron superadas y la acción del gobierno mexicano se limitó a “cazar” migrantes para deportarlos tras los designios de Estados Unidos, que una vez más cerró sus fronteras.

El alcalde de Ciudad Acuña, Roberto de los Santos Acuña, lanzó un S.O.S. a las autoridades federales para atender a los migrantes, solicitantes de refugio y asilo y lanzó una propuesta desoída: reubicar a los miles de haitianos a otras ciudades y puntos fronterizos con Estados Unidos con la intención de procurarlos de mejor manera y evitar el colapso de una ciudad que sólo tenía capacidad para atender a mil personas en centros y casas para migrantes, pero que debían atender hasta tres mil personas al día.

Por otra parte, en Tapachula, Chiapas, a donde llega la mayor parte de los solicitantes de asilo y refugio, fue escenario hasta inicios de septiembre del hacinamiento de miles de personas que llevaban meses esperando respuesta a sus solicitudes de asilo y de refugio o un salvoconducto que les permitiera seguir su camino hacia Estados Unidos. Esta ciudad mexicana fue obligada a convertirse en una gran prisión, sin apoyo real de las autoridades federales.

Geografía es destino, y México es el paso obligado de más de un millón de personas al año en búsqueda del sueño estadounidense o de la protección necesaria para salvar sus vidas. Los flujos continuarán en los siguientes años y por ende es necesario tener planes, presupuesto y programas de atención que apoyen a las ciudades fronterizas mexicanas. Dejarlas a su suerte, es una irresponsabilidad, sobre todo en un país en el que el crimen organizado controla rutas migratorias y se apropia de los cuerpos e ilusiones de miles de migrantes.   

Sirva este espacio para reiterarle a las autoridades federales que la movilidad humana continuará por territorio mexicano y que debemos de dejar de ser reactivos ante crisis humanitarias. Se necesita ser proactivos y colaborar con sociedad civil, organizaciones internacionales y otros actores en los objetivos de garantizar los derechos humanos de los migrantes y solicitantes de asilo y refugio, y de evitar el colapso de nuestras ciudades fronterizas ante la imposibilidad de atender los flujos masivos por sí solas. 

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