Atropello estudiantil. El perjuicio al prestigio de la UDLAP es irreparable. En el último medio año las ambiciones personales, arrastraron los 81 años de historia educativa. De nada ha servido el amparo ganado por la Fundación Jenkins. El Campus sigue tomado por el rector espurio impuesto por el gobierno del estado.

Los millones de dólares en disputa están por encima de los intereses de 10 mil estudiantes afectados por la intervención ilícita de las autoridades locales. A pesar que el Juzgado de Distrito y el Tribunal Colegiado de Circuito otorgaron la razón a la familia Jenkins Landa para la recuperación de las instalaciones y la rectoría. 

El vergonzoso entuerto vive sus últimos días de zozobra para la familia Landa Jenkins, autoridades y comunidad estudiantil. El atropello arbitrario será resuelto en breve. La orden fue dada desde la cúpula más alta del poder en México. 

Las evidencias y razón favorecen al patronato. Con argumentos sólidos exhibidos ante el Poder Judicial, ganaron el amparo para volver a asumir las riendas de la Universidad.

La positiva información fue bien recibida en Estados Unidos por el (ex) rector Luis Ernesto Derbez, colaboradores y representantes legales, quienes tienen ordenes de aprehensión por el delito de fraude específico, lavado de dinero y administración fraudulenta desde agosto pasado. Un juez de control -por supuesto de Puebla- libró las ejecuciones en su contra. Por esa razón se ocultan en el vecino país del norte.

La vicerrectora administrativa, Mónica Ruíz Huerta; el vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional, Mario Vallejo Pérez; el director General de Asuntos Jurídicos, Jesús Salvador Mijangos Patiño y los abogados Virgilio Rincón Salas y Alejandro González Muñoz, es el grupo sobre quienes existen ordenes de aprehensión. La mayoría por no decir todos están recluidos en Estados Unidos desde hace tres meses.

Sim duda la solución del conflicto acarreará daños colaterales. El principal fue consumado al prestigio internacional de la Institución. Serán los más débiles económicamente y sin influencias poderosas. Los restantes involucrados seguirán impunes.

El factor determinante para la cura del muerto viviente fue cuándo el presidente López Obrador ordenó la intervención de su gobierno. De inmediato detectaron la ilegalidad de la invasión en la UDLAP. Al mismo tiempo el manejo de los recursos financieros. 

¡Entuerto desatado!

Reporte del Informante

Ilustre desconocido. Para que no queden dudas de las imposiciones en la administración municipal de Atlixco, encabezada -en el papel- por Ariadna Ayala. Basta un vistazo a la designación -según de Cabildo- de José Antonio Hernández Pacheco en seguridad pública. El gran mérito para el nombramiento es que pertenecía al cuerpo de seguridad de María del Rosario Orozco Caballero, esposa de Gerónimo Huerta y presidenta del DIF  estatal.

La prioridad de la seguridad en Atlixco estará a cargo de un ilustre desconocido. Tan desconocido que Ariadna Ayala y Bernardo Jara, regidor de gobernación y seguridad pública, desconocían su nombre.

¡Quién es el policía! 

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