Peces gordos

Sucede con bastante frecuencia dentro de los avisos gubernamentales que, del plato a la boca se caiga la sopa, cuando menos, en lo que a peces gordos se refiere. 

Por eso lo ocurrido con Emilio Lozoya Austin no generó sorpresa alguna que el caso de la supuesta mayor importancia dentro de la lucha contra la corrupción se vaya evaporando. 

Ni siquiera el carácter de Criterio de Oportunidad (testigo protegido) que se le dio al ex director de PEMEX para salir inmaculado de las acusaciones que se le endilgaron sirvió para detectar a los servidores públicos del pasado que cayeron en los delitos de corrupción, cohecho y lavado de dinero, entre otros, vinculados con Petróleos Mexicanos. 

Eso sí, a cambio de la prisión preventiva que le fue otorgada a Lozoya Austin, se le concedieron 30 días para que aporte pruebas con las que se pueda proceder contra la casi veintena de políticos involucrados en una serie de delitos acusados por el ex director de PEMEX. Será el momento de mostrar el dinero repartido entre legisladores del PAN y PRI, así como otras confidencias contenidas en las primeras declaraciones y que hasta el momento carecen de sustento para confirmarlas.  

Se tiene a Lozoya Austin en la cárcel, igual que a Rosario Robles, dos altos funcionarios de la administración pública pasada, con lo que el Presidente López Obrador podrá jactarse que su lucha contra la corrupción es una realidad. 

Y aunque muchos lo catalogan de irrisorio por lo que viene sucediendo dentro de su propio gobierno, López Obrador da certeza a su promesa de campaña de combate a la corrupción. 

Claro que los dos casos son muy endebles y pueden terminar como en el pasado en sendos fracasos y dejar en claro que se trató de una pequeña cacería de brujas que no fructificó o de persecuciones políticas contra adversarios.

No sería la primera vez que la administración en curso tope con pared cuando de investigar el pasado se trata. 

Muy recordado es el caso de la captura de Peces Gordos anunciada por Francisco Barrios, que concluyó en nada, con sanciones a pequeños charales que no representaban nada, aunque se investigó al entonces ex director de PEMEX, Rogelio Montemayor. 

Claro que desde el IFE se estableció una sanción millonaria al PRI por la entrega de 500 millones de pesos a la campaña presidencial de Francisco Labastida Ochoa, de recursos provenientes de PEMEX, derivados al sindicato petrolero en cuyo entramado no se vinculó a los funcionarios. 

El problema de la corrupción en el sector público es añejo y tampoco en esta administración se ha desterrado, aunque las infracciones en contra de servidores públicos son bastante escasas. 

Curiosamente en el sexenio de José López Portillo se actuó fuerte contra funcionarios de la administración anterior, siendo detenidos el entonces ex secretario de Comunicaciones y Transportes, Eugenio Méndez Docurro y el también ex secretario de la Reforma Agraria Félix Barra García, así como otros servidores de nivel medio como Alfredo Ríos Camarena y Fausto Zapata Loredo, acusados de malversación de fondos, desvío de recursos y enriquecimiento ilícito. Todos ellos tuvieron una breve estancia en prisión. Tal vez, el caso de un ex servidor público preso por mayor tiempo puede ser el del ex director de PEMEX, Jorge Díaz Serrano, quien fue detenido al ser desaforado como senador de la República y encarcelado por algunos años. 

Y es que la mayoría de los funcionarios o ex funcionarios que son denunciados por desvío de recursos o malversación de fondos y ahora por lavado de dinero cuentan con muchas argucias legales para su defensa y cumplen con la justicia al regresar parte de los recursos mal habidos y pasar días, semanas o hasta pocos años en prisión, con lo que logran saldar su deuda con la sociedad y la justicia. 

Por lo pronto el Presidente López Obrador acudirá a la Asamblea de la ONU con su paquete de lucha contra la corrupción cumplido, por lo que podrá jactarse que sus promesas de campaña se cumplen. 

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Lo que se pensaba realizar como una boda discreta, entre el titular de la UIF, Santiago Nieto y la Consejera electoral, Carla Humphrey sirve ahora para un escándalo que se intenta minimizar. La cohabitación entre priistas, panistas y morenos, es mucho más grande de lo que uno se imagina y no está mal esa relación. Lo malo es que a la hora de ver por el país no se aterriza y cada quien ve para su peculio. Lo de Paola Félix y el empresario Alejandro Gou, debe ser investigado y se debe ahondar para conocer con base a que se le dio al empresario, el contrato no licitado para la realización del desfile de Día de Muertos. 

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