Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo consolidaron su dictadura en Nicaragua tras encarcelar a los principales candidatos de la oposición y ganar las elecciones realizadas el pasado 7 de noviembre. El “triunfo” en las urnas del líder “sandinista”, le permitirá tener un cuarto mandato consecutivo y continuar con un régimen de terror hacia la disidencia, mismo que -junto a la crisis económica, ha provocado un aumento de la emigración de nicaragüenses que buscan llegar sobre todo a Estados Unidos y pasan por territorio mexicano.

El actual presidente nicaragüense fue uno de los integrantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) que depuso en 1979 la tiranía ejercida durante cuatro décadas y media por la familia Somoza. El otrora joven Ortega ganó posiciones de relevancia y se convirtió en presidente del país nicaragüense de manera formal entre 1984 y 1990. De manera posterior, recuperó el poder por medio de las urnas en 2007 y desde entonces ha modificado la Constitución y se ha apoderado de las instituciones electorales, del Ejército, del Congreso y del poder Judicial para perpetuarse en el cargo y convertirse en lo que juró combatir: en un vetusto dictador que persigue a disidentes, propicia el asesinato de opositores (incluidos estudiantes universitarios), se apropia de medios de comunicación y provoca el éxodo de miles de sus compatriotas que huyen de la represión y de las condiciones económicas y sociales adversas.

Con la controvertida victoria del pasado 7 de noviembre y que ha sido ratificada por el cooptado tribunal electoral de Nicaragua, Ortega se enfrenta de nueva cuenta a la crítica de Estados Unidos, de la Unión Europea, de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de otros países, que han calificado el proceso electoral de antidemocrático e ilegítimo luego de que se utilizara la fuerza el Estado para hostigar y encarcelar a una treintena de opositores, entre ellos 7 candidatos presidenciales.

La persecución en contra de opositores y disidentes que ha ejercido Ortega desde 2018, año en que reprimió protestas estudiantiles con un saldo de unos 300 muertos, según cifras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ha provocado la salida de unos 200 mil nicaragüenses, quienes han buscado refugio en Estados Unidos, Costa Rica y Panamá, principalmente.

De acuerdo con un informe de la organización Diálogo Interamericano, la emigración de nicaragüenses hacia Estados Unidos pasó de cinco mil personas en 2018 a unas 60 mil hasta octubre de 2021, mientras que en Costa Rica y Panamá se encontrarían unos 120 mil nicaragüenses. En el documento se indica que a partir de mayo pasado, cuando empezó la nueva embestida del gobierno nicaragüense en contra de líderes políticos opositores, periodistas y empresarios de cara a las elecciones presidenciales, salieron del país centroamericano unas 80 mil personas y el pronóstico es que continuarán las oleadas de exiliados ante el cuestionado triunfo de Ortega.

Una muestra de lo anterior es el incremento en las capturas que ha realizado la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos de personas provenientes de Nicaragua, así como el aumento de las solicitudes de asilo de nicaragüenses en la Unión Americana, en Panamá y en Costa Rica. Sobre las detenciones en territorio estadounidense, se reportó que entre enero y agosto de 2021, las autoridades atraparon a unos 41 mil 500 nicaragüenses. En cuanto a las solicitudes de refugio, el Estado costarricense registró más de 30 mil peticiones entre enero y septiembre del presente año.

En México, paso obligado de los migrantes del sur que se dirigen a Estados Unidos, también han aumentado las detenciones de nicaragüenses que buscan llegar de forma indocumentada a Estados Unidos, así como las solicitudes de asilo y de refugio, pero a pesar de esta situación y de que el régimen de Ortega es opresor, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se ha abstenido de condenar la represión que se vive en Nicaragua.

La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) ha reconocido como refugiados entre 2013 y 2021 a mil 207 nicaragüenses en México y se ha otorgado protección complementara a 472, sin embargo, en los últimos tres años unas cinco mil 500 personas de Nicaragua han solicitado la mencionada protección y los números se siguen incrementando.

La migración masiva de nicaragüenses se suma a los flujos salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, venezolanos, haitianos, cubanos y de otras partes del mundo, lo que coloca a México en una nueva encrucijada para atender los retos que significa el tránsito humano proveniente de países en los que se violentan los derechos humanos, pero que el gobierno mexicano de la 4T considera aliados ideológicos (Cuba, Nicaragua y Venezuela).

Por si fuera poco, el régimen de Ortega se confabuló con las autoridades de Cuba para exentar de visas a quienes lleguen de La Isla. El dictador nicaragüense no lo hace por humanidad o para impulsar la libre movilidad en la región, lo que pretende es que más cubanos lleguen a México para generarle más presión a Estados Unidos, lo que de paso ahondará más en las violaciones a los derechos humanos de los migrantes en nuestro país y causará problemas en la relación bilateral mexico-estadouniense.