En el pasado mes de octubre, la investigación periodística desarrollada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en lo que se ha denominado como los Pandora Papers, desató un tsunami político en Latinoamérica, pues varios funcionarios de primer nivel, como el Presidente chileno Sebastián Piñera y Guillermo Lasso, Presidente de Ecuador, aparecieron señalados bajo la acusación de tener participación en empresas offshore con el objetivo de evadir impuestos.

A nivel nacional, el escándalo suscitado a raíz de la publicación de los Pandora Papers llegó en un momento crítico, ya que el presidente ecuatoriano se enfrentaba a la crisis carcelaria más grave de la historia del país. Como respuesta, si bien se abrió un proceso de investigación, hace pocos días la Fiscalía General publicó un comunicado en donde se especificaba que Dakota del Sur (EEUU), donde Guillermo Lasso registraba la mayoría de las operaciones develadas por Pandora Papers, no sería considerado como un paraíso fiscal bajo la legislación ecuatoriana.

La investigación en contra del Presidente Lasso estuvo encabezada por varios sectores de la izquierda ecuatoriana que buscaban su destitución amparándose en la Ley Orgánica de Servicio Público: esta ley, aprobada tras el referendo de 2017, prohíbe explícitamente a los funcionarios públicos tener participación en empresas offshore. Bajo su argumentación, Lasso habría violado esta ley en su candidatura presidencial del mismo año y debería afrontar responsabilidades legales.

Por otro lado, en el año 2021 varios episodios violentos dentro de las cárceles dejaron más de 300 personas privadas de la libertad asesinadas. La rivalidad entre bandas no es la única explicación para este fenómeno, pues el hacinamiento provocado por el abuso de medidas como la prisión preventiva ha afectado también a la capacidad de control efectivo de las autoridades –a las que también se acusa de negligencia reiterada o incluso corrupción. Aunado a esto, la falta de claridad en las competencias institucionales, profundizada por la eliminación del Ministerio de Justicia, disminuyó la capacidad de coordinación en la respuesta por parte del gobierno, quien se ha visto sobrepasado por la ola de violencia.

Mientras uno de los episodios más violentos de la crisis carcelaria se desarrollaba en noviembre de 2021, la Asamblea Nacional rechazó la discusión de la Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal alegando ciertos requisitos de forma. Algunos puntos críticos que la ley proponía incluían la posibilidad de que el empleador pudiese pedir una indemnización al empleado cuando el contrato finalice por “justa causa”, incluyendo razones discrecionales como “falta de probidad” por parte del empleado. Adicionalmente, la ley proponía un incremento en el pago de impuestos para el sector de la población con ganancias mensuales superiores a 2000 dólares.

A pesar de este contexto tan poco favorable, el presidente recientemente obtuvo una victoria política al lograr aprobar, finalmente, la Ley de Desarrollo Económico. Paradójicamente, la aprobación final se dio, en cierta medida, gracias a los sectores de la izquierda, quienes ampliamente la habían criticado –específicamente la bancada de UNES, afín al expresidente Rafael Correa y quienes se abstuvieron en su votación final. No puede descartarse que este giro político pueda provocar una reconfiguración de los espacios y definiciones políticas del escenario político nacional. Por tanto, solo queda esperar para llegar a comprender si el escándalo de los Pandora Papers contribuirá a profundizar la deslegitimación del cada vez más comprometido Guillermo Lasso, o si bien sus consecuencias quedarán relegadas e ignoradas como otras noticias de la esfera política ecuatoriana.  

Alexandra Jima González

Profesora – Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales

Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno

Tecnológico de Monterrey, Campus Puebla

Twitter: alexandrajg90