El desplazamiento forzado que desgarra a México y pasa desapercibido en Palacio Nacional

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En un país tan complejo como México, las prioridades parecen interminables y van desde la atención a la crisis sanitaria por la COVID-19, la inflación, el desabasto de medicinas, la recuperación de los empleos perdidos antes y durante la pandemia, la incesante criminalidad que azota al país, entre otros problemas, a los que se les suma el creciente desplazamiento forzado en diferentes zonas de la República mexicana, producto sobre todo de acciones de grupos paramilitares y de la violencia ejercida por las bandas del crimen organizado, lo que ha provocado que miles de personas huyan de sus comunidades de origen para ponerse a salvo en otras entidades del país e incluso en el extranjero. Es un tema relevante, doloroso, pero carente de importancia en Palacio Nacional.

La Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que desde 2016 forma parte del sistema de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), reconoce como desplazados forzosos a las personas que han sido obligadas a dejar sus casas y lugares de residencia habitual dentro de un país o más allá de las fronteras internacionales como resultado de “conflictos armados, situaciones de violencia generalizada, violación a los derechos humanos o desastres naturales o provocados por los humanos”.

En el caso de México, desde finales del siglo XX la participación de grupos paramilitares en el despojo de tierras ha provocado el desplazamiento forzado de poblaciones indígenas en estados como Chiapas, Guerrero, Oaxaca y Chihuahua. A lo anterior, se deben de sumar en las últimas dos décadas al menos tres elementos que han profundizado una crisis en materia de derechos humanos: a) el poder ejercido por grupos criminales en el territorio nacional -que además de dedicarse al trasiego de drogas, cobran piso a comerciantes y empresarios, extorsionan, secuestran, despojan de propiedades a sus dueños legítimos, asesinan a mansalva y controlan el tráfico y trata de personas; b) la fallida estrategia de combatir en las calles a estas organizaciones con el Ejército desde 2006, primero en la administración de Felipe Calderón Hinojosa, después en la de Enrique Peña Nieto y ahora con la de Andrés Manuel López Obrador, quien a pesar de su frase “abrazos no balazos”, ha incrementado la presencia de soldados y marinos en labores de seguridad pública, con resultados contraproducentes; y c) la ineficiencia,  corrupción y hasta complicidad de autoridades de los tres niveles que no atienden el problema ni procuran a quienes han tenido que abandonar sus hogares para salvar sus vidas.

De acuerdo con un informe de la organización no gubernamental Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos (CMDPDH), presentado en este mes de diciembre, existen unas 356 mil 792 personas desplazadas en territorio mexicano debido a la presencia de grupos armados organizados, violencia política y conflictos sociales o territoriales, mientras que el Consejo Nacional de Población (Conapo) estimó en su último censo que entre 2015 y 2020 sumaron 262 mil personas desplazadas forzadamente, ambas cifras que podrían quedarse cortas ante la magnitud del problema.

La CMDPDH destaca que del total de desplazados, 4 de cada 10 son indígenas originarios sobre todo de Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Chihuahua, quienes, además de sufrir despojos territoriales, incursiones militares y paramilitares, ahora padecen la presencia del crimen organizado en sus poblaciones. Al mismo tiempo, la organización destacó que sólo en 2020 casi 10 mil personas dejaron sus tierras, de las cuales cuatro mil eran indígenas.

Los desplazados se refugian en ocasiones en poblaciones cercanas, otras veces deben de salir de sus estados de origen e incluso llegan a abandonar el país, por lo que de forma regular emprenden su camino hacia ciudades norteñas mexicanas, como Tijuana, Ciudad Juárez o Mexicali para esperar que Estados Unidos los pueda recibir como asilados o refugiados; sin embargo, son procesos largos y engorrosos que han sido viciados por las políticas impuestas por el ex presidente Donald Trump y continuadas por la administración del actual mandatario Joe Biden.

En esta Navidad miles de mexicanos desplazados (11 mil o más de acuerdo con un estudio de la Universidad de Texas en Austin) esperaron en vano un milagro, hacinados en refugios o campamentos improvisados, ubicados en ciudades fronterizas mexicanas con altos índices de inseguridad. Personas que también son provenientes de estados como Guanajuato o Michoacán en donde tenían propiedades, pero en las que el crimen organizado dicta quién vive y quién muere. En tanto, en Palacio Nacional están más preocupados por la popularidad del presidente, por llevar a cabo una consulta de revocación de mandato y por enjuiciar a los consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE), porque los temas de violencia y sus consecuencias reales escapan del interés de la actual administración.

 

* Doctor en Ciencias Políticas y Sociales. Profesor e investigador de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales, y profesor invitado en el ITESM Puebla.

Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de El Popular, diario imparcial de Puebla

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