La Auditoría y el gobernador. Un asunto de crisis y gobernabilidad

En los últimos meses ha trascendido en nuestro estado una batalla entre el auditor y el gobernador, el primero ha acusado públicamente una persecución política en su contra así como el boicot de sus funciones mientras que el ejecutivo estatal ha optado por no entrar en el debate señalando que el Congreso es el único con facultades para remover a este titular de su cargo. El conflicto, aunque pareciera algo menor, pone a debate el funcionamiento de las instituciones del estado, las relaciones que se construyen con el ejecutivo y la gobernabilidad.

Es de conocimiento público que el Auditor Superior del Estado es electo por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Congreso del Estado, por lo que en sentido estricto no es nombrado por el Gobernador, sino por los legisladores que tienen la investidura del voto popular de la ciudadanía. Bajo el principio anterior, el  Auditor no tiene una subordinación jurídica al ejecutivo estatal, pues en principio su cargo no depende de él, sino del Congreso, quienes tienen la facultad para removerlo o ratificarlo.

Sin embargo, suele suscitarse en diversas ocasiones que los gobernadores intentan influir dentro de las unidades de fiscalización estatales a razón de que se conciben con la autoridad plena para dirigir toda la vida pública de sus estados, dicha circunstancia ha tenido como consecuencia que el desarrollo democrático se vea limitado principalmente porque la observancia en la correcta administración y ejecución de los recursos públicos se realiza muchas veces a merced de las decisiones del ejecutivo, lo que impacta de manera negativa en la cultura de la rendición de cuentas.

La Auditoría Superior del Estado de Puebla tiene facultades para fiscalizar las operaciones que involucren recursos de la hacienda pública estatal o municipal a través de contrataciones, subsidios, transferencias, donativos, fideicomisos, fondos, mandatos, asociaciones, entre otras operaciones, por lo que en Puebla no se requiere la confrontación entre el gobernador y el auditor toda vez que esto genera un asunto de ingobernabilidad. Por el contrario, es necesario que la Auditoria del Estado realice sus funciones de manera óptima, pues no olvidemos que sus acciones son importantes para vigilar la forma en como se hace uso de los recursos públicos y su impacto en las acciones de gobierno.

A todo lo anterior, habrá que añadir que el actual auditor Francisco Romero Serrano fue electo apenas en noviembre de 2019 y su periodo de siete años concluye hasta 2026, por lo que su posible remoción tendrá un impacto en el funcionamiento institucional del Estado. Con todas estas circunstancias, Miguel Barbosa pretende que se modifique la fracción I del artículo 121 de la Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado para permitir encabezar la Auditoría a alguien que no sea de origen poblano o no cuente con residencia mínima de cinco años en la entidad; así como reformar la fracción IV, del mismo artículo para eliminar el requisito de no haber sido nombrado como titular de dependencias o entidades del Poder Ejecutivo Federal o del Estado en los tres años previos.

En el fuego cruzado de este conflicto queda el Congreso del Estado y sus legisladores, quienes tienen la responsabilidad de darle solución a este tema de la mejor manera posible sin hacer ver vulnerable a una institución como lo es la Auditoría del Estado o por el contrario sin verse rebasados por el ejecutivo estatal evidenciando muestras de una subordinación política, mostrando de manera inversa una efectiva división de poderes.

En conclusión, no perdamos de vista, las figuras legales que otorgan seguridad jurídica a los poblanos, como lo es en este caso la posible remoción del Auditor del estado, acción que debe ser a través de un procedimiento legal, así como por las causales que la misma ley establece. Al inicio de esta gestión.

Nos pidieron un voto de confianza a todos los gobernados bajo el argumento de que en Puebla se acabarían los caprichos jurídicos para poner y remover funcionarios garantizando un Estado de Derecho, hoy es cuando deben hacer valer estas promesas y mostrar a la ciudadanía que se puede pasar de una crisis en las instituciones a una gobernabilidad efectiva.

*Presidenta del Consejo Nacional PRD

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