Insurgencia en la UDLAP: cuánto ayuda para entender el poder en Puebla

Por la mañana del miércoles 9 de febrero el gobernador Miguel Barbosa afirma que ya no hay obstáculo para la reanudación de las clases en la Universidad de las Américas. Es un acto de buena fe, ha dicho. A mediodía, la Doctora Cecilia Anaya Berrios y los patronatos de la universidad y de la Fundación Jenkins a cargo de la familia Jenkins Landa le dejan claro que no asumirán el control del campus de la UDLAP si no es por la vía del cumplimiento del mandato de la justicia federal.

Resulta entonces que no es un asunto terminado.

Pero si lo que parece ser --que el gobernador recula--, es cierto, habrá que entender que ha sentido los pasos de la insurgencia de masa enojada y decidida a poner fin a las acciones contra su universidad cometidas por su gobierno con el uso de las instituciones del Estado. Ya no es tan sólo un asunto de poder y dinero. De toda esta desgracia llamada siete meses ya de cierre de la UDLAP por la fuerza pública, esta es la verdadera gran noticia.

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¿Cómo iremos a contar esta historia en un futuro cercano? ¿Cómo entender el hecho concreto, histórico, de que la movilización de masas del pasado 4 de febrero es el punto de quiebre para el destino del conflicto que sufre una de las instituciones más importantes para la vida de la sociedad poblana? ¿Por qué es necesario acudir a la  historia de los últimos cincuenta años, la que no se ha contado con rigor historiográfico, para comprender la insurgencia de la comunidad universitaria? ¿Qué significa para la vida nuestra este movimiento de clases medias ilustradas que han salido a las calles a marcarle el alto al poder que identifica como autoritario en defensa de su territorio? ¿Por qué no pudo ver un político de la experiencia de Miguel Barbosa que sus actos provocarían la insurrección de la comunidad universitaria? 

No es suficiente el simple análisis de la coyuntura política. 

En el escenario la figura de un gobernador y ese ente  que llamamos Fundación Mary Street Jenkins. Siempre ha sido una historia entre el dinero y el poder político, y es tan intrincada su relación que noo se puede entender a una sin el otro. Por un momento dejo de lado los nombres y me remito a un testamento, el que contiene las emociones de un migrante norteamericano convertido en 1960 en el hombre más rico de México, un viejo que dispone como legado de hombre práctico y, supongo, arrepentido al final de su vida, que su fortuna sirva en su totalidad para la educación, el deporte, la lucha contra el cáncer y para los niños pobres de Puebla; una riqueza a la que si se le sigue la pista se le puede encontrar acumulada en cinco décadas de la mano de su espíritu aventurero, su capacidad de trabajo, su inteligencia, su carencia de escrúpulos y su sabiduría a la hora de tratar con los hombres de poder que se le aparecen en el camino. Maximino Ávila Camacho incluido y el  primero entre todos. Es una historia la suya que, a pesar de relatos biográficos elaborados con maestría científica, como la del historiador Andrew Paxman (En busca del Señor Jenkins. Dinero, poder y gringofobia en México), se mantiene inaccesible para la descripción precisa de los vínculos forjados entre el empresario y los jefes políticos a lo largo del tiempo, y sin embargo es determinante para entender los entresijos de los mecanismos del poder en México. No se entiende Maximino sin Don Guillermo, como le llamaban en los años treinta al empresario gringo. No se entiende sin uno y otro la estructura de poder que en esos años treinta del siglo pasado fundó las bases del control político de los siguientes sesenta años. Lo propongo así porque al final de esta historia del dinero y el poder concentrados en la  Fundación Jenkins, está el destino de una institución vital para la vida de Puebla, la Universidad de las Américas, sometida a la disputa que grupos de poder fáctico mantienen por el control de los recursos que dejara para Puebla este implacable capitalista aventurero.

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A esta misma hora del mediodía del miércoles he leído en e-consulta el texto de Víctor Reynoso  "Todos pierden", y no es sencillo estar en desacuerdo con este reconocido académico miembro de la comunidad universitaria de la Universidad de las Américas Puebla, severamente afectada por las consecuencias de un parón de siete meses, provocado desde el gobierno del  Estado de Puebla. Pero justo por lo realizado en estos meses de movilización universitaria, y desde la generosidad y valentía con la que personas como Víctor han respondido a esta crisis, es que le digo a mi amigo que no estoy de acuerdo, que mucho es lo que hemos ganado en Puebla con la resistencia civil impulsada por la comunidad de la UDLAP.

A la vista del comunicado con tintes cómicos de Armando Ríos Pitter ayer martes 8 de febrero y la postura  de la Doctora Anaya Berrios, pero sobre todo ante la movilización de masas en defensa de la Universidad de las Américas ocurrida el viernes pasado, vale la pregunta sobre los procesos sociales que logran quebrar inercias históricas en las que se soportan los poderes fácticos en Puebla. De un día para otro es posible constatar que es posible enfrentar una estructura caciquil de gobierno en la que los poderes del Estado están sometidos a la figura del gobernador en turno. Una estructura que más allá de los nombres que la han encabezado se mantiene en gran medida intacta desde los tiempos de la pareja Jenkins-Maximino.

Desde esa perspectiva quiero comprender el significado de la insurgencia de la comunidad UDLAP Puebla.

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El hecho que mejor representa la precariedad poblana la encuentro en la lógica con la que históricamente se han comportado los grupos de poder fáctico, y en particular el que representa la figura del gobernador del estado: las decisiones que importan, las que soportan estructuras de control y sometimiento económico y político, se toman por fuera del ámbito de las instituciones democráticas, tanto para someter como para resistir la acción de los grupos rivales o subordinados.

La acción que ha puesto en jaque a la UDLAP es la de un gobernador que utiliza los recursos de una estructura caciquil de gobierno para cumplir propósitos de un grupo de interés fáctico. Acciones de gobierno así provocan la reacción y la movilización de las personas y grupos afectados. Derrotada en la mayoría de los casos, triunfadora en algunos otros, la insurgencia civil que provocan los actos despóticos del poder del Estado impulsa la transformación de la sociedad en sus leyes e instituciones. Contemplo la movilización de la UDLAP y hago memoria.

Pienso en Guillermo Jiménez Morales y el fraude electoral con ejército de por medio en la elección municipal de la ciudad de Puebla en 1983; en Mariano Piña Olaya con la reconquista priista de la BUAP y la represión a balazos y la cárcel contra los movimientos urbanos populares en 1989; en Manuel Bartlett con su Programa Regional Angelópolis y la expropiación a centavos de los actuales del territorio campesino en las Cholulas que incumple disciplinadamente con la causa de utilidad pública en que se justifica; en Melquiades Morales y Mario Marín y la venta a retazos de lo que quedó de centenares de hectáreas de reserva ecológica vendidas con el cambio de uso de suelo  desde el Fideicomiso Angelópolis; y en Rafael Moreno Valle con la implantación de AUDI, con fraudes probados en la compraventa de la tierra para la armadora y a un costo para los poblanos de un dólar por cada uno de los 1,300 millones que invirtieron los alemanes. Son ejemplos concretos del despotismo de estos gobernadores con jueces, legisladores y periodistas en el bolsillo, un comportamiento al que estamos acostumbrados y sometidos como se pasa del sol a la sombra extremos en un día de invierno en este valle nuestro. Un poder ejercido a la manera de jefe político porfiriano contra el que se resiste y generalmente se pierde.

Un despotismo a la manera también de Miguel Barbosa Huerta a quien el mismo hábito del poder autoritario ha vuelto monje. 

De cuando en cuando, sin embargo, la movilización de masas logra poner a estos gobernadores en su sitio: en 1982, cuando por primera vez en décadas el gobierno invierte algo para los pobres de la ciudad con los mercados Hidalgo, Morelos, Zaragoza, Héroes e Independencia para atajar el descontento de miles de comerciantes ambulantes expulsados de las calles que rodean el antiguo mercado de la Victoria por los granaderos el 28 de octubre de 1973; en 1995, cuando Manuel Bartlett maneja el estado con todas las luces de un Virrey, y por la vía del voto masivo, la ciudad de Puebla con Gabriel Hinojosa echa al PRI de la presidencia municipal por primera vez en el siglo; en el 2001, cuando la resistencia de los campesinos productores de hortalizas tumba los ánimos constructores con los que Melquiades Morales y su proyecto Autopista Milenio quiere llevar la modernidad a los rudos pueblos de Tepeaca.

No se ganó en el 2006, en la coyuntura del "Gobernador Precioso" Mario Marín, respaldado por el Presidente de la República apellidado entonces Felipe Calderón Hinojosa; tampoco en la elección de gobernador en julio de 2018, con el fraude del voto al mejor postor y la violencia criminal organizada desde el gobierno de Tony Gali. Nada valieron entonces las movilizaciones de masas. Desapareció el PRI como membrete histórico del poder político, pero lo vimos reconvertirse en el panismo morenovallista y en el morenismo barbosista.

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Escribo en mi libreta algunos de los procesos de poder y sus actores que la movilización civil de la comunidad UDLAP ha puesto en juego:

William O. Jenkins, el más poderoso capitalista de la primera mitad del siglo XX mexicano, revolución de por medio. Bien vivo a 59 años de su muerte por su decisión de pasar a la historia por la vía de su testamento y una fundación de beneficencia que impidiera que sus descendientes pelaran el capital a tarascadas en una década. El gran capitalista del nuevo Estado Revolucionario, igual como soporte que al abrigo del dictador Maximino Ávila Camacho --la otra gran herencia que nos dejó aquella hecatombe--, y quien, sin ponerlo por escrito, tuvo el tino para dejar al frente de la administración de sus caritativos bienes al principal de sus capitanes, el financiero Manuel Espinosa Yglesias, capaz de impedir que fueran los caciques locales y nacionales los que echaran por la borda y a sus bolsas lo que acumularon en cincuenta años las andanzas del habilidoso textilero, el agiotista de préstamos impagables a porfirianos en quiebra, el administrador de 23 mil hectáreas cañeras como perfecto fruto de plantación sureña en los meros años posrevolucionarios y el monopolizador de pantallas de cines a lo largo del país que proyectan las historias que entretienen a las nuevas masas urbanas de la edad de oro del cine mexicano. Dinero acumulado para el acto de contrición final y la salvación del alma del fundador.

Manuel Espinosa Yglesias. Lo que ocurre hoy en la Universidad de las Américas –sin duda su principal creación-- no puede entenderse sin la comprensión de las mecánicas de poder con las que Espinosa Yglesias gobernó por 35 años la institución Fundación Mary Street Jenkins. Él mismo convertido en gran poder fáctico empresarial con dimensión nacional al que le rinden plaza los gobernadores. Es un hecho que su presencia impidió que el gobierno de Puebla echara mano de los recursos de William O. Jenkins. Encuentro en ello la justificación de llevarse la Fundación a la ciudad de México. La constatación, sin embargo, de que con él al frente de la Fundación Jenkins quedó un conflicto no resuelto en medio siglo: los términos en los que se funda la administración de los recursos de una institución de beneficencia ideada por un particular que decidió aportarlos con propósitos específicos a la sociedad poblana. Y lo que no se cumplió de ellos. La necesidad de comprender lo ocurrido en las cuatro décadas de control de la Fundación por el banquero Manuel Espinosa Yglesias, convertido en la práctica de su poder en el verdadero heredero del norteamericano. Las decisiones que tomó todavía en vida el propio Jenkins (Ciudad Universitaria de la BUAP, el hospital de cancerología en La Paz, los clubes Alfa 2 y 3, por ejemplo), pero ya con Manuel Espinosa Yglesias como miembro del patronato; y las que tomó por su cuenta tras la muerte de aquel el banquero: algunas fundamentales para Puebla, la propia UDLA y la rehabilitación de casonas en el centro histórico, por ejemplo; pero también las que dejaron de lado disposiciones de Jenkins: desde el mismo sitio en el que sería enterrado el magnate --un espacio aparte en el Panteón Francés y no el Alfa 3 como lo había dispuesto el norteamericano--; llevarse el Patronato y el dinero de la Fundación a la Ciudad de México, el olvido del proyecto de orfanato, el abandono del hospital contra el cáncer, la inversión en proyectos fuera de Puebla, como el de la Universidad Anáhuac de los Legionarios de Cristo y la Universidad Iberoamericana, de la Compañía de Jesús.

Espinosa Yglesias no suelta la más importante de sus creaciones, la UDLAP. Tras la reprimida huelga de 1977 la recupera de todo ánimo liberal por la vía de la expulsión llana de estudiantes y profesores y la confirma como un enclave en la burbuja de Cholula. Su fortaleza académica la convierte en una de las principales universidades del país. Por su valor mercantil también: 300 millones de dólares de los 720 que reclama como bandera de su causa por recuperar los valores de la Fundación Jenkins para Puebla el gobernador Barbosa.

El Gobernador Miguel Barbosa Huerta. Es indudable su experiencia política, fincada en buena medida desde los corredores de la izquierda perredista en el poder legislativo, y las relaciones ahí construídas, para bien y para mal, son las que explican su gubernatura. Logra trepar a Morena en la coyuntura del 2018, y si goza de la ola obradorista sufre por igual la maquinaria morenovallista, así que es actor principal en la crisis política tras las elecciones poblanas del 2018-2019.  Ha entrado ahora a un juego que por historia personal y política no era el suyo. Pero ahí está, hasta donde vemos, jugando el juego del fiscal Gertz Manero. Ha recuperado las herramientas construidas apor Rafael Moreno Valle que el mismo desaparecido gobernador no se atrevió a utilizar: una legislación a modo que le permite el control por el Estado de las instituciones de beneficencia privadas, y de paso, sus recursos. Y ha tomado la decisión más catastrófica que en asuntos de educación superior ha asumido un gobernador en los últimos cincuenta años --al menos desde la decisión de Gonzalo Bautista de atacar y matar a balazos estudiantes en el Edificio Carolino en mayo de 1973--: hacerse del control por la vía de la fuerza pública de la UDLAP con el pretexto de recuperar para el Estado los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins. Miguel Barbosa ha perdido la oportunidad histórica de poner orden al fin en el problema nunca resuelto que pesa sobre la administración de los recursos de la Fundación Mary Street Jenkins. Y no le ha importado arrojar al abismo a la propia Universidad.

Y desde la figura de Miguel Barbosa contemplo el papel jugado por los poderes locales respecto de la Fundación Jenkins. En una larga primera etapa (1963-1997) cuando con Manuel Espinosa Yglesias la Fundación es decididamente un poder fáctico al que se recurre siempre y al que le rinden honores en busca de fondos para todo asunto para el que la economía de los gobiernos locales no tiene lana. Educación y cultura, por ejemplo. Y en la era del Patronato a cargo de la familia Jenkins Landa, un organismo decididamente más débil que el del banquero Espinosa. Melquiades Morales y Mario Marín dejan hacer a los Jenkins. No será el caso con Rafael Moreno Valle, quien cambia la ley que le permite al gobierno hacerse del control total de los patronatos de instituciones de beneficencia privada; es en su sexenio que la familia Jenkins Landa un mecanismo de ingeniería financiera y legal para desaparecer los recursos de la Fundación Jenkins. Justo el hecho con el que Miguel Barbosa Huerta, siete años después, justifica la toma de la Universidad de las Américas.

Alejandro Gertz Manero. La figura que probablemente tenga más que ver con el extremo al que se dejó llegar el conflicto en la UDLAP. Fiscal General de la República. Y con un pleito largo ya por la posesión de la marca y los valores contenidos en la Universidad de las Américas. Juez y parte en la disputa a la que se ha trepado Miguel Barbosa y por la que ha desbarrancado a la institución académica. No es necesario decir mucho más aquí, salvo preguntas: ¿Por qué tomó la UDLA el gobernador? ¿Necesitaba hacerlo para plantar la demanda contra el patronato Jenkins? ¿Intervienen en sus motivaciones la presión de otro poder fáctico de apellido Fiscal General de la República?

Los descendientes de William O. Jenkins. Sesenta años después, nieto-hijo (ya fallecido), mujer y bisnietos parecieran no haber asimilado la decisión del magnate en 1958 por la que se aseguró que el control del principal capital acumulado en la primera mitad del siglo XX en México no quedaría en manos de sus descendientes. Ahora, madre e hijos en una reyerta de odios en la disputa de unos bienes que no son suyos. Guillermo Jenkins de Landa, denuncia en el 2016 penalmente a su padre, hermanas y hermanos por fraude y desvío de recursos en contra de esa institución de asistencia privada. La Procuraduría General de la República del gobierno de Peña Nieto investiga y concluye que no hay delitos que perseguir. La Fiscalía General de la República del gobierno de López Obrador, la del fiscal Gertz Manero, autoriza la revocación del No Ejercicio de la Acción Penal, del que derivan las órdenes de aprehensión contra los Jenkins Landa, y sienta las bases para que el gobierno de Puebla soporte el reclamo legal sobre la Universidad de las Américas Puebla y su toma por la fuerza.

El Patronato de la Fundación Mary Street Jenkins bajo el control de la familia Jenkins Landa. Con él las historias se entrecruzan. Ya no está el poderoso banquero Espinosa, por tanto ya no están tan a la mano los gobernadores serviles. De hecho, en el 2010 llega un gobernador con aires de Maximino. Sí están los negocios paralelos de los bisnietos Jenkins, y sí la disputa por el control de las decisiones en el Patronato. Justo en pleno gobierno de Moreno Valle se suceden los pleitos y las denuncias penales en la familia Jenkins, los cambios a la ley estatal sobre las instituciones de beneficencia pública y la decisión del Patronato de sacar del país el patrimonio de la Fundación Jenkins, incluyendo el más valioso, la Universidad de las Américas.

La Universidad de las Américas Puebla. La UDLAP. A la vista tengo el desplegado firmado por 288 profesores y empleados de la universidad en la que demandan que el gobernador deje de meter las manos en la universidad. Por décadas una burbuja disociada de la realidad poblana, un enclave neutro que no se inmiscuye en los asuntos públicos, pasa de repente a ser actor principal y escenario de los recurrentes conflictos sociales en una sociedad en crisis. Por el conflicto, ese patrimonio de la Fundación Mary Street Jenkins valorado en 300 millones de dólares adquiere la dimensión que verdaderamente tiene: el de una institución educativa que representa una de las principales fortalezas de la sociedad poblana. Es mucho más que un objeto en disputa entre unos particulares en guerra civil y el gobierno del estado que le ha metido mano.

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Los partidos políticos son aparatos de empleo de grupos de poder fáctico, y la actuación de unos y otros en el ejercicio del poder, como dicen en sus discursos sus dirigentes, no hace más que confirmarlo. Los movimientos populares se atrincheran en los barrios y pueblos y dan sus propias peleas.

Las organizaciones de la sociedad civil apenas sobreviven en sus ámbitos domésticos, pero alcanzan a conformar movimientos muy serios como el de las organizaciones ambientales, feministas y de derechos humanos.

Las instituciones de educación superior, las universidades BUAP, Ibero Puebla, UPAEP, la UDLA, en muchos sentidos son la mejor representación de la sociedad civil organizada, pero son también expresión de grupos de poder fáctico sometidos por sus intereses particulares. Y sin embargo, han conformado un llamado Consorcio Universitario –sin participación de la universidad pública, hay que decirlo-- frente al despotismo en el sexenio de Rafael Moreno Valle y se plantan como un único factor crítico ante conflictos concretos generados por el abuso de poder.

Pienso en estos actores frente a la trama que se vive ya desde hace siete meses en el entorno de una de las principales instituciones con las que cuenta la sociedad poblana, la Universidad de las Américas Puebla en su campus cholulteca. Y por ahora no tengo más que esperanzadoras preguntas:

¿Qué es lo que se juega de fondo en este conflicto, desastroso por donde se le mire salvo por la vitalísima movilización civil que ha provocado y de la que derivo esta reflexión? ¿Qué resistencia popular es la que ha obligado al gobernador Barbosa a abandonar el campo minado en el que metió a su gobierno? ¿Qué futuro se construye entonces con la insurgencia de la comunidad UDLAP? ¿Qué representa la UDLAP como organización de la sociedad civil?

La que se logra caracterizar en los nombres Fuerza UDLAP, Padres UDLAP,  #YoSoyUDLAP, #udlaplibre, y los que resulten, alcanza hasta este mediodía para someter al poder fáctico representado por el actual gobernador de Puebla. Contra todos los esfuerzos del poder público en el estado, la movilización del viernes 4 de febrero al parecer ha obligado a Miguel Barbosa a ceder.

Con los Jenkins y su lamentable guerra civil, con la intervención del fiscal Gertz Manero que judicializa el conflicto por la Fundación y con la toma del campus con la fuerza pública por Miguel Barbosa se ha desencadenado lo que pudiera y debiera ser ya el capítulo final de una historia de desencuentros por el control y destino de los recursos legados por el magnate norteamericano para beneficencia de una sociedad, la poblana, que demanda desde la insurgencia civil un comportamiento racional fundado en la ley y las instituciones de un Estado democrático.

Justo el que no tenemos.

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