En días pasados el coordinador de la bancada del PAN, Eduardo Alcántara Montiel, envió una propuesta al Congreso del Estado, cuyo planteamiento es la desaparición de cinco de las diecisiete juntas auxiliares del municipio de Puebla, presuntamente porque las demarcaciones ya no tienen sentido de pertenencia como pueblos originarios.

Al respecto, lo primero que se debe tomar en consideración independientemente de los motivos en que funde su propuesta, es la naturaleza jurídica de una Junta Auxiliar, los derechos adquiridos y cuál sería la ruta jurídica para desparecer estas juntas auxiliares. Lo anterior, porque no se tomó en cuenta el sentir de la ciudadanía, pues basta y sobra tener el poder que se confiere para cambiar realidades de plumazo.

En primer lugar, la Ley Orgánica Municipal le otorga la naturaleza jurídica de órganos desconcentrados de la administración pública municipal estando supeditados al Ayuntamiento del Municipio del que formen parte, además están sujetos a la coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública municipal en aquellas facultades administrativas que desarrollen dentro de su circunscripción. El vínculo de información e interacción será la Secretaría de Gobernación Municipal o su equivalente en la estructura administrativa.

Las Juntas Auxiliares al ser un órgano desconcentrado de la administración pública municipal, tienen como función prestar a los ciudadanos de esa comunidad los servicios públicos de una manera más rápida, por lo que en consecuencia tiende a facilitar la ejecución de las leyes administrativas, pero como lo establece la ley orgánica, los órganos superiores como lo es el Ayuntamiento de Puebla, conserva íntegramente sus poderes de mando, control, revisión, decisión, vigilancia, etc.

Si entendemos su naturaleza, no es prudente antes de proponer algo de esta naturaleza, no tomar en consideración a la ciudadanía o a la autoridad de quien dependen, que en este caso es el presidente municipal Eduardo Rivera, o el secretario de gobernación, Jorge Cruz Lepe, dado que tienen más autoridad en el tema de estas cinco Juntas Auxiliares, referente a si cumplen o no con la función para las que fueron creadas.

En un segundo lugar, analicemos los derechos humanos adquiridos por los ciudadanos a través de los plebiscitos en las Juntas Auxiliares. Estos derechos son progresivos, de ahí que sea importante preguntarse ¿cuál será la ruta jurídica para eliminar esos derechos humanos que se reconocieron a nivel constitucional y legal? Al no presentarse ningún mecanismo jurídico que, a través de un decreto de reforma, sea suficiente para anular derechos humanos. O ¿será suficiente una reforma legal? De ser así, la reforma sería un retroceso en la conquista de los derechos humanos para volver a un autoritarismo legislativo.

En tercer lugar, porque no proponer fortalecer dichas instituciones, a través de una verdadera reforma normativa, que venga desde la Constitución Local y se aterrice en la Ley Orgánica Municipal, para que se regule de forma clara el proceso de renovación, financiamiento, fiscalización, etc. Con la intención de darles una verdadera identidad, que no es que no la tengan, pues convencida estoy que los ciudadanos de estas cinco Juntas Auxiliares están plenamente identificados con ellas. Por lo que hace falta fortalecer a estos organismos desconcentrados que han cumplido y cumplen una labor fundamental en la administración municipal.

La falta de una regulación y planeación política dentro de las juntas auxiliares a lo largo del tiempo ha traído como consecuencia la falta de continuidad en proyectos que pretendan mejorar el desarrollo social dentro de estas zonas municipales. Las Juntas Auxiliares en el caso del municipio de Puebla son un factor clave para el fortalecimiento administrativo municipal, ya que son una célula social dentro de sus funciones al descentralizar una serie de trámites que podrían entorpecer y saturar el funcionamiento municipal. Sin embargo, tal parece que, ante la opacidad regulatoria y desconocimiento fáctico de las Juntas Auxiliares, es mucho más fácil tomar decisiones desde el escritorio que podrían afectar más que lograr beneficios políticos, administrativos y sociales.