Hace unas semanas, la 4ª edición del Índice de Capacidad para Combatir la Corrupción (CCC), realizado por la American Society y el Council of the Americas (AS/COA) y Control Risks, arrojó que la lucha contra la corrupción presentó un panorama híbrido en Latinoamérica durante 2021.

El estudio presentado anualmente por el Consejo de las Américas y que clasifica a 15 países de América Latina según la eficacia con la que pueden combatir la corrupción, reveló que nuestro país sigue en una línea descendente desde 2019. Este año, México cayó del puesto 11 al 12; su puntuación global continuó con una trayectoria descendente, cayendo casi un 5% en 2022, y un 13% desde 2019.

El documento presentado indica que “algunos países mostraron resiliencia, mientras que otros, incluidos los dos países más grandes de la región, México y Brasil, sufrieron nuevos reveses en instituciones claves y en el entorno anticorrupción en su conjunto”.

El escenario general, en 2022, fue de relativa estabilidad tras los claros retrocesos de los últimos años. Varios gobiernos hicieron de la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de las instituciones una prioridad. En particular, señala que el entorno anticorrupción se mantuvo estable incluso en países donde hubo elecciones recientes como Chile, Costa Rica, Ecuador y Perú, lo que indica la fortaleza de ciertas instituciones clave.

En lugar de medir los niveles percibidos de corrupción, el Índice CCC evalúa y clasifica a los países en función de la eficacia con la que combaten la corrupción. Se considera que los países con una puntuación más alta tienen más probabilidades de que los actores corruptos sean enjuiciados y sancionados y la impunidad continua es más probable en los países situados en el extremo inferior de la escala.

El Índice toma en cuenta diversas variables como la independencia de las instituciones judiciales o los recursos disponibles para combatir los delitos de corrupción. Los países con los puestos más altos en el Índice se consideran más propensos a ver a los actores corruptos procesados.

El país con mayor puntuación en el Índice CCC 2022 es Uruguay (7.42 sobre 10); le siguen Costa Rica (7.11), Chile (6.88), Perú (5.66), República Dominicana (5.19), Argentina (5.04), Panamá (4.96), Colombia (4.87), Ecuador (4.82), Brasil (4.76), Paraguay (4.45), México (4.05), Guatemala (3.38), Bolivia (2.57) y Venezuela (1.63).

Para el caso de México, el estudio revela que nuestro país experimentó retrocesos en todas las categorías, pero el descenso más pronunciado se produjo en la de democracia e instituciones políticas.

En el reporte se hace referencia a los esfuerzos del Poder Ejecutivo para interferir en asuntos legislativos y judiciales, y subraya los ataques al Poder Judicial y a instituciones públicas autónomas como el Instituto Nacional Electoral (INE), la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE), y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), entre otros.

Resalta que la propuesta del Ejecutivo de desaparecer a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), “afectaría los esfuerzos institucionales para combatir la corrupción”.

Además, la propuesta de poner a la Secretaría de la Función Pública (SFP) a cargo tanto de las contrataciones públicas como de la supervisión del gasto público, “podría socavar la transparencia y la rendición de cuentas, ya que la SFP se auditaría a sí misma en lugar de que los organismos autónomos supervisen el gasto público”.

Si bien este reporte muestra que México se encuentra por debajo de la media regional en la variable que evalúa la independencia y eficacia de los organismos anticorrupción, rebasa la media de la variable referente al acceso a la información pública y transparencia general del gobierno, así como la de movilización de la sociedad civil contra la corrupción.

En cuanto a la variable de calidad de la prensa y del periodismo de investigación, nuestro país se encuentra exactamente en la media del Índice, lo cual refleja la utilidad social de una de las principales herramientas para el periodismo de investigación: la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).

El ejercicio del derecho de acceso a la información en nuestro país, a través de la PNT, ha servido para documentar casos de corrupción que han impactado en la opinión pública y ha permitido a la sociedad en general tener resultados palpables y comprobables con documentación que obtienen los responsables de documentar los casos de corrupción, sin embargo, hay otros rubros en los que debemos poner atención para lograr avanzar lugares en los próximos años.

Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionada presidenta del INAI