Carbón rojo: explotación y muerte

Para el presidente de México la tragedia ocurrida en la mina El Pinabete, Sabinas, de Coahuila, en donde están atrapados 10 mineros desde el 3 de agosto, fue cuestión de “mala suerte”. Así resume su cerebro esta tragedia humana. Pero López Obrador guarda silencio sobre la explotación de los mineros, los accidentes, la muerte bajo tierra, sus pésimos salarios y, desde luego, no critica a quienes se enriquecen con el trabajo de los mineros. Nada de eso. Para el señor de las “mañaneras” todo fue cuestión de “mala suerte”. Y ese es parte del problema del país: la mala suerte del Covid y su millón de muertos, la mala suerte de vivir bajo las matanzas y masacres desatadas por el crimen, la mala suerte de los pésimos salarios y el aumento en el costo de la comida. La “mala suerte” de ser mexicano y tener un presidente que no sabe hilar una idea para resolver los problemas que, literalmente, nos están matando. Expliquémonos.

“Hay veces que está bien caliente [bajo la tierra], a veces te sientes bien afogado, no cualquiera [se mete de minero]”, le dice Pedro Sánchez Martínez al reportero Víctor Gamboa de El Universal (16 de agosto de 2022) y continúa el texto:

–¿Les falta el oxígeno?

–A veces sí.

–¿Qué les lleva a meterse en una mina? 

–La necesidad más que nada. Tiene que chingarle uno.

–¿Les gustaría que sus hijos siguieran este oficio?

–En realidad no.

Pedro Sánchez sostiene: ellos son mineros por la necesidad. Ahí se juegan la vida. Como actualmente se la juegan los 10 mineros atrapados en Pinabete o, antes de ellos, los 65 de Pasta de Conchos y miles más que mueren atrapados por la tierra o ahogados o por inanición o deshidratación, cuando, como dijo el presidente, les toca la “mala suerte” de un derrumbe, una explosión o una intoxicación. El 13 de agosto, “los familiares de los 10 mineros declararon en una rueda de prensa improvisada que están cansados de recibir <<constantes mentiras>> de los avances del rescate. Exigieron la destitución de la coordinadora Laura Velázquez Alzúa [coordinadora nacional de Protección Civil]. <<Pienso que le están apostando a que nos cansemos y nos resignemos>>, declaró Magdalena Montelongo, familiar de Jaime Montelongo, el minero que ingresó a la mina para ayudar a sus compañeros pese a que él se encontraba a salvo”, narra ejecentral.com.mx. Los familiares, desde esa fecha, piden ayuda del extranjero para sacar a los mineros o sus cuerpos.

El Pinabete, como cientos de minas, desde 2021 tenía contratos con la Comisión Federal de Electricidad, porque AMLO se comprometió a que la CFE le compraría carbón a los mineros locales, el 4 de mayo de 2019. Bajo esta promesa, el director de la CFE, Manuel Bartlett, se fue a Coahuila a contratar… aunque se tratara de pozos de carbón rojo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reconoció hace unos días que no tenía conocimiento sobre la actividad en esa mina, pero para quitarse la culpa dijo que “la concesión se dio en el sexenio de Fox y también como una actividad irregular, sin los permisos adecuados”. Ahora, la secretaria Luisa María Alcalde quiere tapar el pozo, después de que ya se ahogó el niño, y sostiene: “no puede haber impunidad”. Pero la hubo, la dejaron pasar y vemos, una vez más, cómo los funcionarios de Morena atacan al pasado para no cargar las culpas de sus malas acciones en el presente. AMLO se los enseñó. Pero eso, señora Alcalde, de nada le sirve a los mineros que se están muriendo en El Pinabete.

En el informe Carbón rojo, la Familia Pasta de Conchos documenta que desde 1883 y hasta 2017 en Coahuila se han registrado 310 accidentes que provocaron la muerte de tres mil 103 muertos. “Le llaman ‘carbón rojo’ porque los que saben del tema conocen que va teñido de sangre. Las cifras muestran que la extracción de ese mineral en México ha dejado en los últimos 15 años al menos 80 mineros muertos, 76% de ellos en accidentes en pozos como el de El Pinabete, en Sabinas, Coahuila. En el norte del país, miles de hombres descienden a las entrañas de la tierra para ganarse la vida o para perderla. A través de elevadores, los hombres descienden a una profundidad de más de 60 metros y lo hacen sin equipo de seguridad, sin salidas de emergencia y sin contratos o, en el mejor de los casos, subcontratados, por lo que en caso de perder la vida, sus viudas e hijos sólo podrían aspirar a recibir menos de 100 pesos de pensión al día”, dice el portal política.expansion.mx en su texto “El ‘carbón rojo’: vivir de la extracción de mineral y arriesgar la vida”.

En “Tragedia de mineros: ¿quién los defiende?”, publicado por la revista buzos el 15 de agosto, Omar Carreón Abud sostiene: “La riqueza la produce la fuerza de trabajo en acción. En pocas ramas de la producción se aprecia tan claramente como en la minería este descubrimiento de Carlos Marx. Al obrero se le paga el valor de su fuerza de trabajo, es decir, lo que necesita para vivir, y lo que necesita para vivir son 150 pesos por tonelada (…) y en el mercado internacional [la tonelada] se vende a cuatro mil 104 pesos con 64 centavos, lo que arroja una diferencia de tres mil 954 pesos con 64 centavos por cada tonelada extraída. La tonelada de carbón térmico se vende, pues, a un precio que es 27.36 veces mayor que lo que se le paga al obrero. Esto es lo que Carlos Marx denominó plusvalía y explica las inmensas ganancias del capital”, es decir, de cada empresario que explota a los mineros.

Y los precios suben… y las ganancias también. Del total del carbón producido en Coahuila, el 39% es de carbón térmico, el 47% de carbón coquizable y el 14% restante es carbón lavado. De acuerdo con el director del Centro de Investigación en Docencia Aplicada de la Universidad Autónoma de Coahuila, Luis Fernando Camacho Ortegón, “a escala mundial, una tonelada de carbón coque cuesta alrededor de 600 dólares”, es decir, unos 12 mil pesos. Además, de acuerdo con un reporte del SAT y la Universidad Autónoma de Coahuila, publicado a finales de junio pasado, en el sector minero se detectó una posible evasión fiscal por 19 mil 134 millones de dólares.

Coahuila tiene casi la totalidad de las reservas de carbón en el país. El carbón, desde luego, genera mucho dinero y ganancias. Y en el sexenio de Morena en la presidencia se le ha dado vida. Y es que la Reforma Energética que impulsó el gobierno de Peña Nieto tenía como una de sus metas reemplazar la electricidad que genera el carbón (el 9% del total nacional) por energías limpias. “Estábamos en un plan de desmantelamiento, era nuestra extinción”, le dijo Eulalio Gutiérrez, secretario general del sindicato de trabajadores de la Termoeléctrica Carbón II a El País, en abril de 2019. Pero todo cambió con la llegada de Andrés Manuel de Morena a la presidencia el 1º de diciembre de 2018. <<La nueva administración quiere que “las centrales que actualmente están trabajando con carbón se sostengan hasta el término de su vida útil”, dice al mismo diario el director de Operaciones de la CFE>>. El problema es que el carbón genera riqueza: En Coahuila, el negocio del carbón mueve, por lo menos, unos 500 millones de dólares anuales o poco más de 10 mil millones de pesos cada año. El País cierra su nota con la declaración de un empresario: “Aquí todos quieren meter su cuchara, por la gran derrama económica. Nadie está dispuesto a dejar morir el negocio, porque implica capital político y económico”. El primero sirve para conseguir el apoyo de la gente y el segundo para pagar campañas políticas.

En el negocio del carbón hay crimen, empresarios y políticos. Una importante célula de Los Zetas se estableció en la zona y se dedicó a la explotación del carbón. “El carbón se convirtió en una fuente de financiamiento para los narcotraficantes”, declaró en 2012 el gobernador Humberto Moreira. Las empresas más importantes que operan en la región son Grupo México, la cuarta empresa más grande del país y propiedad de Germán Larrea Velasco, que fue la causante de la muerte de 65 mineros en 2006 en Pasta de Conchos, así como la empresa Altos Hornos, vendida por el gobierno mexicano a Alonso Ancira Elizondo en 1991, y que también se ha visto envuelta en graves escándalos, como las acusaciones contra el exdirector de Pemex Emilio Lozoya. Entre los políticos, destacan algunos priistas, otros panistas y, ahora, los morenistas. Cambian según el sexenio. El reportaje “Carbón o vida en Coahuila” de El Universal dice: “Uno de ellos es el candidato a la gubernatura por Morena, Armando Guadiana, empresario que tiene concesiones de minas en Coahuila, Zacatecas y Baja California. En 2016, una filtración de una llamada telefónica reveló que su hija vivió en España con Paola Muñoz, hija de Juan Manuel Muñoz, representante de Los Zetas en Europa, que fue detenido en Madrid en marzo de ese año. En el comercial donde se promociona aparece con sombrero, pañuelo, saco y camisa blanca, junto a Andrés Manuel López Obrador: “Coahuila no merece gobernantes corruptos que quieran aprovecharse para enriquecerse ilegalmente”, dice el hombre de sombrero”.

Todos ellos se enriquecen con el sudor y la muerte de los mineros. ¿Y quién defiende a los mineros? El ahora senador morenista Napoleón Gómez Urrutia no lo hace, aunque se ha dado la vida de lujo gracias a ellos. ¿Los otros sindicatos? Nunca. A los mineros, esos que todos los días se queman los pulmones bajo la tierra, los debe defender el pueblo mexicano, la clase obrera de nuestro país. Y, en primer lugar, desde luego, los antorchistas.

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