El paquete de iniciativas que envió el presidente de la República a la Cámara de Diputados es un nuevo andamiaje jurídico que busca recuperar la esencia de nuestra Carta Magna y echar abajo de una vez por todas las leyes que fueron creadas para beneficiar al antiguo régimen.

Una de ellas, que el Poder Judicial de la Federación esté al servicio del pueblo de México y que la impartición de justicia en el país deje de beneficiar solo a los grupos de intereses creados. 

Hemos sido testigos, que las decisiones del Poder Judicial de la Federación han sido para proteger a quienes se sienten dueños de nuestra patria. 

La semana pasada, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió declarar la inconstitucionalidad de los cambios a la Ley de la Industria Eléctrica, vigentes desde el 10 de marzo de 2021, que favorecían a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por sobre los privados en la generación de electricidad.

Pero esto no es nuevo, desafortunadamente la ley en nuestro país se pone al servicio del mejor postor y para beneficiar a los grupos oligárquicos del país. 

No puede haber justicia si los órganos responsables de garantizarla muestran incapacidad o desinterés en cumplir con sus deberes constitucionales, o peor aún, privilegian los intereses de grupos de poder creados que son contrarios al interés público.

Y contrario a lo que acusa la oposición de ninguna manera se busca acotar al Poder Judicial de la Federación, sino fortalecerlo y que este tenga como único jefe al pueblo de México.

Con la reforma buscamos garantizarle a la ciudadanía participar activamente en los procesos de elección de las Ministras y Ministros de la SCJN, las Magistradas y Magistrados de Circuito, las Juezas y Jueces de Distrito y las Magistradas y Magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), así como de quienes integran los órganos de disciplina del Poder Judicial de la Federación, con el propósito de que sus integrantes sean responsables de las decisiones que adopten frente a la sociedad y que sean sensibles a las problemáticas que aquejan a la ciudadanía.

Se pretende modernizar al Poder Judicial para que esté a la altura de los retos del país y de las demandas de la sociedad, y para que su conformación y actuación cuente con el respaldo y la legitimidad democrática necesarias para hacer valer sus decisiones. Además, se busca establecer órganos efectivos para combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, el tráfico de influencias y los abusos que existen al interior del Poder Judicial, abriéndolo al escrutinio público para que se conduzca con transparencia y rendición de cuentas frente a la sociedad. 

Por otra parte, en el tema electoral, las reformas enviadas por el titular del Ejecutivo Federal, tienen la finalidad de fortalecer el sistema democrático y que esté deje de ser tan costoso para los mexicanos y que verdaderamente se representen los intereses de la ciudadanía. 

Se propone eliminar 200 diputados federales plurinominales y 64 senadores, para dejar en 300 el número de integrantes de la Cámara de Diputados electos por mayoría en igual número de distritos y con 64 integrantes del Senado, dos electos por cada entidad federativa según el principio de mayoría relativa. 

En materia de revocación de mandato y consulta popular, se propone reducir a 30% la participación requerida para que sus resultados sean vinculatorios. Asimismo, se homologa la fecha para realizar la revocación de mandato para el mismo día de las elecciones ordinarias para elegir diputadas y diputados al Congreso de la Unión, así como la consulta popular.

También, se propone reducir a la mitad el financiamiento público a los partidos políticos respecto de sus actividades ordinarias y para el gasto de campañas durante la contienda electoral. Lo anterior obedece a la necesidad de que nuestro régimen de partidos no genere costos injustificados ni incongruentes.

Sin ninguna duda, las reformas contarán con el apoyo del Grupo Parlamentario en el Congreso de la Unión, del cual tengo el honor de formar parte, ya que las enmiendas tienen el objetivo de fortalecer los principios relacionados con el humanismo, la justicia, la honestidad, la austeridad y la democracia, que, desde el inicio de la presente administración, hemos postulado y llevado a la práctica desde los orígenes del actual movimiento de transformación nacional.

Hasta el último día y minuto de la actual LXV Legislatura, estoy comprometida en apoyar los proyectos parlamentarios que fortalezcan los derechos y garantías que demanda el pueblo de México para garantizar su bienestar y felicidad. 

Julieta Kristal Vences Valencia 

Presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados