Los ciudadanos se ven obligados a lidiar con la arbitrariedad de oficiales que, en lugar de proteger, se convierten en agentes de coerción.
La Guardia Nacional, que fue establecida con la misión de proporcionar seguridad y proteger a los ciudadanos, cada día va perdiendo su credibilidad ante la opinión pública. A medida que se acumulan los informes sobre abusos y malas prácticas, se hace evidente que esta institución no está cumpliendo con su deber fundamental de brindar protección y confianza a la sociedad. Las miles de denuncias diarias que se generan son un claro indicador de esta crisis de legitimidad. Uno de los problemas más alarmantes es el fenómeno de las multas injustificadas. Los ciudadanos se ven obligados a lidiar con la arbitrariedad de oficiales que, en lugar de proteger, se convierten en agentes de coerción. La situación es especialmente crítica en las autopistas como la México-Puebla y el Arco Norte, donde el transporte de carga público está continuamente expuesto a robos. En estos tramos, resulta desalentador observar que, en lugar de ofrecer apoyo a los conductores, los elementos de la Guardia Nacional parecen más interesados en imponer sanciones que en garantizar la seguridad de las rutas. Las vivencias de los transportistas son preocupantes. Un caso típico que ilustra esta problemática es aquel en el que, al no ofrecer un soborno —el famoso "refresco"— a los oficiales, el conductor se convierte automáticamente en blanco de una infracción. El procedimiento es sistemático: el oficial emite una multa en hoja de remisión, especificando costos que pueden alcanzar los 10 mil pesos por infracciones menores, como la inoperancia de un foco en el vehículo. Es sabido que este tipo de infracciones muchas veces no reflejan un problema real, sino que forman parte de un juego que ridiculiza la justicia. Si el conductor decide aceptar la multa y firma, la situación no mejora. Se le ofrecen “descuentos” en base a la aceptación de la culpabilidad, haciendo que el ciudadano se sienta todavía más como una víctima en un sistema diseñado para penalizarlo. Este mecanismo pone de manifiesto una estructura bien organizada dentro de la Guardia Nacional, que se involucra en prácticas que no solo son cuestionables, sino que también atentan contra el bienestar de la comunidad. También es común que un segundo oficial esté encargado de llamar a un centro de atención telefónica para garantizar la validez de la multa, un proceso que revela la falta de transparencia y la condescendencia hacia el ciudadano. La función de la policía, que debería ser la de proporcionar seguridad, ha cambiado a convertirse en una fuente de estrés para muchos. En vez de aliviar las preocupaciones sobre la seguridad en las vías más peligrosas, como se espera de ellos, los ciudadanos viven en constante incertidumbre. Cada encuentro con un elemento de la Guardia Nacional puede generar una taquicardia anticipada, ya que no se sabe si uno se enfrentará a una infracción, a cuestionamientos arbitrarios o a intentos de extorsión. Este ambiente de desconfianza no solo afecta a aquellos que transitan por las carreteras, sino que también tiene repercusiones en la percepción de la Guardia Nacional como una institución. La falta de acción ante estos abusos representa un fallo en la búsqueda de brindar tranquilidad a la población. Se hace urgente una revisión crítica de las prácticas instauradas dentro de la institución, y una reestructuración que garantice un ejercicio efectivo de la autoridad, basada en el respeto y la protección de los ciudadanos. |
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