Los baches nuestros de cada día

La temporada de lluvias en Puebla no solo trae consigo encharcamientos y calles inundadas, también destapa el rezago histórico en la pavimentación. 

El deterioro de las vialidades en Puebla se repite cada año como un ciclo sin fin. Los baches, amplificados por la temporada de lluvias, confirman que la aspiración electoral de contar con “calles dignas” nunca se concreta en cada triénio. No es casualidad que sea precisamente este el momento de mayor desgaste para quienes asumen la alcaldía de la ciudad y de más profunda frustración para la población harta de esquivar hoyos y de gastar en reparaciones a sus vehículos y que la autoridad no asume. 

No se trata de una anécdota exclusiva de Puebla y de las capitales. Otras ciudades del país comparten la misma problemática: un parque vehicular desbordado, transporte pesado sin regulación que acelera el desgaste y licitaciones públicas donde el ahorro inmediato y la máxima ganancia vale más que la durabilidad de la obra. El resultado es predecible: calles parchadas, obras que no duran ni un par de años y una ciudadanía cansada de esquivar baches que parecen cráteres.

Lo preocupante es que el problema es estructural y va más allá de un trienio municipal. Ninguna administración de tres años puede revertir décadas de abandono, crecimiento urbano desordenado y materiales de baja calidad utilizados en las pavimentaciones. Sin embargo, los gobiernos insisten en soluciones cosméticas: numerosas brigadas de bacheo, reencarpetados superficiales y campañas espectaculares que pocas veces se reflejan en mejoras tangibles.

Hoy la magnitud del problema obliga a que los gobiernos estatales intervengan más allá de acciones emergentes. En sexenios anteriores, la participación estatal solía darse solo cuando la mala imagen por los baches también alcanzaba al Ejecutivo; sin embargo, la realidad actual demanda un compromiso distinto: etiquetar recursos específicos y permanentes para la rehabilitación de vialidades, de modo que el tema deje de depender de coyunturas políticas y se atienda como una prioridad estructural.

Las causas son múltiples. La corrupción que infla contratos y reduce el alcance real de las obras. La planeación deficiente que ignora el tipo de suelo o la resistencia necesaria para el tránsito de transporte pesado. El mantenimiento correctivo en lugar del preventivo, que termina costando el doble. Y, en el trasfondo, una lógica electoral que privilegia la inmediatez sobre la sostenibilidad.

En mi paso por la administración municipal, con la mirada en el lado institucional, entendí que el bacheo, dada la magnitud del rezago, es la peor inversión de un ayuntamiento. Es literal, dinero tirado a la calle. Es un gasto paliativo que sólo beneficia a proveedores y constructoras.

¿Se puede resolver? Sí, pero no bajo el calendario electoral que rige a los gobiernos municipales. Se necesita un plan multianual de infraestructura que trascienda administraciones, con metas claras, como concreto hidráulico en calles ya venidas de alto tráfico, implementación de tecnologías modernas como asfaltos poliméricos y una supervisión ciudadana real que impida que las promesas se diluyan en el discurso. De lo contrario, seguiremos atrapados en el ciclo de siempre: cada temporada de lluvias, baches; cada temporada electoral, promesas.

Así como existe la agenda 2030, en la que todos los órdenes de gobierno etiquetan recursos y políticas públicas para alcanzar los objetivos del desarrollo sustentable, es necesaria una agenda 2040 o 2050 encaminada a la mejora de vialidades. 

Quienes la inicien, no alcanzarán el aplauso inmediato, pero podrán tomarse la foto y pasar a la historia como quienes optaron por atender con seridad y visión de futuro el problema, quienes la continúen darán muestra de madurez y convicción de servicio. 

No basta con tapar baches ni con inaugurar reencarpetados de ocasión. Puebla necesita una inversión inteligente y estratégica, acompañada de una política anticorrupción y de transparencia real, que señale sin titubeos a las constructoras que entregan obras mediocres y premie a las que cumplen con calidad. Urge también una legislación que limite el tránsito pesado que destruye las calles - incluido el transporte público-, y, sobre todo, una cultura ciudadana activa, capaz de vigilar, exigir y defender su derecho a transitar por vialidades seguras y dignas. 

Al final, la pavimentación es un tema de política en el sentido más inmediato: lo que se ve, lo que se pisa, lo que impacta todos los días. Y mientras las y los poblanos tengan que esquivar hoyos en lugar de transitar con seguridad, cualquier alcalde en turno cargará con el costo político. Porque los baches no solo dañan los autos, también desgastan la credibilidad.

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