Miércoles 20 de Agosto de 2025 |
Por años, Tlaxcala se ha mantenido como un estado relativamente tranquilo en comparación con otras entidades del país. Sin embargo, la aparición del grupo delictivo La Barredora está cambiando este panorama, y lo hace de manera alarmante. Su presencia no es casual: está directamente ligada al robo de gas LP y otros hidrocarburos, un negocio ilícito altamente lucrativo que concentra la violencia en municipios como Ixtacuixtla. Lo que preocupa no es solo la capacidad de expansión de este cartel, sino la pasividad de las autoridades estatales frente a esta amenaza. La gobernadora Lorena Cuéllar ha permanecido en silencio ante estos hechos, sin emitir pronunciamientos ni medidas concretas que den seguridad a la población. Este desdén por la gravedad de la situación transmite un mensaje peligroso: que el crimen organizado puede operar con relativa impunidad mientras la autoridad observa desde la distancia. La disputa por el control del robo de hidrocarburos en Tlaxcala no es solo un problema de seguridad; es un síntoma de la vulnerabilidad social y económica que permite a estos grupos asentarse rápidamente. La violencia que hoy observamos no es aleatoria: es el resultado de un mercado ilícito que mueve millones y que enfrenta a bandas rivales en una lucha despiadada por el territorio. Mientras no haya una estrategia integral —que combine operativos efectivos, inteligencia policial, prevención social y coordinación entre niveles de gobierno—, grupos como La Barredora seguirán consolidando su presencia, poniendo en riesgo a comunidades enteras. La seguridad no puede seguir siendo reactiva; requiere voluntad política, acción concreta y visión de largo plazo. El silencio oficial frente a este fenómeno criminal no solo pone en peligro a los ciudadanos; erosiona la confianza en las instituciones y deja ver que la protección de la población no es prioridad. Tlaxcala necesita decisiones claras, recursos y acciones inmediatas. De lo contrario, lo que hoy son focos aislados de violencia podrían convertirse en un problema estructural que difícilmente se pueda controlar. La Barredora no espera, y la ciudadanía tampoco debería hacerlo.
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