Miércoles 10 de Septiembre de 2025 |
En México, la seguridad se ha convertido en una de las principales preocupaciones sociales. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU 2025) del INEGI, seis de cada diez personas consideran inseguro su barrio o colonia. Este dato refleja un sentir colectivo que no depende exclusivamente del número de policías o patrullas en las calles, sino de la forma en que se construye la vida comunitaria. Alumbrado público, espacios limpios, parques activos y confianza entre vecinos son factores determinantes para que las personas se sientan seguras en su entorno inmediato. No obstante, el modelo tradicional de política pública en seguridad sigue privilegiando la lógica punitiva. La narrativa dominante propone que más policías, más patrullajes y más detenciones constituyen la respuesta esperada frente a la violencia y la delincuencia. Esta visión, aunque necesaria en ciertos momentos, resulta limitada e insuficiente si lo que buscamos es seguridad sostenible. La experiencia nacional e internacional muestra que no es posible alcanzar resultados duraderos únicamente desde la reacción policial. En este sentido, la academia ofrece un marco crítico y propositivo. Fernando Carrión (2008) advierte que la ciudad no debe entenderse solo como escenario del delito, sino también como el lugar donde se generan las soluciones colectivas. La urbanización de la violencia en América Latina, sostiene Carrión, obliga a repensar la relación entre espacio público y seguridad, entendiendo que las dinámicas sociales y comunitarias son tan relevantes como la acción policial. De manera complementaria, Lucía Dammert (2012) propone que la seguridad ciudadana implica colocar a las personas en el centro de las políticas públicas. Su planteamiento subraya que la confianza social, la prevención y el uso activo del espacio público son componentes esenciales para lograr comunidades seguras. Apostar únicamente a la fuerza coercitiva del Estado, como ella lo argumenta, es condenar a la política de seguridad a la ineficacia y a la desconfianza social. En mi propia investigación académica he coincidido con este enfoque. En el artículo Las políticas de prevención de la violencia con participación ciudadana: una mirada al panorama en América Latina desde la perspectiva de derechos humanos (Ruiz Toledo, Hernández y Figueras, 2022), sostuve que “las políticas de prevención de la violencia con participación ciudadana son más exitosas cuando se enfocan desde una perspectiva de derechos humanos, promoviendo la corresponsabilidad entre Estado y ciudadanía.” La prevención comunitaria, como señalamos en ese trabajo, solo es efectiva cuando articula simultáneamente el diseño urbano, la participación vecinal y la cultura cívica. Estos planteamientos convergen en una conclusión común: la seguridad no puede seguir reduciéndose a la patrulla y al castigo. La seguridad debe construirse con y desde la comunidad. Cuando un parque se llena de vida, de niños jugando, de actividades culturales, de deporte y de encuentros familiares, los índices de violencia disminuyen de forma más efectiva que con la presencia de una sola patrulla estacionada en la esquina. En Puebla, este enfoque es particularmente urgente. Nuestro municipio enfrenta problemáticas urbanas y sociales complejas: colonias donde los vecinos conviven con la presencia constante de antros y bares que operan sin regulación, barrios históricos deteriorados por la marginación y espacios públicos que históricamente han sido abandonados por la autoridad. En esos lugares, la gente pide paz, orden y legalidad. Pero esa paz no llegará únicamente con operativos policiales; se requiere de una estrategia integral que recupere los espacios para la ciudadanía. En este marco, el modelo de intervención comunitaria que propongo busca responder a esa necesidad. No se trata solo de intervenir físicamente las calles y los parques, sino de activar a la comunidad, promover la corresponsabilidad vecinal y fortalecer la confianza social. La seguridad es más sólida cuando los propios vecinos se reconocen entre sí, cuando sienten orgullo por su entorno y cuando perciben que sus demandas son atendidas desde un enfoque de derechos humanos. La apuesta es clara: pasar de la visión reactiva y punitiva a una política de prevención comunitaria que articule los elementos urbanos, sociales y culturales. Solo así podremos garantizar que la seguridad deje de ser un privilegio para unos cuantos y se convierta en un derecho real para todas y todos. La seguridad, en su sentido más profundo, no significa solamente la ausencia de delitos, sino la presencia viva de comunidad. Ese es el horizonte hacia el cual debemos caminar si queremos una Puebla en la que vivir sin miedo sea una realidad cotidiana.
Referencias Carrión, F. (2008). La inseguridad en la ciudad de América Latina. FLACSO. Dammert, L. (2012). Seguridad ciudadana: experiencias y desafíos en América Latina. FLACSO. Ruiz Toledo, G., Hernández, M. & Figueras, V. (2022). Las políticas de prevención de la violencia con participación ciudadana: una mirada al panorama en América Latina desde la perspectiva de derechos humanos. INEGI (2025). Encuesta Nacional de Seguridad Urbana (ENSU). |
