Panorama económico 2026 para México: cómo crecer con empleo formal y mayor competitividad

Entramos a 2026 con un hecho incómodo pero necesario: México cerró 2025 con un crecimiento muy débil, alrededor de 0.3% - 0.4% según expectativas y estimaciones publicadas por Banco de México (Banxico) y su encuesta a especialistas. Para 2026, el consenso y los organismos internacionales anticipan una recuperación moderada, lejos de un “rebote” que cambie el rumbo. Banxico mantiene un pronóstico puntual de 1.1% para 2026 y un intervalo amplio (0.4% a 1.8%) que refleja incertidumbre.

El FMI, en su World Economic Outlook de octubre de 2025, estima 1.5% para 2026 y pide ajustes fiscales para reducir presiones de deuda. El diagnóstico es claro: crecer “poquito” no alcanza para lo que México necesita. Si el país quiere avanzar con estabilidad social, finanzas sanas y oportunidades para jóvenes, el eje tiene que ser el empleo formal y la productividad. Y eso se logra con reglas claras, seguridad, trámites simples y una agenda real de competitividad.

El panorama general: crecimiento débil, inversión cautelosa y un margen fiscal estrecho

El cierre de 2025 deja dos señales que deben leerse juntas. La primera es el estancamiento: el crecimiento es bajo y la economía pierde dinamismo. La segunda es la inversión: Banxico advierte que la inversión fija (la que crea capacidad productiva) podría mantenerse débil hasta la segunda mitad de 2026, en un entorno de alta incertidumbre, incluyendo la relación comercial con Estados Unidos y la revisión del T-MEC en 2026. Cuando la inversión se frena, el resultado es simple: menos expansión, menos tecnología, menos productividad y, por tanto, menos empleo formal.

A esto se suma un dato que limita el margen de acción: la deuda y las finanzas públicas. Un reporte del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas documenta que el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP) superó los 18 billones de pesos (18.02) a septiembre de 2025. Esto no significa que el país esté “quebrado”, pero sí que el espacio para gastar sin prioridades es cada vez menor. Si el gasto no se traduce en infraestructura útil, seguridad y servicios que faciliten la inversión, entonces el país paga dos veces: con deuda y con menor crecimiento.

El México que progresa y el México que se rezaga: los estados con los indicadores más críticos

Hablar de México como un solo bloque es un error. Hay estados que se integran más rápido a cadenas globales y otros que cargan rezagos históricos. Uno de los indicadores más reveladores es la informalidad laboral: cuando la mayoría trabaja sin contrato, sin seguridad social y sin acceso a crédito productivo, la productividad se estanca y la recaudación se debilita.

INEGI reportó para el tercer trimestre de 2025 tasas de informalidad laboral particularmente altas: Oaxaca 78.5%, Chiapas 78.0% y Guerrero 76.0%. En estas entidades, el reto principal no es solo “crear empleo”, sino transformar empleo informal en empleo formal. Eso implica bajar el costo de cumplir, reducir el costo de abrir un negocio formal y aumentar el valor de estar en regla.

En competitividad, el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) muestra brechas importantes entre entidades y subraya que la competitividad se construye con instituciones, servicios públicos y condiciones para invertir. Cuando un estado tiene rezago institucional y baja calidad regulatoria, atraer inversión es más difícil y la inversión que llega suele ser menos diversificada. El resultado se ve en salarios más bajos, menor densidad empresarial formal y una migración constante de talento.

Tres frenos que no podemos normalizar: certeza jurídica, seguridad y costo regulatorio

Primero, la certeza jurídica. Cuando las reglas cambian sin claridad, o cuando hay dudas sobre la independencia judicial, la inversión se vuelve defensiva. En el sector empresarial hemos advertido que la reforma judicial ha incrementado la percepción de riesgo para la independencia de jueces y la confianza de inversionistas. La inversión productiva necesita dos cosas básicas: reglas estables y tribunales confiables. Sin eso, el capital no desaparece: simplemente se mueve a donde la regla sea más predecible.

Segundo, la seguridad y la extorsión. Hoy la inseguridad ya no es un “tema social” separado de la economía: es un costo directo de operación. Data COPARMEX reporta que 50.1% de sus socios fue víctima de algún delito en el último año. Además, COPARMEX ha documentado pérdidas para empresarios por más de 21 mil millones de pesos por extorsión en 2025. Cuando una empresa paga “derecho de piso”, paga menos nómina, invierte menos y, en casos extremos, cierra. Es decir: la extorsión destruye empleo formal.

Tercero, el costo regulatorio: el tiempo, dinero y riesgo de enfrentar trámites confusos o discrecionales. Data COPARMEX ha señalado de manera consistente que una parte relevante de empresarios enfrenta problemas en trámites gubernamentales, lo cual alimenta informalidad y reduce competitividad. El mensaje es simple: si estar en regla es lento, caro o incierto, la economía empuja a la informalidad.

Entorno laboral y fiscal: salario mínimo al alza, productividad como condición y deuda como límite

En lo laboral, México vive una “nueva cultura salarial”. El salario mínimo ha crecido y eso ha fortalecido el poder adquisitivo, pero también eleva los costos para negocios con márgenes estrechos, especialmente en estados con alta informalidad. Para 2026, la CONASAMI fijó el salario mínimo general en 315.04 pesos diarios y el de la Zona Libre de la Frontera Norte en 470.14. El punto no es debatir si el salario debe subir o no; el punto es que, si el salario sube sin productividad, la informalidad se vuelve el “ajuste” de facto.

En lo fiscal, la deuda y el déficit obligan a priorizar. Con un SHRFSP por encima de 18 billones de pesos, el país tiene que cuidar el gasto y elevar la eficiencia. Esto vuelve más urgente una reforma práctica: no se trata de “subir impuestos por subir”, sino de ampliar la base formal, simplificar el cumplimiento y cerrar espacios de discrecionalidad. Un sistema tributario más simple reduce costos y eleva la recaudación sin asfixiar a quien sí cumple.

Sector externo: T-MEC, aranceles y la competencia china en autos eléctricos

El 2026 será también un año de definiciones hacia afuera. La revisión del T-MEC está en el horizonte y Banxico reconoce que la relación comercial con Estados Unidos es un componente central de la incertidumbre. En paralelo, México aprobó aumentos arancelarios a importaciones de países sin TLC, con énfasis en Asia, medida que ha sido leída como un movimiento para proteger industria y alinearse con presiones de Estados Unidos antes de la revisión del acuerdo.

Este frente es particularmente sensible para la manufactura y el sector automotriz. La Agencia Internacional de Energía (IEA) señala que China concentra aproximadamente 70% de la producción global de autos eléctricos y alrededor de 40% de sus exportaciones; además, México ya duplicó su producción de vehículos eléctricos entre 2022 y 2024, insertándose en una cadena de valor que se está reconfigurando. Traducido a lenguaje llano: competir en 2026 exigirá elevar calidad, certidumbre y tiempos logísticos. Sin eso, el riesgo es que el nearshoring se convierta en una oportunidad a medias.

Qué hacer y qué no hacer en 2026: como agenda útil para empresas, gobiernos y sociedad

Para crecer con empleo formal, México necesita una agenda que se pueda ejecutar, medir y corregir. Lo primero que sí hay que hacer es recuperar la confianza: certeza jurídica, reglas estables y coordinación efectiva para el Estado de derecho. Una reforma debe evaluarse por su efecto real sobre la inversión y sobre la capacidad del país para generar empleos formales; si no suma, debe corregirse.

Lo segundo es enfrentar la extorsión como una emergencia económica. Esto implica pasar de “operativos” a un modelo de inteligencia, fiscalías con capacidades, y mecanismos de denuncia que no pongan en riesgo a las víctimas. También exige resultados territoriales: cuando una zona es capturada por la extorsión, se captura el mercado local completo. No es aceptable que la competitividad de una ciudad dependa de cuánto se paga por abrir o mantener un negocio.

Lo tercero es simplificar la vida del que quiere cumplir. En estados con informalidad superior a 70%, el gran error es pensar que la formalidad se construye solo con “más inspecciones”. Eso no funciona: empuja al miedo, no al cumplimiento. La formalidad crece cuando abrir un negocio, pagar impuestos, obtener licencias y registrar a trabajadores es rápido, digital, barato y predecible. En paralelo, sí se debe sancionar con firmeza al que evade de manera sistemática; pero la prioridad debe ser que el pequeño negocio tenga una ruta clara para transitar a la formalidad.

Desde la empresa, hay un cambio cultural inevitable: productividad o estancamiento. ¿Qué significa en la práctica? Invertir en capacitación, ordenar procesos, adoptar tecnología accesible (desde facturación y control de inventarios hasta ventas digitales) y construir cadenas de suministro más confiables. El salario mínimo al alza obliga a mejorar productividad por hora; de lo contrario, el negocio se vuelve frágil. Y la fragilidad termina en dos salidas: informalidad o cierre.

¿Qué no hay que hacer? Tres errores comunes: 1) cambiar reglas a mitad del camino (eso mata la inversión); 2) usar el gasto público como sustituto de inversión privada (no es sostenible con deuda creciente); y 3) normalizar la inseguridad como “costo del negocio” (empobrece al país y debilita el tejido social).

Llamado a la acción: un ‘Pacto 2026 por la Formalidad y la Competitividad’ con metas medibles

Si 2026 va a ser un año de crecimiento moderado, entonces no podemos darnos el lujo de desperdiciarlo. La pregunta no es si México puede crecer: ya lo ha hecho. La pregunta es si puede crecer de manera incluyente, con empleo formal, y sin que la inseguridad y la discrecionalidad se lleven la ganancia. Tengamos un Pacto para 2026 por la Formalidad y la Competitividad con tres compromisos que se puedan verificar públicamente:

Primero, gobiernos estatales y municipales: abrir una “ventanilla única real” para negocio formal en cada capital y corredor económico, con licencias y permisos básicos 100% digitales, tiempos máximos publicados y silencio administrativo positivo. El objetivo es que formalizarse sea más rápido que improvisar.

Segundo, seguridad económica: instalar mesas permanentes contra la extorsión con fiscalías, unidades de inteligencia financiera y sector empresarial, con indicadores mensuales de denuncias atendidas, órdenes de aprehensión y desarticulación de redes. El país debe tratar la extorsión como el impuesto ilegal que destruye empleo formal.

Tercero, empresas y cámaras: impulsar un programa masivo de productividad y formalización para mipymes en los estados con mayor informalidad (Oaxaca, Chiapas, Guerrero, entre otros), combinando capacitación, simplificación contable, acceso a financiamiento y acompañamiento para registrar trabajadores. Si formalizar cuesta menos y produce más, la formalidad crece.

Este pacto no es una idea abstracta: es una ruta de supervivencia y progreso. Con crecimiento bajo, cada punto de productividad cuenta. Con deuda elevada, cada peso de gasto debe rendir. Con inseguridad, cada negocio formal es un acto de resistencia cívica. En 2026, México necesita un acuerdo básico: reglas claras, seguridad y competitividad para que el trabajo formal vuelva a ser la norma, no la excepción. El país no se construye desde la queja, sino desde la corresponsabilidad: autoridad que cumple, empresa que invierte, sociedad que exige resultados.

Asimismo, se necesita de nuestra capacidad para organizarnos y proponer soluciones. Trabajemos unidos por ese mejor México que todos queremos. Y reforcemos el diálogo social y la colaboración para asegurar un futuro donde nadie se quede atrás.