Limpiar para proteger: el verdadero reto de la seguridad

Lo ocurrido esta semana en Puebla, con la detención de tres elementos en activo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana en un operativo coordinado a nivel federal, no puede leerse únicamente como un hecho policial. Es, sobre todo, un mensaje político: cuando el Estado decide limpiar hacia dentro, lo hace para proteger hacia afuera. Por eso no es una nota más en la agenda de seguridad.

Un mensaje incómodo, sí. Pero necesario.

Durante mucho tiempo, en México se normalizó una idea peligrosa: que la debilidad institucional era un mal inevitable, que la corrupción interna era un “costo” de la seguridad, o que señalarla implicaba debilitar a las corporaciones. Esa narrativa no solo fue errónea; fue profundamente dañina. Permitió que prácticas ilegales se incubaran al amparo del silencio, el miedo o el corporativismo mal entendido.

El operativo interinstitucional encabezado por la autoridad federal no responde únicamente a una investigación en curso. Responde a una definición política clara: la seguridad no se construye encubriendo, se construye depurando. Y eso implica mirar hacia dentro, incluso cuando hacerlo genera incomodidad institucional y costos políticos.

Porque hay que decirlo sin rodeos: no hay seguridad ciudadana sin instituciones legítimas.

La seguridad ciudadana no se reduce a la persecución del delito ni al despliegue de fuerza. Coloca en el centro a las personas, sus derechos, su vida cotidiana y la confianza que depositan —o no— en las autoridades. Y esa confianza no se decreta ni se exige: se gana con legalidad, coherencia y ética institucional sostenida en el tiempo.

Cuando un policía traiciona su función, no solo comete un delito. Rompe el pacto básico entre el Estado y la ciudadanía. Pero también traiciona a sus propios compañeros: a quienes todos los días cumplen con su deber, muchas veces en contextos de riesgo y precariedad. La corrupción interna también es una forma de violencia, y en ciertos casos, una violencia que cobra vidas desde dentro de las propias corporaciones.

Por eso es indispensable afirmarlo con claridad: limpiar las corporaciones no es traicionar a la policía; es protegerla. Proteger su misión, su dignidad y su razón de ser. Proteger, sobre todo, a las y los policías honestos que durante años han cargado con el desprestigio generado por prácticas que no eligieron, pero que sí padecieron.

El comunicado oficial difundido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana es sobrio y preciso. Habla de órdenes de aprehensión, de debido proceso y de puesta a disposición de la autoridad judicial. No hay adjetivos innecesarios ni condenas anticipadas. Y eso también es un mensaje político relevante: la legalidad no se suspende cuando el acusado porta uniforme, pero tampoco el uniforme concede inmunidad.

Desde una perspectiva de derechos humanos, este punto es central. El Estado de derecho no es selectivo. No opera solo hacia afuera; también debe aplicarse hacia adentro. La coherencia institucional es la base mínima de cualquier autoridad legítima.

Desde mi responsabilidad como regidora y presidenta de la Comisión de Seguridad y Justicia del Ayuntamiento de Puebla, he insistido en que la seguridad no puede reducirse a operativos reactivos ni a cifras coyunturales. Se construye con instituciones confiables, con controles internos efectivos y con una cultura organizacional que premie la legalidad y sancione la desviación, sin excepciones ni simulaciones.

Sería un error pensar que un operativo, por necesario que sea, resuelve el problema de fondo. La depuración es condición indispensable, pero no suficiente. La discusión estructural sigue pendiente: ¿qué falló en los mecanismos de control?, ¿qué incentivos permitieron estas conductas?, ¿cómo se protege a quienes denuncian desde dentro?, ¿qué tipo de liderazgo se está formando en las corporaciones?

Estas preguntas no buscan debilitar a las instituciones. Todo lo contrario. Solo quien aspira a fortalecerlas se atreve a cuestionarlas con seriedad.

La experiencia regional muestra algo que no deberíamos olvidar: la fuerza sin legitimidad produce miedo, no tranquilidad. La autoridad sin ética erosiona la cooperación social. Y sin cooperación, la prevención es inviable.

Por eso, cada acción de depuración debe ir acompañada de transformaciones más profundas: profesionalización real, controles internos sólidos, mecanismos seguros de denuncia y una revisión honesta de la cultura institucional. No como consigna de ocasión, sino como política pública permanente.

La seguridad no se juega únicamente en la calle. Se juega también en las decisiones internas, en lo que se permite, en lo que se calla y en lo que se sanciona. Se juega en la capacidad del Estado para decir “no” a la complicidad y “sí” a la legalidad, incluso cuando hacerlo incomoda.

Puebla necesita policías capaces, pero sobre todo instituciones íntegras y legítimas. Instituciones que no pidan confianza a ciegas, sino que la merezcan. Una estrategia de seguridad que entienda que la paz no se impone: se construye con justicia, con dignidad y con Estado de derecho.

El mensaje hoy es claro. El reto es que no sea excepcional, sino constante. Porque solo así podremos hablar, sin simulaciones, de seguridad ciudadana verdadera.