Martes 13 de Enero de 2026

Durante décadas, la política exterior mexicana fue considerada un instrumento prudente, profesional y reconocible en el ámbito internacional. Hoy, esa tradición se ha erosionado de manera evidente.

Durante los últimos siete años, y particularmente bajo la administración de Claudia Sheinbaum, la diplomacia mexicana muestra señales claras de desorientación estratégica, pérdida de coherencia y un preocupante alejamiento de los equilibrios que históricamente han guiado su actuación en el exterior.

Lo que antes fue una política basada en principios relativamente estables se manifiesta ahora como una sucesión de decisiones ambiguas, silencios selectivos y mensajes contradictorios que han debilitado la posición internacional de México.

El resultado no es neutralidad, sino incertidumbre; no es autonomía, sino vulnerabilidad y riesgo nacional.

El caso Venezuela revela ignorancia diplomática

El manejo de la crisis venezolana resulta ilustrativo. Frente al proceso electoral de agosto de 2024, ampliamente cuestionado por observadores internacionales y acompañado de denuncias documentadas de represión política, el gobierno mexicano optó por abstenerse de emitir cualquier pronunciamiento crítico contra el régimen de Nicolás Maduro.

La explicación oficial ha sido una supuesta adhesión irrestricta a la llamada Doctrina Estrada. Sin embargo, esa interpretación resulta históricamente incorrecta y revela una preocupante combinación de simplificación conceptual e ignorancia diplomática.

Genaro Estrada Félix, quien fue secretario de Relaciones Exteriores en 1930, no formuló una doctrina ideológica ni un mandato de neutralidad moral, como hoy se pretende hacer creer.

Su planteamiento consistió en una nota diplomática que sostenía que ningún gobierno requería del reconocimiento formal de otros Estados para ser soberano, y que México se limitaría a mantener o retirar a sus agentes diplomáticos según lo considerara procedente.

Era una propuesta producto de su tiempo, de una época y de un contexto marcados por golpes de Estado y cambios violentos de régimen, que obligaban a otros gobiernos a decidir si reconocían o no al nuevo régimen.

Se trataba de pragmatismo administrativo, no de una renuncia a los valores fundamentales ni de un silencio automático ante prácticas autoritarias o violaciones sistemáticas de derechos humanos.

La administración Claudia Sheinbaum ha convertido esa nota diplomática, de manera conveniente, en un principio maleable. Por un lado, se invoca para justificar la omisión frente a regímenes autoritarios y para normalizar violaciones documentadas a los derechos humanos; por otro, se abandona cuando se trata de condenar a actores políticos, procesos electorales o gobiernos que no se alinean con la ideología oficial.

Política exterior mexicana marcada por la conveniencia ideológica

En los últimos años, México ha abandonado la no intervención cuando le ha resultado conveniente. Ha emitido juicios políticos explícitos, ha concedido asilos con una carga ideológica evidente y ha tensado relaciones diplomáticas con gobiernos que no comparten la orientación del oficialismo.

La consecuencia es clara: no existe una línea doctrinaria consistente, sino una política exterior marcada por la conveniencia ideológica.

Este giro tiene costos reales. México ha dejado de ser percibido como un interlocutor confiable y como un posible mediador regional.

Hoy, tras siete años de gobiernos de Morena, se observa como un actor alineado ideológicamente e incapaz de desempeñar un papel de mediación. Esto ha contribuido a un aislamiento creciente en el ámbito internacional.

El punto más crítico de esta ideologización se refleja en la relación con Estados Unidos. La interdependencia económica entre ambos países es un hecho y el TLC, ahora T-MEC, constituye el pilar de la estabilidad económica mexicana.

En ese contexto, la cercanía discursiva y política con Cuba, Rusia, China y Venezuela no es percibida en Washington como una señal de confiabilidad. Por el contrario, introduce fricciones innecesarias y erosiona la confianza política, así como la posibilidad de establecer objetivos comunes a mediano y largo plazo.

El contrabando de combustibles y otras prácticas irregulares

Un ejemplo claro es el suministro de petróleo y combustibles mexicanos a Cuba. Estas operaciones se han realizado con opacidad y sin una discusión pública sobre sus implicaciones legales y comerciales.

La Ley Helms-Burton contempla mecanismos de litigio que podrían afectar la relación comercial con Estados Unidos, a Pemex y, en consecuencia, al propio T-MEC.

Ignorar este marco jurídico no equivale a solidaridad internacional; implica asumir riesgos que no han sido evaluados ni explicados públicamente.

A ello se suman investigaciones periodísticas y advertencias oficiales sobre el contrabando de combustibles y otras prácticas irregulares en el sector energético. Aunque muchas de estas investigaciones siguen en curso, su mera existencia contribuye a una percepción de opacidad que daña la credibilidad del Estado mexicano.

No resulta sorprendente, por tanto, que sectores del Congreso estadounidense hayan endurecido su retórica contra México.

Estas posturas no deben entenderse únicamente como declaraciones políticas, sino como señales de posibles presiones institucionales con potencial impacto económico y diplomático, particularmente en un momento en que el país enfrenta desafíos internos relevantes.

Todo esto ocurre mientras el propio Estado mexicano reconoce limitaciones estructurales en el control del territorio frente al crimen organizado.

No es soberanía, sino pragmatismo estratégico y comercial

En ese contexto, cualquier señal de alineación con gobiernos bajo sospecha internacional adquiere una dimensión adicional de riesgo.

No se trata de soberanía, sino de pragmatismo estratégico y comercial, así como de preservar la capacidad del Estado mexicano para proyectar estabilidad y legalidad.

La política exterior no es un espacio para la improvisación ni para la fidelidad ideológica a costa del interés nacional. Es una herramienta estratégica del Estado.

Cuando se distorsionan principios históricos, se minimizan los costos legales y se subordina el interés nacional al discurso interno, el resultado no es dignidad internacional, sino exposición innecesaria.

La diplomacia debería ser una de las primeras líneas de defensa del país. Hoy, por ideología, ignorancia y decisiones políticas mal pensadas, amenaza con convertirse en un factor de riesgo que México no puede permitirse.