Martes 20 de Enero de 2026 |
¿Te imaginas querer ir a algún lugar y que ninguna combi te suba? Para las personas adultas mayores y las personas con discapacidad, esto es una realidad todos los días. Y si con suerte llegamos a la tercera edad, nosotros tendremos que dejar de imaginarlo para comenzar a vivirlo. ¿Tú no utilizas el transporte público? Continúa leyendo y ya verás cómo esto también a ti, o a alguien que amas, puede llegar a afectarle. ¿Cuántas y cuántos hemos presenciado cómo un camión del transporte público deja en “visto” a una persona de la tercera edad o con discapacidad cuando intenta hacerle la parada y las unidades simplemente no se detienen? Sin temor a equivocarme, seguramente la mayoría de nosotros. No entiendo por qué esto es tan “común”, si las concesionarias están obligadas por ley a subirlas y no pueden negarles el servicio. Entonces, ¿qué es lo que realmente está pasando? ¿Quién no está haciendo cumplir las leyes y de quién es la responsabilidad? Porque no solo se trata de culpar al chofer. Tendríamos que evidenciar que muchos de ellos están sobreexplotados, presionados por los dueños de las unidades para sacar lo del diésel, la cuenta, los tiempos; enfrentan jornadas extenuantes, tráfico, asaltos, gente colgando de las entradas por el sobrecupo de las unidades… y bueno, todo eso que ya todas y todos conocemos, lo de siempre. Aunque, al parecer, las autoridades son las únicas que no saben sobre estas realidades. ¿Y si lo saben, por qué esto sigue pasando? Obvio que los choferes van a dejar esperando a las personas con discapacidad cuando estas no pagan al subir. ¡Claro que dejarán a las personas adultas mayores si pagan 50% menos del precio del pasaje! Por supuesto que manejarán como bólidos, poniendo en peligro a las y los usuarios, a otros conductores, a peatones o a cualquier cosa que se les cruce en el camino, cuando están como locos intentando cumplir con todo lo antes mencionado. Recordemos que la movilidad es un derecho. Y aunque hay números para reportar al transporte público, como el 243 11 10, no existe un seguimiento real, no hay una sanción visible y el ciclo de la impunidad se repite, haciendo de este sistema de quejas una simulación más para “intentar” arreglar un problema que, sin duda, se seguirá traduciendo también en cientos de accidentes y muertes, tanto de usuarios como de peatones y otros conductores, que pudieron haberse evitado. Porque sí, ante esto, todas y todos estamos en un grave estado de indefensión. Lo sé porque apenas hace unos días yo realicé una queja. Un chofer de la ruta 11, unidad 04, a las 9:20 a. m., que tomé en el Parque del Carmen el pasado jueves 15 (tip: memoricen estos datos, porque son justo los que les pedirán al hacer una queja, aunque no sirvan de mucho, aunque no sirvan de nada), por andar a las prisas me dejó dos cuadras y media después de mi parada, en el segundo carril, donde no deberían bajarte. Y al ver que no me animé a aventarme para ser arrollada por el autobús que venía en el otro carril, optó por apachurrarme con la puerta. Yo soy una mujer de 39 años, con todos mis reflejos y capacidades físicas al 99 % (porque ya me truena la rodilla y la reversa desde que nací). ¿Qué habría pasado si no hubiera sido yo, sino una persona adulta mayor o alguien con discapacidad? Así que, cuando entendamos que la culpa es de un sistema que permite el abuso tanto contra las y los usuarios como contra los choferes, quizá comencemos a exigir y, tal vez, las autoridades comiencen a atender estos problemas. Bueno, si es que tienen la intención real de solucionar algo en beneficio de aquellas personas a quienes dicen servir. ¿Ahora ven realmente la gravedad del problema? No basta con poner números de reporte ni discursos sobre movilidad incluyente. Mientras no haya sanciones reales y consecuencias visibles, el transporte público seguirá discriminando y poniendo vidas en riesgo. Y esa responsabilidad ya no es del chofer: es del Estado.
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