Espejismo de una reforma electoral, lo que no es, ni será

Estimado lector, le doy la bienvenida a este espacio —seguro, libre de las filias y fobias tradicionales— para compartir, analizar y debatir los más recientes acontecimientos del programa humorístico número uno de la televisión nacional: la política mexicana. Si todo sale bien, cuando termine de leer estas líneas usted tendrá más preguntas que respuestas. Ese es el objetivo.

Son pocos los temas que logran mantenerse en la agenda política y mediática durante un periodo prolongado. Es todavía más difícil en esta era de hiperconectividad, donde la oferta de estímulos es tan vasta como efímera. Vivimos tiempos de inmediatez: escándalos constantes que se consumen rápido y se olvidan aún más rápido. Sin embargo, hay un tema que se niega a desaparecer del debate público: la reforma electoral… que no es reforma y, estrictamente, tampoco es electoral. Al menos, no todavía.

Mesas de análisis y programas de debate se han engalanado con analistas, legisladores, dirigentes partidistas y uno que otro tiktoker, todos opinando sobre una iniciativa que, paradójicamente, aún no llega. La llamada reforma electoral existe, por ahora, más en el imaginario del obradorismo más puro que en los archivos legislativos. Han pasado ya dos años desde que se envió la primera propuesta para “cambiar las reglas del juego”.

Aquel 5 de febrero de 2024 llegó a la Cámara de Diputados un paquete de 20 reformas constitucionales, entre las que se encontraba la ya famosa reforma electoral. Sabiendo que no había posibilidad alguna de que se aprobara —por carecer de la mayoría calificada necesaria—, el entonces presidente dejó que esas ideas se transformaran en plataforma electoral de quien hoy ocupa la Presidencia de la República. No había que inventar nada nuevo: el menú ya estaba servido.

Estamos en 2026 y, aun así, no hay nada claro. La pregunta es inevitable: ¿por qué otros proyectos del tabasqueño favorito de Salinas Pliego avanzaron con tal prontitud? El Congreso de la Unión se convirtió en una auténtica maquinaria de reformas constitucionales aprobadas al vapor. Pero aquí la lógica fue distinta. Había que ser más cautos, más reflexivos. No podía aprobarse así como así, al menos no tal como estaba planteada.

¿La razón? La iniciativa original descansaba en tres pilares fundamentales: eliminar a los legisladores plurinominales; retirar el financiamiento público a los partidos políticos; y desaparecer al INE para dar paso a un nuevo y “mejorado” INEC.

La relevancia es evidente. Cambiar el sistema electoral implica modificar las reglas del juego: repartir un pastel más pequeño, quedarse sin financiamiento y estrenar árbitro. Todo al mismo tiempo. Suena complicado porque lo es. Requiere consensos amplios y, en el camino, implica herir muchas susceptibilidades.

Claudia Sheinbaum tuvo que adoptar la propuesta original de López Obrador y transformarla a partir de acuerdos. Para ello se creó una Comisión Presidencial, encabezada por Pablo Gómez, encargada de escuchar todas las voces. Aunque, claro está, los acuerdos verdaderamente importantes —como suele ocurrir— se cocinaron en lo oscurito.

Hoy, la idea que más simpatía genera entre la población es la eliminación de la representación proporcional: los famosos “pluris”. Sin embargo, hacerlo provocaría una sacudida profunda en el sistema político mexicano. Desde 1977, el país cuenta con mecanismos de representación para quienes no ganaron en las urnas; y desde 1983 existen 200 espacios adicionales que, en teoría, buscan dar voz a las minorías, aunque en la práctica suelen beneficiar a las mayorías.

Más de cuatro décadas de plurinominales favorecieron la apertura democrática, permitieron la representación de partidos pequeños y ayudaron a construir un Poder Legislativo que funcionara como contrapeso del Ejecutivo. Paradójicamente, esa ingeniería institucional permitió la conformación de la mayoría que hoy planea eliminarlos. Piense usted: en 2015, Morena tenía 35 diputados; 21 de ellos eran plurinominales. Hoy cuenta con 253 diputados, de los cuales 75 llegaron por esa vía. Basta decir que son quienes concentran buena parte del poder en la legislatura actual. Pero el verdadero agravio no vino de ellos, sino de sus aliados.

El Partido Verde, se convirtió en la segunda fuerza en San Lázaro, pero cedió generosamente curules a Morena para garantizarle el control de los órganos de gobierno y, de paso, le echó la mano al PAN para que conservara el segundo lugar. Por eso ahora buscan negociar, ser tomados en cuenta. Los pocos escaños que obtenían cada tres años eran, gracias a la representación proporcional, su boleto de entrada a la mesa.

El caso del PT es igual o peor. ¿Sabía usted, estimado lector, que el Partido del Trabajo nunca ha tenido un gobernador propio? Es el único de los seis partidos nacionales que jamás ha encabezado un ejecutivo estatal desde su fundación en 1990. Sus espacios plurinominales han sido, durante décadas, el soporte vital del apreciable Alberto Anaya.

Mientras los acuerdos se cierran y la iniciativa es enviada —por la presidenta, con A—, las expectativas crecen y la incertidumbre también. Jugar con la narrativa no hace daño, pero no se deje engañar: cuando la propuesta llegue, porque llegará, lo hará con la venia de los aliados. De lo contrario, la factura política se cobrará pronto, con 2027 a la vuelta de la esquina.

Recuerde usted que en política no todo es lo que parece. Tome sus reservas, espere con paciencia y, si después de leer esta columna le sobran algunos minutos, revise qué ocurrió en países como Hungría, Turquía o Venezuela tras sus reformas electorales. Quizá entonces entienda un poco mejor la preocupación de su servidor.