Nuevos filtros

Casos emblemáticos observamos en diversos estados de la República. Autoridades municipales coludidas con la delincuencia organizada; en otros, ellos mismos son cabeza de los grupos delictivos.

Puebla tendrá elecciones el próximo año; se elegirán presidencias municipales, diputaciones locales y federales y autoridades del Tribunal Superior de Justicia.

Ante ello y en medio de esta ola delincuencial que se vive, los partidos políticos y el Instituto Estatal Electoral tienen una gran responsabilidad.

Por un lado, identificar riesgos para coordinar los esfuerzos, de manera que en Puebla no se reproduzcan esos casos emblemáticos como el del municipio de Tequila; pero también, y en virtud de que la percepción generalizada es que los grupos criminales pareciera que se fortalecen en lugar de reducirse, los partidos políticos desde ahora deberán implementar acciones para determinar nuevos filtros en la selección de las personas que postularán como sus candidatos y candidatas.

Nuevos filtros que igualmente deberán diseñarse para las personas que pretendan registrarse para participar en la elección del Poder Judicial de la entidad poblana, porque esa falta de sanciones, o en muchas ocasiones el “no hacer” en el actuar de estas autoridades ante la comisión de un ilícito, ha reflejado uno de los peores males que aquejan al país y que no es posible seguir reproduciendo: la impunidad, que sin duda hace prosperar a la delincuencia.

De ahí que es un buen momento para que los partidos políticos, en la revisión de los perfiles a postular, verifiquen a cabalidad no sólo los antecedentes, el actuar y las conductas de las personas, sino también su compromiso político; porque si bien los partidos participan para ganar elecciones y ocupar espacios de poder, la realidad actual es que ya no sólo se debe pensar en ganar elecciones o no perder sus registros, sino detectar que no se les vayan colando personajes que en muchas ocasiones no han sido militantes de sus partidos políticos, pero que llegan en la coyuntura de las definiciones de candidaturas con recursos económicos suficientes, muchas veces de dudosa procedencia, que ponen en la mesa de los partidos políticos para demostrar que pueden solventar el costo de una campaña política y dejan fuera a su militancia realmente comprometida.

Seguramente en la Iniciativa de reforma electoral, muy anunciada por la Presidencia, pero aún no presentada, tienen la valiosa oportunidad de incluir el marco normativo que obligue a los partidos políticos a cuidar y a responder por los perfiles de los candidatos y candidatas que postulen, para que sean los primeros que cumplan la ley y no se conviertan en cómplices de quienes cometen delitos.

Construir nuevos filtros por parte de los partidos políticos y de las autoridades electorales para frenar todo tipo de contubernios que han dado como consecuencia esos casos emblemáticos es ahora obligado.

No repetir ese mismo patrón de abusos del poder político y público nos corresponde también a la ciudadanía al momento de elegir a las personas que asumirán los diversos cargos públicos, recordando siempre que serán quienes tendrán a su cargo: hacer cumplir la ley, otorgar gobernabilidad y frenar el quebrantamiento del Estado de derecho en nuestra entidad y en nuestro país.