Martes 17 de Febrero de 2026

Desde el inicio del período de la presidenta Claudia Sheinbaum se planteó impulsar el crecimiento económico mediante la consolidación y el estímulo a las pequeñas y medianas empresas (Pymes), a través de incentivos coordinados con la banca privada y el respaldo de la banca de desarrollo, particularmente Nacional Financiera (Nafinsa).

Sin embargo, no se ha percibido un aumento en el otorgamiento de créditos a este sector, por el contrario, el porcentaje de financiamiento disminuyó de 7% en diciembre de 2024 a 6% en diciembre de 2025, de acuerdo con datos de Moody’s.

La banca privada continúa considerando estas operaciones como de alto riesgo, por lo que, pese a los esfuerzos del Ejecutivo para establecer garantías de pago, sostener mesas de trabajo con especialistas y generar mejores condiciones, no se ha observado un avance claro.

A ello se suman factores estructurales como la corrupción, la sobrerregulación bajo la que operan muchas Pymes y la falta de seguimiento en planes estatales de crecimiento, lo que limita tanto su operación como su expansión.

Se trata de una tarea compleja que requiere respaldar la iniciativa del Ejecutivo para generar prosperidad y bienestar. En este sentido, la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, junto con acciones de dependencias locales y estatales, deberá agilizar y transparentar procesos que permitan la operación empresarial.

Paralelamente, desde el Poder Legislativo se ajustarán leyes secundarias derivadas de la reforma al Poder Judicial para garantizar certeza jurídica y evitar irregularidades que generen incertidumbre.

Las Pymes son el motor del desarrollo nacional, generan empleo para más de 27 millones de personas en México y representan alrededor del 52% de los ingresos del país. Por ello, es indispensable fortalecerlas y crear condiciones para que la banca privada reconozca a este sector como uno de los más prometedores de América Latina.