Deterioro mexicano rebasa margen de tolerancia de mecanismos ordinarios

México no llegó a este punto de un día para otro. Tampoco puede seguir fingiendo que lo que ocurre con las desapariciones es una suma de tragedias aisladas, una patología regional o un simple exceso del crimen organizado.

Lo que ya está en juego es algo más elemental y más humillante: la capacidad misma del Estado para ofrecer seguridad.

Por eso importa tanto que el Comité contra la Desaparición Forzada haya decidido activar el artículo 34 de la Convención y pedir que la situación de México sea llevada con carácter urgente a la Asamblea General de la ONU.

No es un tecnicismo. Es una forma de decir que el deterioro mexicano ya rebasó el margen de tolerancia de los mecanismos ordinarios.

La propia ONU explicó que esa remisión busca que la Asamblea considere medidas para apoyar al Estado mexicano en la prevención, investigación, sanción y erradicación de este crimen.

Eso ya implica una admisión brutal: el Estado mexicano es totalmente incapaz.

Lo más grave, sin embargo, no es que el caso haya escalado, sino la razón por la que escaló. El Comité sostuvo que existen indicios bien fundados de que en México se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.

No es una frase ornamental. Tampoco una exageración activista. Es una formulación jurídica extraordinariamente severa.

El documento habla de ataques generalizados o sistemáticos en distintos lugares y momentos del país y habla también de participación directa, complicidad, apoyo o aquiescencia de autoridades públicas de distintos niveles.

Eso importa porque rompe la defensa más útil del poder: la de presentarse como víctima colateral de una violencia puramente criminal.

Más información: Comité de la ONU advierte desapariciones como crimen de lesa humanidad; gobierno rechaza informe y colectivos respaldan diagnóstico

El problema no solo es el crimen organizado

El expediente sugiere algo bastante más oscuro. Sugiere que el problema no es sólo la fuerza del crimen organizado, sino la debilidad, la ignorancia, la corrupción y, en demasiados casos, la colusión de instituciones que debían contenerlo.  

Las cifras bastan para entender por qué esta discusión ya no admite eufemismos. El documento menciona más de 132 mil 400 personas desaparecidas y no localizadas, más de 4 mil 500 fosas clandestinas y miles de cuerpos y restos humanos recuperados.

También insiste en que persiste una impunidad casi absoluta y en que las respuestas oficiales han sido insuficientes e ineficaces.

No hace falta dramatizar más.

El país ya está suficientemente dramatizado por los hechos. En cualquier Estado que funcionara con un mínimo de seriedad, una cifra así habría provocado una sacudida institucional profunda.

En México ha provocado, demasiadas veces, administración del daño, propaganda, desvío y cálculo político.

Ésa es una de las formas más obscenas de la renuncia estatal: convertir el horror en asunto de manejo narrativo.

Aquí hay un matiz que conviene respetar porque vuelve la crítica más sólida, no más blanda.

El Comité no afirmó que exista una política federal única y deliberada, diseñada desde arriba para desaparecer personas.

De hecho, señaló expresamente que no encontró indicios bien fundados para concluir que la llamada guerra contra el narcotráfico constituya, por sí misma, una política federal orientada a cometer desapariciones forzadas.

Bien. Pero eso no exonera al poder. Lo retrata peor. Porque lo que sí aparece es un país donde la protección estatal depende demasiado del territorio, del funcionario, del grupo criminal dominante, de la fiscalía que toque y de la suerte de la familia.

No hay una sola máquina vertical. Hay algo más mexicano, por desgracia: un mosaico de omisiones, arreglos, cobardías, corrupción e intereses locales que produce el mismo resultado una y otra vez.

La gente desaparece y el Estado llega tarde, mal o nunca.

¿Qué prometió Morena cuando llegó al poder?

Morena ya no puede escudarse indefinidamente en la herencia. Sí, heredó un país roto. Sí, muchas de las bases de esta tragedia vienen de antes. Pero una cosa es recibir una ruina y otra presentarse durante años como el movimiento que venía a regenerar moralmente al país para terminar entregando un expediente internacional de esta magnitud.

Morena prometió barrer la corrupción, desmontar los pactos del viejo régimen y poner al Estado del lado de la gente.

Lo que hoy existe, en cambio, es un país en el que el problema siguió creciendo y terminó escalando a la Asamblea General bajo su mando.

No es serio fingir que nada de eso le pertenece. La responsabilidad histórica no es exclusiva, pero la responsabilidad política sí es suya en una proporción imposible de eludir.

Claudia Sheinbaum ya carga con esa factura. No porque haya originado el problema, sino porque encabeza un poder que no ha demostrado la capacidad técnica ni la firmeza política para enfrentarlo.

Un gobierno seguro de sí mismo habría reaccionado abriendo archivos, fortaleciendo búsquedas, limpiando fiscalías y protegiendo a los colectivos.

Habría entendido que frente a un señalamiento así la respuesta no puede ser susceptible, ni ideológica, ni propagandística.

Pero el sello de estos gobiernos ha sido otro. Defenderse primero. Negar después. Descalificar al crítico. Encontrar una mano enemiga. Administrar el costo. Ésa no es la conducta de un poder fuerte. Es la de un poder agotado, y a ratos moralmente vencido.

Puebla confirma el Estado Fallido

Puebla sirve para aterrizar la discusión y quitarle cualquier pretexto a quien todavía quiera pensar que esto pertenece sólo a ciertas geografías del desastre.

Entre diciembre de 2018 y mayo de 2024 el RNPDNO contabilizaba 1,048 personas desaparecidas en el estado. Y este mismo año Puebla siguió acumulando reportes.

No es una anomalía menor dentro de una historia nacional ajena. Es una versión local del mismo fracaso. Puebla confirma el Estado fallido.

Tal vez lo más indignante de todo sea que, incluso ahora, todavía se intente discutir el problema como si fuera una disputa de relato. No lo es.

El problema no es la forma en que la oposición, los organismos civiles o la ONU cuentan la historia. El problema es que hay miles de personas arrancadas de la ley, de la familia, del espacio público y, demasiadas veces, también del registro estatal de la verdad.

La desaparición forzada no sólo destruye una vida. Destruye la posibilidad de que el ciudadano crea que existe una autoridad dispuesta a defenderlo.

Ahí está el fondo del asunto. El Estado mexicano ha renunciado, frente a demasiados ciudadanos, al concepto más básico de seguridad.

Eso es lo que vuelve este tema tan grave y tan difícil de perdonar. No estamos sólo ante malos indicadores. Estamos ante una renuncia práctica del poder a proteger, buscar, esclarecer y castigar.

Más información: Carpetas de investigación no reflejan la crisis de desapariciones en México, advierten organizaciones

En un país así, la población civil no vive cobijada por el Estado, sino expuesta a él, a su incapacidad o a su corrupción.

Y cuando esa renuncia ocurre bajo un gobierno que prometió regeneración moral, la acusación política se vuelve todavía más dura. No es sólo incompetencia. Es fracaso con pretensiones de superioridad ética. Hay pocas cosas más irritantes que eso.