Jueves 14 de Mayo de 2026 |
Durante la semana que concluyó, se puso en el ojo público el adelantar y aumentar las vacaciones escolares. El debate se presenta como una medida ante el Mundial o incluso como una acción preventiva por la ola de calor. Sin embargo, ¿realmente estamos resolviendo algo o simplemente trasladando el problema a las familias, especialmente a quienes cuidan en casa? Las escuelas no son solo espacios de aprendizaje; también son una red de apoyo para millones de hogares. Cuando se anticipan las vacaciones sin una planeación integral, el impacto recae directamente en las personas cuidadoras, que en su mayoría son mujeres, quienes deben reorganizar sus jornadas laborales, buscar quién cuide a niñas y niños o incluso dejar de trabajar, afectando también las finanzas del hogar. En un país donde la economía informal y la precariedad laboral son una realidad cotidiana, esta decisión puede convertirse en una carga adicional para familias que ya viven al límite. Debemos decirlo con claridad: las políticas públicas no pueden diseñarse solo desde la lógica administrativa. Necesitan perspectiva de género, ser cualitativas y cuantitativas, con enfoque de derechos y visión comunitaria. Si se adelantan las vacaciones y no existen medidas complementarias, la decisión puede profundizar desigualdades. Además, no podemos ignorar otro factor: las violencias que ocurren en los hogares. Las escuelas suelen ser espacios donde se detectan señales de abuso, negligencia o situaciones de riesgo. Cuando las y los estudiantes dejan de asistir, se pierde un punto de contacto cotidiano con docentes y orientadores, quienes muchas veces representan la primera línea de detección. En contextos donde la violencia familiar, el maltrato infantil o la violencia de género existen y no son casos aislados, reducir el tiempo de supervisión institucional puede dejar a niñas, niños y adolescentes en una situación de mayor vulnerabilidad. No se trata de oponerse sistemáticamente a cualquier medida preventiva. Se trata de exigir que las decisiones sean integrales y transversales. La juventud no quiere soluciones improvisadas; quiere políticas públicas responsables, que consideren los efectos colaterales y que no descarguen el costo en quienes menos poder tienen para absorberlo. Adelantar las vacaciones puede parecer una medida sencilla, pero sus consecuencias son complejas. Si el objetivo es proteger, entonces debe hacerse con planificación, diálogo y una visión que priorice el bienestar colectivo. Porque la educación no se suspende por decreto: es un proceso que involucra a escuelas, familias y comunidades. Como generación, debemos participar en estos debates no solo para opinar, sino para exigir que las decisiones públicas estén a la altura de la realidad social que vivimos. |
