El derecho a disentir

La democracia no consiste en permitir que la oposición sobreviva, como una molestia tolerable mientras no amenace al poder, sino en reconocer que quienes piensan distinto tienen el mismo derecho a expresarse, organizarse, disputar el gobierno y, si convencen a suficientes ciudadanos, gobernar.

Una mayoría electoral permite conducir temporalmente el Estado, no apropiarse de la nación ni convertir al partido vencedor en su intérprete exclusivo.

Esto debería ser una obviedad, pero se ha vuelto necesario decirlo en México.

Andrés Manuel López Obrador prefirió hablar de conservadores, adversarios, hipócritas y moralmente derrotados; Claudia Sheinbaum mantiene esa distancia y, cuando le preguntaron si se reuniría con los dirigentes opositores para discutir la reforma electoral, respondió que no lo tenía pensado, que el debate podía darse en el Congreso.

Formalmente es correcto, políticamente es muy pobre, porque detrás de esas dirigencias hay millones de mexicanos que también forman parte del país. Una presidenta no se reúne con la oposición para hacerle un favor, sino porque gobierna también a quienes votaron contra ella; escuchar no obliga a ceder, pero sí a admitir que el adversario representa intereses legítimos y puede advertir errores que el círculo del poder prefiere no oír. Remitir toda diferencia a un Congreso donde la mayoría llega con decisiones acordadas cumple el procedimiento y vacía la deliberación.

El problema se agrava cuando la mayoría deja de presentarse como una ventaja electoral y empieza a tratarse como prueba de superioridad moral. Si el movimiento encarna al pueblo y sus críticos están moralmente derrotados, ya no hay ciudadanos con ideas distintas, sino buenos y malos, pueblo y antipueblo, honestos y corruptos.

Es una clasificación muy cómoda para quien gobierna, porque ya no necesita responder al argumento del otro, basta atribuirle un privilegio perdido, una intención oscura o una alianza con intereses extranjeros.

¿Cuáles son las consecuencias de concentrar el poder?

Desde esa certeza se justifica la concentración del poder. La fiscalía, el Poder Judicial, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, las autoridades electorales, el SAT y los organismos autónomos dejan de verse como límites y empiezan a tratarse como piezas que deben acompañar el proyecto político.

Cada cambio puede explicarse por separado; reunidos, sin embargo, muestran algo difícil de considerar accidental: un gobierno nacido en democracia está reduciendo los espacios desde los cuales puede ser investigado, contradicho y sustituido.

No hace falta cancelar elecciones para alterar la naturaleza de un régimen, basta con que los árbitros pierdan independencia y la oposición conserve formalmente la libertad de hablar, pero carezca de instituciones capaces de protegerla cuando hacerlo produzca consecuencias.

¿Qué pasa con la democracia en Puebla?

Puebla permite observar esa forma de gobierno. El gobernador decidió que la ciudad tendría cablebús, anunció el proyecto y colocó la primera piedra; después acomodaron las consultas y las modificaciones urbanas necesarias para hacerlo posible. No se deliberó para saber si la obra convenía, si había mejores alternativas o si el gasto estaba justificado, se pidió a la ciudad que acomodara sus normas a una decisión tomada de antemano.

Frente a las críticas, el gobernador asegura que escucha y para demostrarlo transmite un programa producido por su propio gobierno, acompañado por funcionarios que reciben reportes, solicitudes y preguntas.

Puede ser útil para quien necesita una medicina o un trámite, pero eso no es deliberar. El ciudadano aparece como solicitante y el gobernador como dispensador de soluciones, dentro de una relación vertical y conveniente para la imagen del poder; escuchar habría significado sentarse, antes de decidir, con vecinos, urbanistas, ambientalistas, transportistas y propietarios capaces de cuestionar la obra, aceptar que sus razones podían modificarla e incluso admitir que quizá no debía realizarse.

Quien controla el medio, escoge la conversación y conserva intacta la decisión puede atender muchas peticiones sin escuchar realmente a nadie.

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Esa es una de las confusiones centrales del populismo: sustituir al ciudadano por el beneficiario. Al primero hay que darle razones, reconocerle derechos y aceptar que puede organizarse para derrotar al gobierno; al segundo se le entrega un apoyo, se le resuelve una gestión y se espera gratitud.

El ciudadano libre incomoda porque no pide permiso, exige límites, pregunta por el dinero público y puede concluir que quienes gobiernan deben irse; el beneficiario, en cambio, queda integrado a una relación personal con el poder, donde los derechos empiezan a parecerse demasiado a favores.

Disentir no es obstaculizar al gobierno ni traicionar al país, es afirmar que el poder puede equivocarse, que ninguna mayoría posee toda la verdad y que México no pertenece a una presidenta, a un partido ni a un movimiento. Incluso una oposición mediocre, fragmentada o incapaz de ofrecer por ahora una alternativa convincente conserva intacto su derecho a competir, porque las libertades políticas no dependen de la calidad de quien las ejerce ni del juicio moral de quien gobierna.

El gobierno debe aceptar que México también pertenece a quienes no pensamos como él, no como un gesto de generosidad ni como una invitación sentimental a la reconciliación, sino como la condición elemental de la vida democrática.

La oposición no necesita permiso para sobrevivir; tiene derecho a disentir, organizarse, disputar el poder y gobernar. Cuando ese derecho deja de reconocerse, las elecciones pueden continuar, los congresos seguir abiertos y los gobernadores transmitir programas donde aseguran escuchar a todos, pero la convivencia habrá sido sustituida por algo mucho más pobre: la obediencia.