Vecinas, vecinos, para quien no lo quiera creer, el proceso electoral 2020-2021 ya empezó en los hechos y los que todavía no alzan la mano, no tardan…

Imagínense que en el PRI no se andan con rodeos y más allá de la pandemia, programaron una elección abierta para elegir a 320 consejeros estatales, órgano que sin duda tomará un rol particularmente especial de cara a la contienda intermedia del próximo año. Hay prisa en el tricolor porque, entre más tiempo ganen, creen que puedan obtener mejores resultados.

Aunque pareciera que no, este órgano tricolor sí será vital en las definiciones. Incluso en los últimos años del priismo en el poder político poblano, el Consejo Político Estatal se usó para marginar la postulación de Enrique Doger Guerrero y favorecer, en contrasentido, a Javier López Zavala.

Así que el proceso de selección de consejeros estatales no es un asunto menor.

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Otros que se juegan todo o nada son los regidores del ayuntamiento de Tehuacán, ahora que recurrieron al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al que le piden invalide las acciones que realiza la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso local, en el proceso de disolución del Cabildo.

Y es que los representantes municipales creen que la instancia presidida por Vianey García Romero ejecuta una acción irregular, toda vez que ya hay un gobierno en pleno, después de que se tomó protesta al alcalde suplente, Artemio Caballero López.

Ya veremos si los Magistrados federales dan la razón a los regidores o los dejan en manos de los diputados locales.

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Al cumplirse el primer año de gobierno de Miguel Barbosa Huerta -en función de días naturales, no del período legal-, como en toda la actividad pública, hay un amplio abanico de grises, más allá del blanco y negro que siempre desean exacerbar tanto los seguidores del mandatario, empezando por actores políticos de Morena, como su oposición, dígase el PAN y organizaciones como el CCE y Coparmex.

Hay que destacar como aciertos, la reforma electoral que si bien resultó ampliamente criticada, hay que decirlo, puso fin a la dinámica que los grupos en el poder utilizaron para favorecer a los suyos en una contienda. Recordemos que Mario Marín usó al transporte público para beneficiar a Javier López Zavala, aunque no le sirvió de nada; Rafael Moreno Valle hizo lo mismo a favor de Antonio Gali para humillar en la elección del 2013 a Enrique Agüera Ibáñez y lo repitió en 2016 contra Blanca Alcalá y en 2018 contra el propio Barbosa.

Y a esa reforma hay que agregar que no solo es el uso indiscriminado de propaganda en transporte sino también en espectaculares.

También se agradece combate a la corrupción, como el caso de los uniformes escolares, que derivó en la detención de un exfuncionario, las notarías y los títulos irregulares del IEDEP, en ambos temas, beneficios personalísimos del morenovallismo.

Ahora, en esos matices grises, hay que reconocer como un déficit la transparencia, que sigue como materia pendiente, y el ejemplo es el gasto en acciones Covid; sí, ya hay un sitio, falta mayor documentación. Y los feminicidios, un asunto social altamente complejo, multifactorial, y que requiere de mayor atención del gobierno. Sobre esto último, a diferencia del morenovallismo, ahora se reconocen los casos y prometen no dejarlos impunes.

Vecinas, vecinos, nos leemos mañana.