La Vecindad

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La Vecindad


Diciembre 22, 2020

Vecinas, vecinos, ahora sí se van a poner las denuncias y jaloneos internos en Morena al rojo vivo, con la llegada de Eloísa Vivanco Esquide como integrante de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena, que no es cualquier cosa, si consideramos que tiro por viaje hay pleitos en ese partido.

¿Y eso, qué tiene de relevante? Nada, que ella es madre de la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco, que en los últimos meses ha llevado, o sus allegados, casos a la referida instancia, para que sancionen a sus detractores, empezando con el gobernador, Miguel Barbosa Huerta, y siguiendo con los diputados locales, como los miembros de la Comisión Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.

Claro, habrá que ver cuánta influencia y poder ejerce la madre de la alcaldesa, lo que no garantiza que en automático vengan castigos contra los barbosistas; sin embargo, la lectura obligada es que, son movimientos de cara a las elecciones que deben observarse.

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Que ahora la Auditoría Superior del Estado definió nuevos objetivos al anunciar, vía redes sociales, que comenzó el procedimiento de revisión del gasto de la Secretaría de Seguridad Pública, de Salud y de Ciudad Modelo, que comprenden ejercicios de 2017, 2018 y en un caso, de 2019.

De estos hay que destacar, primero, el correspondiente a Seguridad ahora que su extitular, Jesús Morales Rodríguez planeaba volver a tierra poblana para postularse por una diputación local, con el respaldo de su amigo el exgobernador, Antonio Gali Fayad -ya sea por el PAN o por el PRD-.

Sin embargo, con esa auditoría, se envía un claro mensaje de advertencia sobre su probable activismo político.

Y en el caso de David Rosas Armijo, quien fungió como titular de Ciudad Modelo, no hay que olvidar que era uno de los personajes más cercanos a la malograda gobernadora, Martha Erika Alonso.

Ahora sí viene una temporada sombría para esos personajes.

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Ayer entró en funcionamiento la “Ley Seca”, una vez que se publicó el decreto del gobierno de Miguel Barbosa Huerta en el que se prohíbe la venta de bebidas alcohólicas. Lo curioso es que ni comerciantes ni ciudadanos contribuyen a la lucha para contener el Covid-19 y los primeros mantienen sus ventas ahora de forma clandestina, y los segundos abarrotan negocios como si no hubiera mañana.

Por lo pronto Protección Civil ya comenzó las clausuras, porque parece que no entienden de otra forma.

 

Vecinas, vecinos, nos leemos mañana.

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