Vecinas, vecinos, cuentan que Mario Marín Torres ganó una primera batalla en su lucha por salir impune, perdón, por salir de la prisión en donde enfrenta un proceso penal por incurrir en el delito de tortura en agravio de la escritora, Lydia Cacho Ribeiro, por los hechos del 2005. Un juzgado federal le concedió una suspensión definitiva contra el auto de formal prisión y ahora sí, vaya que se desataron los demonios del edén...

Como las leyes a veces no se consideran en su literalidad sino a interpretación, dicen que no significa necesariamente que el ex gobernador de Puebla vaya a quedar en libertad de manera inmediata, pero más de uno cree que es la misma ruta que en su momento utilizó Kamel Nacif Borge desde el exilio.

Hay que esperar porque en las siguientes 72 horas se conocerán más detalles, además de que su audiencia estaba prevista para el 18 de marzo. Como sea, dicen, su eventual liberación representaría un golpe para los derechos humanos no solo de Lydia Cacho sino de muchos activistas y periodistas en el país. Atentos.

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Ya que la presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Nora Merino Escamilla, insiste en denunciar las pintas tras las movilizaciones del 8 de marzo, no estaría nada mal que explicara porque esa misma vehemencia no se observó durante la comparecencia del titular de la Fiscalía General del Estado, por los malos resultados en cuanto a investigaciones de feminicidios y desapariciones de mujeres.

La lideresa de la LX Legislatura se preocupa más por lo material que por las personas y, particularmente las mujeres que en diciembre de 2021 tomaron pacíficamente la sede del Congreso en espera de sensibilizar a los diputados. Eso es lo malo de reaccionar por intereses políticos más que por las demandas sociales.

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Vamos a ver si ahora sí se cumple el plan del Instituto Mexicano del Seguro Social de demoler el antiguo Hospital de San Alejandro para edificar en el mismo predio uno nuevo, porque del sismo ya vamos para cuatro años y nada más no hay nada en concreto, de lo que parte de responsabilidad recae a la administración de Zoé Robledo.

En los últimos años del peñanietismo de plano se olvidaron tras el intento fallido de utilizar el cascarón de CIMA en la Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl y ahora, hay una nueva opción que urge a los poblanos se concrete.

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Si hay un panista que no puede salir a denunciar irregularidades es Inés Saturnino López Ponce, después de que todo mundo supo del trato denigrante que otorgó a regidoras durante su desempeño como presidente municipal de Tecamachalco. A decir verdad, de la decisión de la dirigencia panista en la designación de candidaturas, dejarlo fuera fue de las pocas atinadas.

Vecinas, vecinos, nos leemos mañana.