Necesita una cuantiosa cantidad de recursos financieros para poder solventar los honorarios de los despachos de abogados que contrató
¡Vecinas, vecinos!
Si algo nos ha quedado claro con el caso de Miguel Ángel Mantilla Martínez, el exregidor panista que es un ferviente soldado del siempre mencionado Yunquederechista, que hasta hace unos meses tenía bajo su mando el gobierno capitalino, es que hay quienes creen que el machismo, la homofobia y la violencia son valores tradicionales que hay que defender con puño de hierro.
O al menos, con golpes en la mesa.
Mal, muy mal.
Resulta que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación finalmente decidió lo obvio:
Inscribir a Mantilla en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
Un padrón que, con el ritmo que llevamos, podría convertirse en una agenda VIP de ciertos políticos “comprometidos con los valores de la familia”. La historia es simple: en noviembre de 2023, en plena sesión de Cabildo, la exregidora de Morena, Elisa Molina Rivera, se atrevió a cuestionar la brillante gestión del entonces alcalde Eduardo Rivera Pérez. La respuesta de Mantilla fue un derroche de diplomacia: insultos homofóbicos, agresiones verbales y un escándalo que reventó en redes sociales con su ya clásico:
"¡Pinche jo..!", dirigido a Jaime Carcaño, asistente de Molina.
Miren ustedes que el tribunal estatal ya lo había amonestado en diciembre, pero al parecer, la primera llamada de atención le supo a poco. Ahora, además del registro en la lista de violentadores, le toca pedir disculpas y comprometerse a “no repetir”, porque, evidentemente, la homofobia y el machismo desaparecen con una firma y unas palabras vacías.
Mal, muy pero muy mal.
Pero bueno, seguramente Mantilla ya estará preparando su disculpa pública con el entusiasmo de un niño castigado que tiene que escribir cien veces “no debo ser homofóbico” en el pizarrón. Y después de eso, todos felices, porque la violencia política de género y la discriminación se resuelven con buenas intenciones…
¿O no? * Dicen las malas lenguas que la actual titular de la Secretaría de Desarrollo Rural (SDR) del estado de Puebla se pasa por el arco del triunfo las órdenes de su jefe con tal de seguir jalando agua para su molino. Y es que es bien sabido que Ana Laura Altamirano Pérez necesita una cuantiosa cantidad de recursos financieros para poder solventar los honorarios de los despachos de abogados que contrató para librar las demandas y denuncias por peculado de la Auditoria Superior de la Federación (ASF) que pudieran ascender los 350 millones de pesos. 
Ante su desesperación no le importa desacatar las órdenes del gobernador Alejandro Armenta, por lo que se le va la vida en preparar empresas y programas para su beneficio, tan es así que ha estado enviando a sus operadores a distintas reuniones en nombre de ella, de la SDR y del gobierno del estado. Entre la estructura paralela con la que opera por debajo del agua, se encuentra Belisario Domínguez Méndez, su particular Oswaldo Salas, Julio Rossete, Juana Jaquelines y Roberto Ruiz Silva, todos ellos sus brazos derechos desde hace ya tiempo. No hay que olvidar que la exfuncionaria de Sagarpa, cuando fue directora de Apoyos para la Producción Agrícola y operadora del programa responsable del Programa PIMAF, fue fuertemente cuestionada en la asignación de apoyos y de proveedores que no cumplían con los requisitos, tales como Agrícola Alternare de Chiapas SA de CV, Sierra Sureña SA de CV, Agrícola El Tecuán SA de CV y Farmacia Veterinaria Amatepec. En su haber existe una enorme cantidad de denuncias sociales, campesinos y líderes agrarios del sureste que han sido evidenciados en distintos medios de comunicación, acusando la enorme corrupción con la que operó el programa en 2014 y 2015. Hasta hoy en día arrastra una auditoría de la cuenta pública del año 2014, con un total de cuatro Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria, 5 multas, 11 Pliegos de Observaciones y un aviso resarcitorio por el quebranto de la cuenta pública 2014 del programa PIMAF por un monto superior a los 65 millones de pesos, acciones aún reservadas por la ASF. 
A Ana Laura Altamirano se le imputan hechos graves de peculado a su paso por Sagarpa, así como dos averiguaciones en curso, la del 2014 con 3 tomos, la de 65 millones por desfalco que ya mencionamos, y en los años posteriores por 29 tomos, entre los que se observan 11 millones. En su intento de salir del atolladero en el que se metió por malos manejos podría llevarse entre las patas a la Secretaría de Desarrollo Rural y con ello la reputación del actual gobierno.
¡Así que: mucho ojo! * Vecinas, vecinos, nos leemos mañana.
Acuérdense que el que se enoja pierde.
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