Miércoles 26 de Agosto de 2026 |
¡Epa, vecinas y vecinos!
Miren ustedes que en Puebla hay una nueva disciplina olímpica: litigar en rueda de prensa. Y es que todavía no termina de llegar una denuncia a la Fiscalía y ya tenemos quien nos explique cómo va a terminar. Ahora resulta que el abogado Julio Santos Lozano presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado contra las diputadas morenistas Nayeli Salvatori y Graciela Palomares, además de Nadia de la Rosa e Hilda Salvatori, por presunta discriminación y violencia de género.
Hasta ahí, corresponde a la autoridad investigar. Pero entonces apareció el diputado federal Alejandro Carvajal, abogado de profesión y, al parecer, también oráculo procesal, para avisarnos que no habrá cárcel.
Así, sin anestesia. No habrá cárcel. La investigación todavía está por comenzar, pero ya tenemos el final de temporada.
¡Qué eficiencia!
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Uno supondría que una denuncia se presenta, la Fiscalía analiza los hechos, integra una carpeta, determina si existen elementos y, eventualmente, un juez decide lo que corresponda.
¡Pero no! Aquí ya tenemos sentencia política, diagnóstico jurídico y spoiler incluido.
Salvatori y Palomares: ni culpables ni inocentes“No hay cárcel”, dijo Alejandro Carvajal. Y uno piensa: pues qué tranquilidad. Para todos.
Especialmente para las diputadas, porque imagínese el susto de enterarse por los medios de que alguien las denunció y, cinco minutos después, descubrir que un compañero de partido ya determinó que la cosa no va a pasar a mayores. Aunque hay un pequeño detalle, y es que el hecho de que la denuncia exista no significa que las diputadas sean culpables, pero tampoco significa que sean inocentes porque un diputado diga que la denuncia “se desechará”. Eso lo tendrá que determinar la autoridad competente.
Y aquí es donde la cosa se pone sabrosa, porque las expresiones que detonaron todo este asunto fueron públicas. Se hicieron en un podcast, circularon en redes sociales, provocaron críticas, disculpas, suspensión temporal de derechos partidistas y hasta el anuncio de que una de las diputadas dejaría momentáneamente las redes; es decir, el asunto no es precisamente un secreto de Estado.
Ahora hay una denuncia. Pues que se investigue. Si no hay delito, que se diga. Si lo hay, que se actúe. Así funciona —o debería funcionar— un Estado de derecho.
Lo que resulta curioso es la velocidad con la que algunos personajes políticos quieren convertirse en Fiscalía, Ministerio Público, juez y tribunal de apelación, todo en una sola conferencia. Además, ¿qué necesidad tiene Morena de defenderse de una investigación que todavía ni siquiera concluye? Porque una cosa es respaldar a sus militantes, otra es anticipar que la autoridad va a desechar una denuncia, y otra todavía más complicada es mandar el mensaje de que determinadas figuras políticas tienen una especie de blindaje automático.
Eso sí sería preocupante.
Sobre todo porque Morena ya tomó una decisión interna bastante clara: suspendió temporalmente los derechos partidistas de Nayeli Salvatori y Graciela Palomares por sus expresiones.
Entonces resulta curioso que el partido diga: “Esto amerita medidas”.
Y un diputado del mismo movimiento diga: “Pero judicialmente no pasa nada”.
Pues bueno. ¿En qué quedamos?
Porque si las expresiones fueron suficientemente graves para que el partido interviniera, por lo menos habría que dejar que las autoridades revisen si también tienen alguna consecuencia jurídica.
Sin anticipar. Sin minimizar. Sin convertir el asunto en una guerra de declaraciones.
Y tampoco hay que olvidar a las personas adultas mayores, porque entre abogados, diputados, dirigentes, partidos y conferencias de prensa, parece que se nos está olvidando que sí hubo expresiones que muchas personas consideraron ofensivas y discriminatorias. Y eso merece una discusión seria, no una competencia de quién dice primero que no pasará nada. Por lo pronto, Julio Santos ya presentó la denuncia, la Fiscalía tendrá que hacer su trabajo y las diputadas, si consideran que no cometieron ningún delito, tendrán todo el derecho de defenderse. Pero quizá lo más saludable sería dejar que cada quien haga lo que le corresponde.
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La Fiscalía, investigar. Las diputadas, responder. Los abogados, litigar. Y los políticos dejar de dictar sentencias antes de que empiece el juicio. Porque si algo nos faltaba en este episodio era precisamente una denuncia que todavía no se investiga, pero que ya tiene sentencia.
Puebla, siempre un paso adelante del debido proceso. * Vecinas, vecinos, nos leemos el lunes.
Acuérdense que el que se enoja pierde.
Les dejo mi correo por si quieren chismear más a gusto: lavecindad@elpopular. |
