La Comisión de Justicia del Partido Acción Nacional (PAN) incumplió una sentencia del Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) al no resolver con perspectiva de género la denuncia presentada por la exdiputada Guadalupe Leal Rodríguez contra Manolo Herrera Rojas, por presunta violencia política de género. El 28 de agosto, el tribunal declaró parcialmente fundados los agravios de la panista, por lo cual revocó la resolución dictada el 29 de junio por la Comisión de Justicia Nacional y le ordenó dictar otra en un plazo no mayor a 10 días hábiles. Te puede interesar: TEEP favorece a Guadalupe Leal en caso contra Manolo Herrera por violencia política El TEEP también ordenó a la instancia partidista dar inicio al procedimiento de violencia política contra las mujeres en razón de género de forma inmediata, respecto de los hechos denunciados por Leal Rodríguez. ![]() Presunta violencia se cometió en la contienda del PANLa presunta violencia se cometió el 16 de noviembre de 2025 durante el registro de planillas para la renovación de la presidencia del Comité Directivo Municipal (CDM) del PAN en Puebla capital, cuando el entonces candidato a secretario general, Manolo Herrera, emitió ante los medios y simpatizantes una declaración dirigida contra la planilla contendiente, en la que Guadalupe Leal participaba.
Por esta declaración, el 2 de diciembre de 2025 la militante presentó una queja ante la Comisión de Justicia; el caso llegó al TEEP el 26 de marzo de 2026. El 12 de junio de 2026, el tribunal ordenó a la comisión iniciar de inmediato el procedimiento de violencia política de género. El 29 de junio, la instancia panista resolvió nuevamente el recurso de queja presentado por Leal Rodríguez, en el que determinó que acreditar la existencia de la palabra “chingar” no significaba, por sí mismo, que Herrera Rojas hubiera cometido una infracción. Posteriormente, el 28 de agosto, el TEEP determinó que la comisión incumplió lo ordenado, ya que debía iniciar el procedimiento por oficio cuando de alguna denuncia se adviertan hechos que puedan constituir violencia política contra las mujeres en razón de género, o en su caso, dar vista a la autoridad competente.
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