De acuerdo con un informe de la organización Socorro Jurídico Humanitario, al menos 500 personas han muerto en los centros penitenciarios de El Salvador desde la instauración del régimen de excepción decretado por el presidente Nayib Bukele hace cuatro años. El reporte señala que el 90 por ciento de las víctimas mortales no tenían perfil de pertenecer a las pandillas, lo que ha supuesto duros cuestionamientos hacia uno de los principales argumentos del gobierno para sostener su política de detenciones masivas en todo el país. La organización advierte que la cifra podría ser considerablemente mayor y alcanzar hasta los 2 mil fallecidos en condiciones similares, en un contexto de constantes denuncias de violaciones a los derechos humanos en el sistema carcelario. El régimen de excepción de Bukele, vigente desde 2022 para el combate a las pandillas, ha permitido la detención de decenas de miles de personas sin los procedimientos ordinarios. Numerosos organismos internacionales han identificado patrones de abuso, falta de atención médica y condiciones de reclusión que agravan la situación de los internos. Recientemente una comisión de expertos de la Organización de las Naciones Unidas acusó este mes al gobierno de Nayib Bukele de posibles crímenes de lesa humanidad. Dicho reportaje recoge testimonios de familiares que denuncian irregularidades en las muertes bajo custodia estatal. Entre ellos, el caso de una mujer cuyo hijo, detenido en 2022, falleció en prisión con signos de tortura. Los señalamientos se suman a una creciente preocupación internacional sobre el grave impacto humanitario de la política de seguridad adoptada por el gobierno de El Salvador. Por su parte, el propio Nayib Bukele siempre ha rechazado las acusaciones de los organismos de derechos humanos en contra de la gestión de su gobierno en materia de seguridad nacional. |