La publicación de la Estrategia Nacional Antidrogas 2026 en Estados Unidos reavivó la tensión bilateral con México, luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre posibles ataques contra cárteles del narcotráfico en territorio mexicano, a los que su gobierno considera organizaciones terroristas. Durante un evento por el Día de las Madres, el líder del país vecino aseguró que su estrategia de ataques a embarcaciones presuntamente vinculadas al narcotráfico en el Caribe ha logrado reducir en un 97 por ciento el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. Te puede interesar: FGR analiza solicitudes de extradición enviadas por EU; Sheinbaum rechaza intromisión En ese mismo mensaje, sostuvo que ya comenzó una “ofensiva terrestre” y lanzó una advertencia directa: “si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, en referencia a México y otros países.
Estas declaraciones se producen en un contexto de fricción diplomática entre ambas naciones, en especial tras la denuncia sobre la presunta participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el desmantelamiento de un narcolaboratorio en la sierra de Chihuahua. De acuerdo con lo reportado, dichos agentes habrían fallecido posteriormente en un accidente automovilístico junto con Pedro Oseguera Cervantes, titular de la Agencia Estatal de Investigación, sin que su presencia fuera notificada al Gobierno de México, como establece la Ley de Seguridad Nacional. Sheinbaum Pardo ha señalado en sus conferencias matutinas que Trump continúa insistiendo en la participación del Ejército de Estados Unidos en operativos terrestres contra el narcotráfico en México, una propuesta que no ha sido aceptada. También puedes leer: Estados Unidos destaca cooperación con México en combate al narcotráfico La relación bilateral también enfrenta tensiones por el caso del gobernador Rubén Rocha Moya y otras nueve personas, tras señalamientos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, situación que el gobierno mexicano considera delicada debido a la presunta violación de acuerdos de confidencialidad. La presidenta ha exigido que cualquier acusación sea respaldada con “pruebas contundentes e irrefutables” presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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