El presidente Donald Trump firmó el 19 de mayo de 2026 una orden ejecutiva titulada “Restaurando la integridad al sistema financiero de Estados Unidos”. El documento establece nuevas obligaciones de vigilancia para bancos y entidades financieras, con posibles efectos directos sobre el flujo de remesas hacia México. Aunque la orden no menciona de forma explícita las remesas, sus disposiciones se enfocan en el dinero que millones de migrantes mexicanos envían cada mes a sus familias. El Departamento del Tesoro deberá emitir en los próximos 60 días un aviso formal a las instituciones financieras sobre riesgos asociados con transferencias transfronterizas de bajo monto, uso de plataformas de pago entre particulares, y prácticas de estructuración en depósitos o retiros repetitivos. La medida también instruye reforzar los programas de identificación de clientes, incluyendo la posibilidad de solicitar información sobre el estatus migratorio de los cuentahabientes cuando existan indicadores de riesgo. Te puede interesar: Trump amenaza con ataques terrestres contra cárteles en México México ocupa el tercer lugar mundial como receptor de remesas. En 2025, el Banco de México registró ingresos superiores a 64 mil millones de dólares, la mayoría provenientes de Estados Unidos. La orden no prohíbe los envíos, pero abre la puerta a que los bancos incrementen la vigilancia, soliciten documentación adicional o incluso rechacen transacciones de migrantes sin estatus legal regular. 
Uno de los puntos más sensibles es la referencia al ITIN (Número de Identificación Fiscal Individual), utilizado por miles de migrantes indocumentados para abrir cuentas y realizar transferencias internacionales. El documento señala que su uso puede considerarse un factor de riesgo, lo que implicaría mayores obstáculos para quienes dependen de este número. Los reguladores financieros federales —incluyendo la Reserva Federal y la FDIC— deberán emitir en los próximos dos meses guías específicas sobre cómo gestionar los riesgos crediticios asociados a la población migrante sin autorización de trabajo, lo que podría endurecer también el acceso a créditos hipotecarios y préstamos para migrantes mexicanos en Estados Unidos.
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