Redacción EL ESTABLECIMIENTO de denuncias por parte de las víctimas, la expulsión para alumnos agresores, y la aplicación de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para los maestros que permitan o fomenten la violencia en las escuelas, forman parte de los puntos de la reforma a la Ley de Seguridad Integral Escolar de Puebla que aprobó el Congreso de Puebla en septiembre del año pasado. Para evitar el llamado bullying, la reforma a la ley aprobada propone establecer programas permanentes de formación e información en materia de convivencia armónica en familia y sociedad; prevención de violencia intrafamiliar, social y escolar; así como la creación de un Manual de Convivencia Escolar por parte de la Secretaría de Educación Pública (SEP). El nuevo articulado aprobado en la sesión extraordinaria del Congreso prohíbe la violencia, el hostigamiento y acoso escolar en el sistema educativo del estado y obliga a las instituciones educativas a garantizar el respeto entre sus estudiantes. La reforma a la ley de Seguridad Integral Escolar de Puebla plantea que los alumnos que inciten a la violencia o la ejecuten serán merecedores de la cancelación de su matrícula académica, y la SEP buscará que se reubique al alumno en otro plantel del municipio o en municipios cercanos. Asimismo pide que denuncien los casos de acoso escolar, aunque no sean víctimas de ellos.
